ENFOQUE

Independencia del poder electoral

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OPINIÓN. La idea de tener autoridades electorales independientes es una innovación que surgió en el siglo XX. El primer país del mundo que estableció una autoridad electoral independiente fue Canadá en 1920. Luego le siguieron, entre otros, Uruguay que lo incluyó en su Constitución unos años más tarde. Panamá hizo lo propio en 1956, cuando creó el Tribunal Electoral como un organismo autónomo responsable de organizar y administrar los procesos electorales.

Según la doctrina sobre esta temática, existen dos clases de independencia. La primera es la independencia estructural o formal, por la cual la autoridad electoral es legal o constitucionalmente diferente al poder ejecutivo, y no es subalterna de este.

La segunda clase de independencia es la atinente a la capacidad de actuación frente a los intereses políticos del momento en que se vive. Esta cualidad es conocida como independencia de actuación y requiere el respeto estricto a una cultura de la legalidad y de la política, que esté fundamentada en la objetividad, el respeto a la ley y el servicio a la democracia.

En el caso panameño, el Tribunal Electoral, creado en 1956, fue capaz de organizar unas elecciones relativamente limpias en 1960, pero para 1964 ya manifestaba síntomas de deterioro. En 1968, esta debilidad institucional contribuyó al golpe de Estado del 11 de octubre.

Con la restauración de la democracia en 1990, se hizo claro que la manipulación del Tribunal Electoral era uno de los vicios políticos más importantes a ser superados para garantizar el desarrollo y la superación de las instituciones políticas panameñas.

El modelo de organización de la institución electoral panameña corresponde al diseño de un cuarto poder de rango constitucional, que a la vez que organiza las elecciones tiene amplias facultades para decidir jurisdiccionalmente sobre los conflictos políticos y electorales que enfrenta el país. Esa fortaleza del poder electoral es lo que le ha permitido a Panamá superar el desafío que representó el torneo electoral de mayo de 2014. En dicho proceso, se utilizaron cientos de millones de dólares para favorecer al candidato oficialista a la Presidencia de la República. Así, las partidas circuitales de los diputados de los partidos de gobierno crecieron exponencialmente, y múltiples proyectos públicos se transformaron en oportunidades para favorecer el clientelismo y la repartición de prevendas para influenciar el voto.

Todo esto pudo haber dado al traste con la democracia panameña si el Tribunal Electoral no hubiera mantenido su independencia frente al mayor poder político y económico que ha conocido el país en tiempos democráticos.

Ahora, con la designación del reemplazo del magistrado Erasmo Pinilla, bien puede fortalecerse la independencia de actuación frente a los poderes reales del país, y empezar el relevo generacional que necesita la institución o, por el contrario, se puede producir un retroceso designando a alguien que no abandone la camiseta partidista al momento de su toma de posesión como magistrado del Tribunal Electoral.

Esa escogencia sería un flaco favor proveniente del grupo político que se benefició de la independencia del Tribunal Electoral en el año 2014, y abriría la espiral institucional para que el Tribunal Electoral se transforme en otro botín de espacios políticos y nombramientos que tanto daño le han hecho a la administración pública panameña.

*El autor es abogado.

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