SISTEMA PENAL ACUSATORIO SÍ APLICA A ALTOS FUNCIONARIOS

Garantías para unos pocos

Diputados, magistrados, ministros, entre otros servidores con mando y jurisdicción nacional, se benefician del modelo a pesar de su postergación.

Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, con el consentimiento del Ejecutivo, aprobaron la semana pasada la Ley 8 de 2013 que aplaza por dos años la vigencia progresiva del sistema penal acusatorio en Chiriquí , Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién y las comarcas Gunayala y Ngäbe Buglé, entre otras razones “por ser muy garantista”.

Sin embargo, se aseguraron de poder usar a su favor, en caso de verse implicados en procesos penales, esas mismas garantías que negaron al resto de la población.

Así lo advirtieron juristas consultados sobre el tema, que coincidieron en que la postergación del modelo acusatorio solo afectará a los ciudadanos comunes que residen en las regiones mencionadas, que ahora no podrán invocar la aplicación de las garantías en caso de necesitarlas.

Armando Fuentes, exfiscal y catedrático, explicó que la Ley 8 postergó por segunda vez la implementación del sistema penal acusatorio al modificar los artículos 555, 556 y 557 de la Ley 63 de 2008 [del Código Procesal Penal].

Pero al igual que en 2009, cuando fue aplazada por primera vez la vigencia de la norma, no alteró el numeral 5 del artículo 556, que dice: “Desde el 2 de septiembre de 2011, [el sistema acusatorio] se aplicará a los procesos que sean competencia de la Corte Suprema en Pleno y de la Sala Penal, como tribunal de única instancia y de la Asamblea Nacional”.

Según Fuentes, esto significa que los casos o procesos que deban ser juzgados por el pleno o la Sala Penal de la Corte, o en la Asamblea, se regirán por las normas del proceso acusatorio, independientemente del lugar donde se haya cometido el delito.

Basado en lo anterior, dijo, están bajo el paraguas del sistema penal acusatorio los casos que eventualmente se sigan al Presidente y Vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores; al Procurador de la Nación; a los ministros y viceministros de Estado; y a los diputados, entre otros servidores públicos.

“Los diputados no son tontos; para ellos sí funciona el sistema garantista al igual que para los altos funcionarios antes señalados, pero para otros ciudadanos entienden que no es de utilidad, por lo que concluimos que no hay justicia igualitaria ni igualdad de los panameños ante la ley, como reza la Constitución ”, dijo.

Advirtió, sin embargo, que estas desigualdades no terminan aquí y, por el contrario, destacó que la Asamblea aprobó la Ley 55 de septiembre de 2012, que realizó ajustes al Código Procesal Penal en lo referente a los procesos que conoce el pleno de la Corte Suprema y, en ese sentido, fijó en tres meses el plazo máximo de una investigación contra un diputado, término que en el resto de los ciudadanos es de seis meses.

Además, en la modificación a la norma se mantuvo que en los referidos procesos se debe designar a un magistrado de la Corte como fiscal investigador y a otro como juez o magistrado de garantías; es decir, controlador de la investigación del fiscal.

Sin equidad

A juicio del exprocurador de la Nación Rogelio Cruz, “no es equitativo ni constitucional que coexistan dos métodos de juzgamiento para los panameños o los extranjeros que se encuentren en Panamá”.

Según su opinión, luego de la entrada en vigencia de la Ley 8, los ciudadanos comunes, aquellos que no son funcionarios con mando y jurisdicción nacional y por tanto sus procesos no competen al pleno ni a la Sala Penal de la Corte, no gozarán de prerrogativa funcional en materia penal.

“Esto es justicia selectiva, porque este grupo de funcionarios sí puede beneficiarse de las garantías procesales que ofrece el sistema penal acusatorio, a pesar de que no comenzará a regir en el Primer y Tercer Distrito Judicial sino hasta dentro de dos años”, destacó, por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena Arosemena de Troitiño.

Según la exfuncionaria, uno de los fundamentos expresados por el Gobierno para interrumpir la implementación del nuevo modelo penal fue que este es muy garantista; sin embargo, “aquellos que avalan dicha postura se protegen ahora con los mismos beneficios que cuestionaban antes”.

Mientras tanto, dijo, el ciudadano común que tenga que enfrentar un proceso penal en las jurisdicciones donde se postergó el sistema acusatorio, estará impedido de recibir los beneficios de este y deberá ser juzgado por el antiguo proceso inquisitivo mixto.

“Vivimos en un país en el que imperan dos sistemas penales, con beneficios para un grupo de ciudadanos y con afectaciones para otro, lo que es violatorio del artículo 19 de la Constitución, que hace referencia al principio de igualdad”, añadió.

También se refirió a las prerrogativas que les concedió la Ley 55 de 2012 a los diputados de la Asamblea, al disminuir de seis a tres meses el tiempo para investigarlos en casos de denuncias penales en su contra.

Lo anterior, advirtió, provocará el archivo de los procesos iniciados a diputados antes de la entrada en vigencia de la Ley 55, y que aún no han sido resueltos, ya que en todos esos procesos venció el tiempo que se concede para la instrucción sumarial al imperar el principio de retroactividad favorable.

Luego de que el Ejecutivo sancionó la nueva norma, el 6 de este mes, según la Gaceta Oficial 27,239, la Alianza Ciudadana pro Justicia anunció la eventual presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte y la posibilidad de recurrir, incluso, a los organismos internacionales.

“Con esta sanción, el Presidente de la República interrumpe de manera abrupta la implementación del sistema acusatorio y afecta la buena marcha de la justicia, condenando al país a tener dos sistemas de justicia penal, en un país de 3 millones y medio de habitantes”, dijo Magaly Castillo, directora ejecutiva de la organización de la sociedad civil.

Belfon admite resultados positivos del modelo

El mismo día que la mayoría oficialista aprobó en tercer debate el proyecto de ley que suspende por dos años la implementación del sistema penal acusatorio, el 4 de este mes, la procuradora de la Nación, Ana Belfon, fijó su posición al respecto en un comunicado público colgado en la web del Ministerio Público.

De entrada, Belfon aclaró que por mandato de la ley, específicamente el artículo 49 del Código Judicial, la institución a su cargo no puede felicitar ni censurar los actos de otros órganos del Estado; sin embargo, reconoció como positivos los resultados del nuevo modelo penal, sobre todo en lo que tiene que ver con la reducción significativa de los tiempos procesales, con los resultados y la aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva. “Como todo sistema nuevo, siempre existen problemas, pero en nuestro caso se han ido superando en la marcha y se han enfrentado para cumplir con este gran reto de la justicia panameña”, destacó Belfon.

José Otero

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