Investigan a 50 grandes empresas por defraudación

Las averiguaciones involucran a compañías de todas las ramas económicas, confirmóel director general de Ingresos, Publio Cortés.

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La Dirección General de Ingresos (DGI) investiga a 50 grandes empresas en Panamá por presuntamente defraudar al fisco por más de un millón de dólares cada una.

El director general de Ingresos, Publio Cortés, precisó que entre las compañías a las que se investiga hay firmas pertenecientes a empresarios de diversas afiliaciones políticas y de todas las ramas de la economía.

“Se trata de casos con mala intención y deliberada conducta para no pagar. Las multas incluyen un mínimo de cinco veces lo dejado de pagar, según el Código Fiscal vigente”, indicó Cortés.

“[En estos casos] no solo es responsable el contribuyente, sino cualquiera que sea cómplice, bien sea una persona natural o jurídica; además de asesores tributarios”, advirtió.

Los expedientes a estas empresas se encuentran en diferentes etapas del proceso.

Millonario fraude fiscal

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La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que incrementará en las próximas semanas la inspección a grandes empresas, con el fin de disminuir la evasión y defraudación fiscal.

Cálculos de la institución indican que solo la evasión del pago del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) es de al menos 500 millones de dólares.

Las irregularidades también se presentan en el pago del impuesto sobre la renta. De hecho, en la actualidad se investiga a 50 grandes empresas por defraudaciones mayores a un millón de dólares, informó el director general de Ingresos, Publio Cortés.

“Hay casos en donde no hubo creatividad [para evadir impuestos y el acto] es burdo. Tenemos otros casos donde sí fueron creativos”, reconoció.

“No buscamos que solo [las empresas] chiquitas paguen [impuestos], sino que [queremos que] al gran evasor le caiga todo el peso de la ley”, añadió Cortés.

DE TODOS LOS PARTIDOS

Durante los últimos meses, voceros del partido Cambio Democrático, entre ellos la exministra de Trabajo Alma Cortés y Sidney Sittón, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, denunciaron que la DGI allanó sus oficinas debido a “motivaciones políticas”.

Al preguntársele sobre este aspecto, Públio Cortés señaló que en las investigaciones realizadas por la entidad hay compañías cuyos dueños integran todos los partidos políticos del país.

De acuerdo con el artículo 752 del Código Fiscal, la DGI está en capacidad de multar al infractor con una cantidad de dinero equivalente hasta 10 veces el dinero dejado de pagar al fisco.

Las decisiones tomadas por la DGI en materia de multas pueden ser apeladas en instancias superiores, en este caso la Corte Suprema de Justicia.

En promedio, indicó Cortés, los casos de este tipo que llegan a la máxima instancia de justicia en el país suelen tomar más de cuatro años en resolverse.

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