DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD CAPITAL

Gobierno expropia finca en sector de Boca la Caja

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) argumentó que había ´interés social urgente´ para expropiar dicho globo de terreno.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ordenó la expropiación de dos globos de terreno que se encuentran en una finca privada de 2.3 hectáreas en Boca la Caja, corregimiento de San Francisco, a favor de la Nación.

Según el decreto ejecutivo, publicado este martes 10 en Gaceta Oficial, por motivo de “interés social urgente” el Miviot en representación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) solicitó al Ejecutivo expropiar ambos globos de terrenos, debido a que allí hay asentamientos humanos informales y se busca legalizar esa ocupación.

De acuerdo con el documento, en el año 1996 el Estado, a través del entonces Ministerio de Vivienda, decretó por interés social urgente a favor del Banco Hipotecario Nacional la expropiación de varias fincas ubicadas en el corregimiento de San Francisco, con el fin de legalizar la ocupación precaria allí existente.

No obstante, en esa expropiación no se incluyó el denominado sector playero de Boca la Caja, por “encontrarse parcialmente asentado sobre áreas de dominio público (áreas inundadas por las altas mareas, playas, ribera de mar, relleno de fondo marino) y por tal razón era una zona inadjudicable.

Sin embargo, entre los años 2008 y 2013 se han llevado a cabo levantamientos catastrales en San Francisco, específicamente en Boca la Caja, incluyendo el sector playero, con el fin de actualizar la información técnica topográfica y jurídica.

En ese sentido, el artículo 51 de la Constitución establece que en caso de guerra, grave perturbación del orden público o de interés social urgente el Ejecutivo puede declarar la expropiación de cualquier terreno.

Esta expropiación se da en medio de las intenciones del gobierno de poner en marcha un nuevo desarrollo inmobiliario en el frente de playa del corregimiento de San Francisco.

Muestra de ello es que en las inmediaciones del centro de convenciones Atlapa se hará un relleno de 40 hectáreas. Esto como parte del pago que le dará el Estado a la empresa ICA por la ampliación del Corredor Sur.

También está la probable venta de los terrenos donde se encuentran las escuelas Profesional Isabel Herrera Obaldía, José Remón Cantera y Richard Neumann.

Además, esto sucede mientras el Miviot lleva a cabo una intensa política de cambios de zonificación en corregimientos céntricos de la ciudad como Bella Vista, San Francisco y Betania.

En el caso de Boca la Caja, desde marzo pasado el Programa Nacional de Administración de Tierras hace un levantamiento catastral para legalizar los terrenos.

VENTA DE TERRENOS

Para urbanistas y expertos en el tema inmobiliario, esto podría abrir la posibilidad de que esos terrenos puedan ser vendidos.

Según el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, ya varias familias tienen su título de propiedad en Boca la Caja, pero lo que no puede pasar es que en dicha área en cuestión se le cambie la zonificación sin consultar residentes ni que en un futuro se les quiera sacar de allí.

“Ellos pueden ser parte del desarrollo del sector sin tener que ser movilizados”, agregó el edil.

Por su parte, Fernando Díaz Jaramillo, dirigente de Alianza Pro Ciudad, sostiene que Boca la Caja y San Sebastián están en una zona “sensible”, por los intereses inmobiliarios.

“Esto deja en un estado bastante indefenso a los pobladores de allí. Y el problema es que con esta titulación se les quiera sacar pagándoles precios bajos por sus propiedades”, agrega.

Díaz Jaramillo usó como ejemplo lo que sucedió el año pasado con los moradores de Panamá Viejo, afectados por la construcción de la vía Cincuentenario. En aquel momento tuvieron que salir 65 familias del área y recibieron $300 por metro cuadrado cuando sus terrenos estaban bastante cercanos a la costa.

“La política de ordenamiento territorial del gobierno genera dudas y hay que estar vigilantes”, añade

En tanto, José Batista, asesor de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y exviceministro de Vivienda, considera que en lugar de titular hubiese sido mucho mejor construir viviendas de interés social a esas personas, para que no ocurra lo que se registró en San Sebastián hace años, cuando los habitantes vendieron sus terrenos por precios irrisorios. “Para estas personas humildes esto sería muy tentador y claramente podrían vender sus terrenos”, apunta Batista.

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