Funcionarios tienen el deber de denunciar

Un análisis de la legislación panameña señala la responsabilidad que tiene el servidor público de presentar denuncias cuando conoce de la comisión de un delito o alguna anomalía. De igual forma, establece que este no debe esperar informes de auditoría para defender la legalidad o el patrimonio nacional. VEA 4A

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No denunciar un posible delito puede acarrear la sanción del funcionario que conoció del asunto. No denunciar un posible delito puede acarrear la sanción del funcionario que conoció del asunto.
No denunciar un posible delito puede acarrear la sanción del funcionario que conoció del asunto. Archivo

Un análisis de la legislación panameña señala la responsabilidad que tiene el servidor público de presentar denuncias cuando conoce de la comisión de un delito o alguna anomalía. De igual forma, establece que este no debe esperar informes de auditoría para defender la legalidad o el patrimonio nacional.

Funcionarios están obligados a denunciar

Según el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas”.

Es claro al tenor de este mandato constitucional, que las obligaciones impuestas a los servidores públicos incluyen la defensa de la legalidad, así como también la defensa del patrimonio del Estado.

El jurista Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, señala: “…La denuncia, que es en general facultativa, puede adquirir carácter de obligatoria, ya que los funcionarios y empleados públicos y, a veces, los profesionales que no denuncian los delitos de que tuvieren conocimiento en ejercicio de sus cargos, están sujetos a sanción…”.

Esta visión es recogida por nuestro Código Judicial, el cual en su artículo 1996 hace obligatorio a todos los servidores públicos el mandato de denunciar todas las conductas presuntamente delictivas que sean de su conocimiento, y que pueden ser perseguidas de oficio por las autoridades respectivas. En otras palabras, una de las obligaciones consustanciales con el ejercicio del servicio público es denunciar aquellos ilícitos o conductas supuestamente ilícitas, por quien ejerza un cargo público y pueda conocer o sospechar con fundamento que han ocurrido, o que continúan ocurriendo dentro del ámbito de su función pública.

Esta característica del derecho panameño, es reiterada por el artículo 83 del Código Procesal Penal que dice: “Tienen obligación de denunciar acerca de los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estas, lleguen a su conocimiento:1. Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en ejercicio de sus funciones. 2...3...4. Las personas que por disposición de la ley o de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de los delitos cometidos en perjuicio de esta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho por el ejercicio de sus funciones”.

De lo anterior se infiere que los funcionarios, y aquellas personas que administren o controlen algún tipo de bien o servicio estatal, o que en alguna forma manejen el patrimonio del Estado, están obligados a denunciar los delitos que sean de su conocimiento, por el tipo de funciones que ejercen.

Dos ejemplos servirán para precisar mejor esta noción. En el primer caso, el encargado del almacén o inventario de una oficina pública se percata de que el depósito donde se guardaban bienes de uso estatal se encuentra vacío. El funcionario no necesita saber quién lo sustrajo, ni tampoco debe esperar una auditoría de la Contraloría para efectuar la denuncia, ya que es suficiente con el hecho constatado para interponerla.

Un segundo caso sería el de un ejecutivo de una empresa concesionaria de un servicio tercerizado del Estado, como puede ser la emisión de licencias de conducir, la recolección de la basura, o el suministro de comidas para una cárcel. En cualquiera de esas situaciones, el personal de esas empresas se asimila a un servidor público para efectos de denunciar cualquier hecho ilícito que conozca en razón del servicio que presta.

Vale la pena destacar que el Código Penal, en su artículo 356, establece la omisión de los deberes legalmente establecidos para los funcionarios como un delito sancionable con pena de prisión. Como es sabido, esto también ameritaría la destitución o separación del cargo del funcionario en cuestión.

En conclusión, existe una obligación sustantiva de denunciar los actos de corrupción que se hayan dado en las distintas instituciones públicas, y para lo cual solo basta el sentido común y la debida diligencia de “un buen padre de familia” para con el patrimonio del Estado.

Ser un funcionario implica precisamente la defensa de la legalidad, y por tanto obliga a buscar los bienes, caudales y dineros que hayan podido ser sustraídos del tesoro público. Esa obligación de recuperar lo que pertenece al Estado, se convierte en la obligación de denunciar todas las actuaciones que razonablemente se pueden interpretar como ilícitas.

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