Adjudicación de finca

Investigan decisión de juez

Tras la invasión de diciembre de 1989, al exgeneral Noriega le fueron cauteladas varias propiedades para determinar si las había adquirido lícitamente.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, remitió al Tribunal Superior de Coclé una solicitud para que se investigue al juez segundo civil de Coclé, José Luis Carles, por la adjudicación de una finca propiedad de Lorsantha, S.A., sociedad cuyo dueño es el exgeneral Noriega, a pesar de que se mantenía cautelada por órdenes de la entonces Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).

Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la solicitud para investigar la actuación del juez Carles en este caso fue remitida a la magistrada del Tribunal Superior de Coclé, Delia Carrizo.

La petición está contenida en una nota enviada a Ayú Prado por la firma de abogados Camarena, Morales & Vega, representantes legales de la Fundación Guardia Brauns, propietaria de una finca contigua a la de Noriega, y que se había opuesto a la adjudicación de dicha finca.

Según la nota, la finca propiedad de Lorsantha se encontraba fuera del comercio desde 1992, por tratarse de un terreno perteneciente al caudal de bienes determinados como propiedad del exgeneral Noriega.

Además, sostiene, que a pesar que dentro del proceso civil se encuentran dos oficios del Registro Público, suscrito por sus directores Luis Barría y Abraham Carrasquilla, de la existencia de la cautelación del bien por parte de la DRP, el juez continuó con el proceso civil de prescripción adquisitiva.

A juicio de los denunciantes, se actuó con ignorancia inexcusable de la ley al expedir el fallo por el cual se adjudicó a un tercero una finca propiedad de Lorsantha y se utilizó el sistema de justicia para perjudicar al Estado panameño, al despojarlo de un bien cautelado, puesto fuera de comercio y que se hallaba en trámite de adjudicación, para entregárselo sin justificación a un particular.

Plantean que se trata de una actuación irregular, descabellada y una falta grave del juez.

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