Escándalos internaciOnales y nacionales

IBT Group, empresa con un historial polémico

CELEBRACIÓN. El 16 marzo de 2010, el Consejo de Administración de IBT Group realizó su presentación con motivo de la apertura CELEBRACIÓN. El 16 marzo de 2010, el Consejo de Administración de IBT Group realizó su presentación con motivo de la apertura
CELEBRACIÓN. El 16 marzo de 2010, el Consejo de Administración de IBT Group realizó su presentación con motivo de la apertura

En abril pasado, cuando la Caja de Seguro Social (CSS) convocó al acto de licitación por mejor valor para el suministro de equipos y servicios de hemodiálisis –por un monto de 105.3 millones de dólares–, 11 fueron las empresas que se interesaron en participar, entre ellas, el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services y Promed, S.A., este último con un largo historial de suministros a la CSS.

A pesar del largo proceso de esta particular licitación, en la que abundaron resoluciones de suspensión y acciones de reclamos, las empresas mantuvieron su interés en participar en el acto público. De hecho, Promed –presidida por el empresario y político opositor Jorge Sánchez– cuestionó en su momento varios puntos del pliego de cargos de la licitación.

El proceso, que aún se encuentra en el portal electrónico PanamáCompra, revela que la CSS, a través de un acta fechada el 14 de junio pasado, rechazó cambiar el monto económico propuesto en la licitación por la CSS, que era de 105.3 millones de dólares.

Pero a pesar del interés mostrado por Promed, S.A. en este acto público, el 15 de julio pasado –cuando la CSS realizó el acto público– sorprendentemente la empresa no se presentó. A la convocatoria solo acudió una sociedad que para esa fecha no existía en el Registro Público de Panamá: el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services, que ofertó el mismo monto propuesto por el Seguro Social y no los $126.3 millones que aprobó este martes el Consejo de Gabinete para el contrato.

Una revisión del contrato entre la CSS y el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services revela que el monto del acto público, inexplicablemente cambió a $126.3 millones. En los documentos a los que tuvo acceso este diario no quedó aclarado el motivo del aumento en el monto de la licitación.

Y dado que el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services fue el único que se presentó a la licitación, se le adjudicó el contrato. Esta empresa está presidida por José Ramón Brea, quien es directivo de IBT Group, cuyas filiales en Panamá han obtenido contratos millonarios, incluso, de forma directa.

El contrato del Consorcio IBT Medical Outsourcing Services –sociedad inscrita en el Registro Público el pasado 9 de noviembre, es decir, tres meses después de haberse adjudicado el millonario contrato de la CSS– tendrá una duración de 52 meses “prorrogables”.

Al ser consultado sobre su relación con el Consorcio IBT, Sánchez confirmó que solo mantienen relaciones comerciales, ya que le provee de equipos médicos.

“Asumo que este es el contrato que surge de la licitación pública que se llevó a cabo hace varios meses. Proceso del que creo estás bien enterada, ya que fue bastante transparente”, aseveró el político y empresario.

DEFENSA

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, aunque ayer reconoció que no es su ramo, salió en defensa del contrato del Consorcio IBT Medical Outsourcing Services. Dijo que se trató de una licitación pública que recibió el aval del Consejo de Gabinete, ya que el monto del acto público era superior a los $3 millones.

“La alta dirigencia de la Caja de Seguro Social –alegó Mulino– explicó ampliamente en el Gabinete el monto del contrato, el estado en que está todo el sistema de hemodiálisis de la institución en distintas provincias y la vertiginosa crecida de pacientes por la crisis del dietilene glycol”. Así, Mulino justificaba la contratación de IBT Group en el noticiero radial de Omega Stereo.

El director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, también salió al paso de las críticas. Señaló la necesidad de que el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services inicie lo más pronto el suministro de los equipos y del servicio, pues “una hemodiálisis para un paciente cuesta 173 dólares, y un enfermo necesita tres tratamientos por semana, lo que representa 519 dólares” cada ocho días.

Sáez-Llorens aseguró que “el señor Presidente no se mete en nada de la Caja de Seguro Social”. Confirmó que el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services y Promed, S.A. participaron por separado en el proceso de licitación y que al final esta última no asistió al acto público.

Sáez-Llorens no explicó, empero, por qué se licitó un contrato por $105.3 millones y al momento de firmar con el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services se hizo por $126.3 millones.

Otra de las incongruencias de esta contratación es que Sáez-Llorens reveló que “Promed es quien nos va a seguir dando el servicio... Promed es una de las empresas mejores y más cumplidas que tenemos en la CSS”, afirmó el funcionario.

Por otro lado, Sáez-Llorens dijo que “se están ahorrando casi 100 millones de dólares por los próximos 52 meses” con el contrato otorgado al Consorcio IBT Medical Outsourcing Services.

El director ejecutivo de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social (CSS), Javier Díaz, dijo que el gasto anual de los pacientes de hemodiálisis es de $26.5 millones este año.

Díaz dijo que después de los 52 meses de la vigencia del contrato, todas las infraestructuras que construya Consorcio IBT Medical Outsourcing Services, así como todas sus máquinas de hemodiálisis pasan a ser de la institución.

Millonarios contratos

El conglomerado IBT ha tenido un corto, pero efectivo paso por diversas licitaciones y contrataciones directas en Panamá, que suman, al menos, unos 370 millones de dólares.

En julio de 2010, el Ministerio de Salud le adjudicó un contrato al Consorcio IBT por $237.1 millones para la construcción de cinco centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi), en diversos puntos del interior del país.

Tres meses después, ese mismo conglomerado era el favorito para adjudicarse otros Minsa-Capsi en Las Tablas, Ocú, Pesé y Pedasí.

Y no son los únicos contratos que podría conseguirse para construir centros de atención primaria. En septiembre pasado, la Asamblea Nacional aprobó que el Minsa reciba para el próximo año fiscal un incremento presupuestario en el que se contempla la construcción de 10 Minsa-Capsi por un monto de $97.8 millones.

Niega nexos

IBT Group, una de cuyas sedes principales se localiza en Santo Domingo, República Dominicana, también parece tener vínculos en las altas esferas del Gobierno, cosa que ayer fue negada a este diario.

Medios periodísticos dominicanos, entre ellos Elsiglo21.com, reportaron supuestas reuniones entre el presidente de IBT, José Ramón Brea, con Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares –hijos del presidente Martinelli– en Santo Domingo, sin embargo, este último desmintió a la publicación dominicana.

Ricardo Martinelli Linares negó el encuentro con Brea en “Santo Domingo y en Casa de Campo”, como lo reportara el diario digital en mayo pasado.

“La última vez que mi hermano (Luis Enrique Martinelli) y yo estuvimos en República Dominicana fue a principios de mayo de 2010, un año antes de la publicación. Ni en aquella ocasión ni en ninguna otra ocasión anterior durante la administración de mi padre, nos hemos reunido ni conversado con el Sr. Brea en la República Dominicana”, aseveró Martinelli Linares (ver facsímil).

La posición de Martinelli Linares fue enviada a esta redacción, aunque antes fue recibido por altos ejecutivos de este medio periodístico que lo atendieron en horas de la mañana de ayer para escuchar su versión sobre los reportes de los medios dominicanos.

Un Conglomerado con escándalos

IBT Group, del que forman parte José Ramón Brea, Eduardo David Benzadon y Daniel Toledano, ha estado envuelta en diversos escándalos, principalmente por construcciones defectuosas de hospitales en República Dominicana e Islas Vírgenes a través de sus filiales Carimex, IBT y Riogersa.

IBT Group, inscrita en el Registro Público panameño el 9 de octubre de 2009, es presidida por Rogelio Oruña Aguilar. Y, ¿quién es este personaje?

Este empresario preside Design Build & Engineering Panamá Inc., que se adjudicó en contratación directa la construcción del primer Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi) en Las Garzas de Pacora –en el este de la provincia de Panamá– que lleva el nombre de Ricardo Martinelli, en honor al padre del mandatario (ver nota relacionada).

Esta sociedad, como ya se ha mencionado anteriormente, se ha adjudicado varios contratos millonarios en Panamá. Entre ellos, la construcción de cuatro hospitales en el interior del país, por un monto de 386 millones de dólares, a través de su sociedad Carimex Panamá.

En República Dominicana, Carimex tuvo como gerente general a Gustavo Franchella que ha sido vinculado con Valter Lavítola, hoy prófugo de la justicia italiana. (Ver ilustración: De República Dominicana a Panamá).

Franchella afirmó recientemente que es el dueño de la sociedad panameña Agafia Corp., la cual recibiría una millonaria comisión del grupo italiano Finmeccanica que se adjudicó –por venta directa– contratos valorados en más de 250 millones de dólares para el suministro de equipos de seguridad a Panamá, y que hoy es investigado por las autoridades de Italia.

¿Coincidencia?

Varias de las sociedades que han sido registradas en Panamá y que guardan relación con el grupo IBT han sido creadas por un funcionario que actualmente ostenta un alto cargo en el Órgano Ejecutivo.

Se trata de Eladio Ostia Pravia. Este abogado fue nombrado subadministrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), tras el escándalo en Juan Hombrón que provocó la salida de Anabelle Villamonte de esta entidad. Posteriormente fue designado viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. (Ver gráfico: Sociedades vinculadas a IBT Group).

Así, por ejemplo, figura en al menos cuatro sociedades vinculadas a IBT, entre ellas, Carimex (Latin America) y Carimex Panamá, así como IBT Group y Petrolex Overseas.

(Con información de Santiago Cumbrera y Vannie Arrocha).

Así empezó todo

Uno de los primeros negocios de IBT Group en Panamá, a través de una de sus empresas, fue la construcción del primer Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi) en Las Garzas de Pacora.

Y, tal como ha sido la historia de muchas de las filiales de IBT, empezó mal. El hoy excontralor Carlos Vallarino se negó a refrendar el proyecto en 2010. El exfuncionario listó 33 observaciones y objeciones al contrato que, dicho sea de paso, se otorgó sin licitación por el Ministerio de Salud al consorcio Constructora Real S.A. y Design Build & Engineering Panamá Inc., esta última del grupo IBT.

Pese a sus objeciones, el presidente, Ricardo Martinelli, intervino. “Recuerdo que el Presidente me llamó y me pidió que refrendara el contrato, pues el hospital llevaría el nombre de su papá [Ricardo Martinelli Pardini], pero yo le dije que con más razón, si iba a llevar el nombre de su padre, debería haber mayor transparencia”.

A Martinelli se unió el ministro de Salud, Franklin Vergara, quien también llamó a Vallarino para que agilizara la aprobación del hospital. “También me cuestionaron en el Gabinete, pero les dije que no iba a refrendar nada que se hubiese manejado indebidamente y que representara riesgo para las finanzas del Estado. Pero todo lo que no refrendé lo aprobaron cuando salí”, a principios de enero de 2010, indicó Vallarino.

Las objeciones de Vallarino iban desde las malas referencias internacionales de los dignatarios de las empresas de IBT, entre ellas, Design Build & Engineering Panamá Inc. –en cuya lista figura Rogelio Oruña Aguilar–, hasta serias deficiencias en el contrato.

Vallarino encontró, por ejemplo, que no se suministró la lista de los equipos de oficina, mobiliario hospitalario ni biomédico con sus catálogos, especificaciones y precios, para así evaluar su costo y calidad. Tampoco se precisaba si era un centro de atención primaria o un hospital.

En el contrato se exoneraba de impuestos de importación a la empresa, sin la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que no fue del agrado de Vallarino.

Tampoco le gustó que Design Build & Engineering Panamá Inc. desarrollara la obra sin tener experiencia constatada en construir instalaciones hospitalarias ni en suministrar equipo.

Lo que no sabía el excontralor es que el proyecto, cuyo costo original era de $3.6 millones, terminó en $5.4 millones, luego que el Gabinete reformara el contrato el 19 julio de 2011, por $1.7 millón adicional, pues se incluyeron “trabajos adicionales”.

Para Vallarino, el hecho de que las especificaciones del proyecto no estuvieran muy claras, causó su elevado costo. “Lamentablemente, no hay control”, aseguró.

Tras la inauguración del Minsa-Capsi, en junio de este año, los moradores de Las Garzas no están conformes con la atención que reciben ahí.

Se había prometido que atenderían las 24 horas a los cerca de 200 mil residentes del área, pero se quejan de que solo atienden 12 horas.

Se le envió un cuestionario a la contralora, Gioconda de Bianchini, preguntando por qué refrendó un contrato con tantas irregularidades, pero no respondió. De Bianchini inspeccionó el 20 de abril de 2011 los avances del Minsa-Capsi, junto al ministro de Salud. “Estoy muy contenta de ver que lo que yo firmo en papeles se está culminando correctamente”, fueron sus palabras aquel día en la inspección.

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO

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