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Gobierno discrimina a medios

Periodista de ´TVN´ denuncia que por una discusión con el secretario de Comunicación del Estado, funcionarios no le dan entrevistas.

La periodista Castalia Pascual, conductora del noticiero matutino de TVN, denunció ayer que funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli se niegan a asistir a su noticiero, y responsabilizó del hecho al secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho.

Molesta, Pascual explicó que desde hace tres semanas, y luego de haber tenido una fuerte discusión por teléfono con Camacho, ha notado que representantes de la administración actual han optado por cancelar las entrevistas ya acordadas.

“Los ministros han desaparecido de mi noticiero, y no solo eso, a los colegas del canal que mandan a buscar entrevistas y al programa “Radar”, [programa de ´TVN´] tampoco les están dando entrevistas”, afirmó.

Incidente

La comunicadora contó que todo empezó hace tres semanas luego de que Camacho le pidiera participar en el noticiero para hablar de la cuña publicitaria en la que aparece una persona ciega. La cita fue acordada para un martes, contó, pero como el funcionario acudió a una entrevista el día antes en Telemetro, Pascual, por asunto de estrategia televisiva y de rating, prefirió pedirle a Camacho que le enviara a otro vocero.

Esta situación, según Pascual, aparentemente provocó el enojo de Camacho. “Él me dijo molesto: ´¿yo no puedo hablar entonces? El asunto es que tú tienes un problema personal conmigo”, le dijo Camacho. A lo que Pascual le respondió que no le gustaba su estilo porque quiere ir al noticiero a insultarla y a decirle cómo debe hacer su trabajo.

Entonces, manifestó la periodista, el secretario de Comunicación del Estado le respondió así: “Si no soy yo... no es nadie... no va haber vocero para ti”.

A partir de ese momento, aseguró la conductora del noticiero, los funcionarios cancelaron la mayoría de las entrevistas. Lo mismo hicieron políticos del partido oficialista Cambio Democrático (CD), del que Camacho también es el vocero.

“Ya le hice saber mi inquietud al Presidente de la República; él dijo que lo iba a resolver, pero por lo visto no ha resuelto nada”, indicó la comunicadora que además es miembro de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas.

Pascual dijo tener información de que algo similar está ocurriendo con los diarios La Prensa y La Estrella.

Frente a estos señalamientos, el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, dijo no tener nada que responder.

Mientras que el director de La Estrella, Gerardo Berroa, aseguró que no ha habido una postura similar hacia ese diario, pero cuestionó la acción contra Pascual.

“De estar dándose esta situación es muy lamentable, es como aplicarle la ley del hielo a los medios y a los periodistas. Esto es un retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información”, manifestó.

EN ´LA PRENSA´

En La Prensa, los ejemplos sobre el veto informativo abundan y son tan antiguos como desde hace tres años.

El más reciente fue a principios de junio pasado, cuando el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, tranquilo y sonriente le dijo a un reportero de este diario: “no le doy declaraciones a La Prensa”, luego de que el periodista le consultara sobre temas de la agenda nacional. El hecho ocurrió en un foro del Banco Mundial, al que había invitado el Ministerio de la Presidencia.

Varios días después, y en medio de una conferencia de prensa donde dio detalles sobre una pantalla gigante que instalarían en la cinta costera para ver el partido de fútbol entre Panamá y Estados Unidos, Henríquez ignoró la pregunta de otro comunicador de este medio. “Siguiente pregunta”, dijo.

De igual manera, al menos seis ministros de la gestión de Martinelli, que han sido invitados por la periodista Flor Mizrachi al programa “Sin Rodeos” que se transmite por Radio Panamá, han optado por no acudir, dando diversas excusas. Han argumentado estar de viaje en el interior o en el exterior, o que acuden a algún evento importante. Algo similar exponen cuando esta periodista les ha solicitado entrevista para el “Knockout”, que se publica los domingos en este medio.

Incluso, el propio Camacho, en enero pasado en medio de los actos para la instalación de una nueva legislatura de la Asamblea Nacional, se negó a darle declaraciones a Radio Panamá porque en ese momento estaba en alianza con La Prensa. “Le pedimos una entrevista y dijo, ´no le voy a hablar a Radio Panamá, mientras esté en alianza con La Prensa; a ese periódico no le voy a hablar”, recordó ayer Icar Reyes, periodista de la mencionada emisora.

Y el viernes pasado, luego de que este medio publicara una noticia sobre la falta de divulgación de las finanzas de Tocumen, S.A., su gerente general, Juan Carlos Pino, dijo a la editora de Economía y Negocios de este rotativo que “si La Prensa quiere conocer los estados financieros de la empresa estatal, debe esperar a que la Corte Suprema los divulgue”. La llamada terminó con un “cuídate”.

Además, en los últimos meses este diario ha solicitado información a diferentes entidades del Gobierno, invocando la Ley 6 de enero de 2002 (ley de transparencia y acceso a la información). Los resultados son poco exitosos (ver tabla).

Ayer, precisamente cuando Pascual narraba su experiencia con el gobierno, se gestaba otro episodio que obstaculizó el libre ejercicio del periodismo. Ocurrió en la cobertura de la conferencia de prensa convocada por las autoridades de Salud para dar información sobre la muerte de ocho recién nacidos en la Caja de Seguro Social.

Varios periodistas contaron las dificultades para llegar al salón del complejo hospitalario donde tenía lugar la cita con los medios ya que bloquearon el elevador. Además, se les limitó el acceso para entrevistar a los funcionarios (vea detalles en recuadro de la 6A).

Cerco viola la ley

Para el presidente de la Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, Simón Bolívar Alemán, el problema que existe es que hay ciertos funcionarios del Gobierno “entre ellos Luis Eduardo Camacho, que tienen la piel muy delgada y no entienden su posición de funcionario ni el derecho de todo ciudadano de hacer críticas o alabanzas en el momento que así se requiera”.

En tanto, Guido Rodríguez, director asociado de TVN y expresidente del Fórum de Periodistas, expresó que cualquier instrucción que haya para restringir las entrevistas de funcionarios, riñe con el espíritu democrático y con el llamado del presidente, Ricardo Martinelli, de tolerancia y de unidad nacional, hecho el pasado lunes.

Manifestó que este tipo de actitud es violatoria a la ley de transparencia y acceso a la información, y es típico de gobiernos dictatoriales y totalitarios y no de un estado democrático de derecho.

“Esto riñe contra los principios básicos sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se acentúa el deber que tienen los servidores públicos de rendir cuentas de sus actuaciones y estar sometidos al escrutinio ciudadano”.

Filemón Medina, secretario del Sindicato de Periodistas de Panamá, coincidió con Rodríguez en que este tipo de actitudes van en contra de la Ley 6 de 2002, lo que consideró una amenaza y una limitación que se están estableciendo en el país en materia de libertad de expresión.

Medina pidió la renuncia del secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, ya que a su juicio “no es la persona idónea para ocupar el cargo y encima de eso viola la ley nacional impidiéndole a la población panameña poder acceder a información que puede ser transmitida entre los medios de comunicación, el periodista y la fuente, que en este caso es el Gobierno Nacional”.

Normas impiden restricción

De acuerdo con la Declaración de Chapultepec, adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México el 11 de marzo de 1994, toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente.

De igual forma, según establece este instrumento, las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. Además, no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

LOS RELATORES

Recientemente, en un comunicado conjunto, el relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Catalina Botero, recordaron a los gobiernos americanos que toda persona tiene derecho a acceder a información bajo el control del Estado. Un derecho, dijeron, que incluye la información que se relaciona con la seguridad nacional, salvo las precisas excepciones que establezca la ley.

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