ÁREAS PROTEGIDAS

Gobierno remata manglares

La Autoridad de los Recursos Acuáticos redujo de $150 mil a $10 mil el costo del permiso de tala de mangle para proyectos comerciales.

Parece que todo estaba calculado. La idea era dejar, primero, los manglares sin protección, y luego reducir a casi nada el costo del permiso para su explotación comercial.

A esa conclusión llegaron las organizaciones ambientalistas del país cuando este miércoles se dieron cuenta de que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) bajó el monto del permiso de tala de mangle –para dar paso a proyectos comerciales– de $150 mil a $10 mil por hectárea.

La Arap también disminuyó las multas y sanciones por la tala ilegal de manglar de $300 mil a $40 mil. Estas medidas fueron aprobadas a través de la Resolución No. 020 del 23 de mayo de 2012.

Según sustenta la Arap en el documento, se adoptó esa medida porque a la actual tasa solo pueden acceder aquellos inversionistas que pertenecen a grandes grupos económicos, lo que limita la incursión de potenciales negociantes con menos recursos y originarios de las comunidades donde se encuentran los manglares.

En el caso de las multas explicaron que, por lo elevado del monto, algunas personas no han podido cancelar su sanción, y por ello decidieron reformar la cifra.

Pero a dichas modificaciones económicas que se hicieron desde el Ejecutivo se les unen dos fallos polémicos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, hace poco más de un mes, relacionados con el tema de los bosques de manglar.

En ese sentido, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema suspendió provisionalmente las resoluciones que declaraban área protegida el humedal bahía de Panamá y la zona natural de Donoso, en la provincia de Colón.

Ambos fallos fueron emitidos el 27 de abril de 2012, y recibieron el aval de los magistrados Alejandro Moncada Luna y Efrén Tello, suplente de Luis Ramón Fábrega. En los dos casos, el magistrado Víctor Benavides salvó su voto.

El humedal bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres y marinos desde Costa del Este, en la ciudad de Panamá, hasta el estero en Chimán. Su extensión es de 85 mil 651 hectáreas, de las cuales 39 mil 691 corresponden a superficie terrestre y 45 mil 960 son marinas.

Mientras que el área natural de Donoso tiene una superficie total de 195 mil 917 hectáreas, de las cuales 177 mil 65 corresponden a superficie terrestre y 18 mil 852 a la superficie marina. Ese sitio brinda refugio a más de 650 especies de animales.

Ambas áreas protegidas poseen miles de hectáreas cubiertas de manglares, por lo que para los ambientalistas es muy sospechoso que luego de que se haya suspendido la protección de esos sitios, se tome la decisión de rebajar los montos para explotar comercialmente las áreas de mangle.

Rechazo

La Sociedad Audubon de Panamá, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam), MarViva, la Autoridad Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otros grupos ambientalistas, realizaron ayer una conferencia de prensa para mostrar su rechazo a las acciones de la Corte Suprema y del Ejecutivo.

Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon, planteó que ya han ocurrido grandes inundaciones en las comunidades del este de la ciudad. Por ejemplo la de 2004 en Prados del Este, en la que fallecieron 16 personas. “Este problema se agudizará si no protegemos los manglares de la bahía de Panamá”, aseguró.

Datos de Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dan cuenta de que entre 1990 y 2010, la provincia de Panamá es la que registra mayor cantidad de inundaciones, siendo el corregimiento de Juan Díaz uno de los más afectados.

Félix Wing, director del Ciam, cree que hay grupos de empresarios que desde el gobierno están influyendo para que se cometan estos atentados contra los recursos naturales de Panamá. “Es triste ver cómo las autoridades ya no disimulan cuando quieren responder a ciertos intereses”, acotó.

A la conferencia de prensa también acudieron moradores de las comunidades aledañas al humedal bahía de Panamá, entre ellas, Juan Díaz, quienes consideraron esa decisión como un certero golpe a los beneficios que brindan los manglares e hicieron un llamado a la Corte Suprema para que restituya las áreas protegidas.

Ellos se lamentan de que en pleno proceso de saneamiento de la bahía, se decida dejar sin defensas al humedal que protege el sitio.

“Lo que suceda como consecuencia de las lluvias en Juan Díaz, el aeropuerto internacional de Tocumen y otras áreas cerca del humedal, será un desastre provocado por este gobierno y no natural. Muy parecido a Prados del Este”, dijeron tanto activistas como los moradores de esas comunidades.

El ministro de Salud, Franklin Vergara, informó que tiene programado un encuentro, la otra semana, con representantes de la Anam para tratar el tema de los humedales.

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