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Hidroeléctricas, a discusión

Indígenas y Gobierno lograron superar ayer el primer escollo del debate en la subcomisión especial nombrada por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley 415, que establece el régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales de la comarca Ngäbe Buglé.

Hubo consenso para prohibir las concesiones mineras y hoy discutirán el segundo tema, no menos polémico: las hidroeléctricas.

Para ello, tanto el Gobierno como los dirigentes indígenas llevarán sus equipos técnicos, quienes sustentarán sus posiciones.

LA CRÓNICA

Antes de llegar al consenso de ayer, la subcomisión sostuvo una larga jornada, que empezó desde la mañana y culminó anoche. En un principio, hubo algunas fricciones que no permitían que los sectores se pusieran de acuerdo con la metodología.

La sesión se inició a las 11:20 a.m., y solo para llegar a un consenso en el mecanismo a utilizar para discutir el artículo 5, que fue excluido del proyecto 415 y establecía la cancelación de las concesiones mineras e hidroeléctricas, los miembros de la comisión se tomaron tres horas, debido a las constantes peticiones para recesos.

Cuando hubo un acuerdo en el mecanismo de discusión de este artículo 5, se determinó que el mismo sería debatido en cuatro puntos.

El primero tiene que ver con la cancelación de las concesiones otorgadas y vigentes para la exploración y explotación de los recursos minerales. Como punto dos, se tratará la cancelación de las concesiones otorgadas y vigentes para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Ngäbe Buglé.

En el punto tres se analizarán estas prohibiciones en las áreas conexas, territorios y comunidades ngäbe buglé fuera de la comarca; y de cuarto se tratará la cancelación de las concesiones mineras e hidroeléctricas ya otorgadas (este tema fue discutido en parte en el punto uno).

A PUERTA CERRADA

Los miembros de la subcomisión, encabezados por el mediador y representante de la Iglesia católica, el sacerdote Eusebio Muñoz, que ese momento sesionaban en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, decidieron reiniciar el diálogo en el salón de la Comisión de Presupuesto, a puerta cerrada.

Empezado el debate formal del artículo 5, tanto Rogelio Montezuma, Ausencio Palacios y Bernardo Jiménez, miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, insistían en que se prohibiera todo tipo de explotación minera en la comarca y que se cancelaran las concesiones existentes en esta zona, en especial la de cerro Colorado.

La respuesta del ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, fue inmediata al plantear que el Gobierno estaba de acuerdo con la petición de estos grupos indígenas. “En estos momentos estamos de acuerdo en que no se dé ningún tipo de explotación minera metálica o no metálica en la comarca. Estamos de acuerdo en acatar que no se haga ningún tipo de desarrollo minero en cerro Colorado”, aseguró el ministro.

Explicó a los dirigentes indígenas, dentro de los cuales se encontraba la cacica general Silvia Carrera, que en este momento no existe ninguna concesión minera otorgada en la comarca, y que la única que existe “en papel” y que está en manos del Estado es la de cerro Colorado. “Había dos solicitudes de concesión que se rechazaron y que se habían pedido para tratar de hacer algún tipo de exploración en la comarca, pero fueron rechazadas”, agregó.

Pasadas cinco horas de sesión se acordó a las 4:42 p.m. que la subcomisión se declarara en sesión permanente, por lo que las reuniones de esta instancia podrán extenderse a lo largo del fin de semana, para avanzar en el procedimiento de los cuatro puntos a tratar.

Finalmente, a eso de las 7:00 p.m. hubo humo blanco en el primer punto en el cual hubo consenso, pero no será hasta acabar con la discusión de todos los temas a tratar, cuando se procederá a elaborar un artículo que reúna los puntos consensuados. Ese artículo se llevaría a la Comisión de Comercio para su aprobación final e inclusión en el proyecto de ley 415.

Tras la aprobación del primer punto, el sacerdote Eusebio Muñoz decretó un receso hasta hoy a las 9:00 a.m., para entrar a analizar el punto dos propuesto sobre la cancelación de las concesiones hidroeléctricas.

“Siento que vamos por buen camino, el día de mañana [hoy] vamos a tener una exposición de los técnicos de la Secretaría de Energía sobre el tema de la generación hidroeléctrica y por parte de los técnicos de la Coordinadora”, señaló.

En tanto, el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea, Raúl Hernández, explicó que los miembros de la Secretaría de Energía explicarán la influencia de las hidroeléctricas en el costo de la tarifa eléctrica.

También planteó que si no se avanza sobre los cuatro puntos acordados, se decidirá hoy mismo si se continuará la sesión mañana sábado o el lunes próximo.

A la subcomisión se unieron hoy el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, y el representante de la Alianza Evangélica de Panamá, el pastor Hiram Harris, quienes fungen como mediadores y observadores en este diálogo.

También estuvo presente el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, y los miembros de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

POSICIÓN

Culminada la sesión de ayer, Rogelio Montezuma indicó que para el pueblo Ngäbe Buglé es importante que el Gobierno, a través de diferentes medios y funcionarios, haya dicho que no va a desarrollar la minería en la comarca, y tal cual como se les ha solicitado, y para la seguridad de que no se promueva esta actividad en la comarca se acordó derogar la Ley 41 de 1975 de Codemin.

“Uno de los objetivos por el cual el pueblo ha estado luchando es contra la minería, y al llegar a un acuerdo en el primer punto, lo vemos como un avance positivo. Nos queda ahora mañana [hoy] tratar otros temas de mucha relevancia, como la construcción de hidroeléctricas que también es un tema polémico”, señaló.

Detalló que en el tema hidroeléctrico si el Gobierno cumple con el acuerdo pactado en San Lorenzo, ellos como autoridades gubernamentales tendrán la última palabra de darle salida a este tema, de manera que el pueblo Ngäbe Buglé se sienta satisfecho con la decisión que tomen la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo con respecto a las hidroeléctricas.

“El desarrollo de actividades mineras e hidroeléctricas son grandes proyectos que traen serios problemas sociales a las comunidades y aspiramos a que se suspenda todo tipo de construcciones de esta clase en el área comarcal”, indicó.

Terminada la sesión, la cacique Silvia Carrera y dirigentes de la Coordinadora se congregaron en el parque Legislativo, en donde explicaron a más de un centenar de indígenas de esta etnia que permanecen en vigilia el acuerdo al que se había llegado.

¿y los heridos?

En la sesión de ayer, los dirigentes indígenas también pidieron los informes sobre los heridos, los detenidos y los “desaparecidos” durante los enfrentamientos de grupos indígenas con la policía, a lo que el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, respondió que no existe hasta el momento reporte de personas desaparecidas durante este conflicto, e instó a los dirigentes indígenas a presentar la denuncia respectiva ante las autoridades competentes con el nombre de las personas supuestamente desaparecidas.

Fábrega también informó que en estos momentos no hay en ninguna cárcel del país personas que hayan sido detenidas durante los pasados enfrentamientos.

Asamblea Ciudadana exige destituciones

La Asamblea Ciudadana exigió ayer una investigación independiente sobre los actos de represión contra el pueblo Ngäbe Buglé y la destitución del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez. “Celebramos que finalmente el gobierno ha accedido a firmar nuevamente un segundo acuerdo reconociendo las aspiraciones de las comunidades ngäbes, pero no podemos compartir la idea de borrón y cuenta nueva”, destaca un comunicado.

 Los miembros de esta agrupación cuestionan la actitud de ministro de Seguridad en el sentido de “manipular la verdad con mentiras, descalificando a sacerdotes y otras personas” que han tratado de mediar y asistir a estas comunidades que se vieron afectadas.

También solicitan la renuncia del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, por el uso de fuerza letal en una acción de control de multitud que dio como resultado la muerte de por lo menos dos personas y centenares de heridos, violando convenios internacionales que establecen que los centros de salud y las iglesias deben respetarse como santuarios de protección humanitaria.

“Por ello exigimos la destitución de sus cargos, que han deshonrado”, resalta la misiva.

A la vez rechazan la violación de la libertad de expresión al suspender, según ellos, sin sustento legal, las comunicaciones de telefonía móvil en las áreas del conflicto, “violando los claros preceptos de la Constitución”.

Según el documento, los responsables de todo esto deben asumir las consecuencias de su mal actuar y no cumplir con la protección del orden, bienes y vida de los nacionales y extranjeros que viven en el país. Concluye señalando que “debido a la concentración de poderes”, la ciudadanía panameña se encuentra en un estado de indefensión que no permite recurrir a las instancias formales para hacer respetar sus derechos.

Eduardo Mendoza

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