Justicia italiana oficializa traspaso de caso a Roma

El fiscal Paolo Lelo, reconocido por su participación en sonados casos de corrupción, asumirá las pesquisas de Finmeccanica.

Las fiscalías de Nápoles, Milán y Roma, en Italia, finalmente se pusieron de acuerdo para que sea esta última, a cargo del reconocido fiscal Paolo Lelo, la que concluya las investigaciones por corrupción internacional en Panamá, Brasil, Colombia, India, Rusia, y otros países, que se les sigue a altos representantes del conglomerado italiano Finmeccanica, entre ellos su exdirector comercial Paolo Pozzessere.

Así lo confirmó ayer el corresponsal del Grupo Prisa en la capital italiana, Joan Solés, en una comunicación directa con Radio Panamá, en la que precisó que los tres fiscales acordaron la acumulación del sumario tras reunirse en días pasados, dadas las graves implicaciones del caso y de las personalidades señaladas.

Según Solés, corresponderá a Lelo terminar de instruir el proceso y solicitar el juicio correspondiente, lo cual podría concretarse en uno o dos meses.

Las audiencias preliminares de este caso estaban programadas para el 14 de este mes, pero fueron suspendidas por una huelga general en Italia y otros países de Europa.

Solés también informó que, según las últimas publicaciones del caso en Italia, se confirmó que Pozzessere no solo pagaba coimas por los contratos suscritos en varios países, sino que además recibía dádivas por ellos.

De hecho, se ha establecido que recibió unos 100 mil euros ($120 mil) por contratos de Finmeccanica en India.

El corresponsal del Grupo Prisa informó, asimismo, que varios medios de comunicación y periodistas italianos difundieron públicamente lo que hasta ahora era una suerte de “secreto a voces”: que Valter Lavítola (clave en la negociación entre Panamá y Finmeccanica por $250 millones) era agente de los servicios de inteligencia italianos y que respondía directamente al entonces primer ministro y director de dichos servicios, Silvio Berlusconi.

Solés también puso en entredicho las declaraciones que ha dado el también empresa italiano Mauro Velocci sobre el caso de los correos entre Lavítola y el presidente, Ricardo Martinelli.

Según el periodista, es poco creíble que Lavítola haya dado las claves de su correo a Velocci, quien, dijo, es un prófugo de la justicia panameña.

Sobre este proceso, la defensa de la dirigente del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera interpuso ayer ante el Primer Tribunal Superior de Justicia un amparo de garantías constituciones, que ataca la orden del Juzgado Undécimo Penal para que la Fiscalía Séptima de Circuito ampliara las sumarias del caso.

Osvaldo Gálvez, abogado de Herrera, interpuso el amparo basado en la violación del principio de separación de funciones, luego de que el juzgado ordenara a la fiscalía indagar a su cliente tras acusarla por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

En tanto, fuentes del Ministerio Público informaron que esa entidad trata de ubicar a Velocci para notificarlo de la orden de indagatoria.

Por su parte, Adolfo Pitty, abogado del presidente, Ricardo Martinelli (que es el querellante en el caso), reiteró ayer que Herrera cometió un delito al difundir los correos de su cliente.

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