SUPUESTO PAGO DE SOBORNOS A FUNCIONARIOS PANAMEñoS

Juzgado archiva proceso de cárceles modulares

Claudio Faggiano, del consorcio Svemark, negó haber pagado sobornos a Francisco Martinelli, primo del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

Mientras en Italia el empresario de ese país Valter Lavítola irá en julio próximo a audiencia preliminar tras el supuesto pago de sobornos a funcionarios panameños, el Juzgado Primero Penal de Panamá archivó definitivamente el proceso abierto en el país por esa misma causa en 2012.

La investigación del caso fue iniciada de oficio el 16 de abril de 2012 por el entonces procurador, José Ayú Prado, luego de que los medios de comunicación reportaran la detención de Lavítola al ser acusado, precisamente, por el supuesto pago de sobornos a funcionarios panameños.

Un año y dos meses después Lavítola sigue preso, aunque recientemente un tribunal le dio una medida cautelar de casa por cárcel, que cumple en Roma.

En cambio, el juez primero penal de Panamá, Rolando Quezada Vallespi, sobreseyó el 3 de junio pasado el proceso por el supuesto pago de sobornos dentro de la negociación fallida para la construcción de cuatro cárceles modulares por parte del consorcio Svemark, a un costo de $176 millones.

“No existe prueba alguna de la que pueda presumirse, aunque sea indiciariamente, que los señores Mauro Velocci, Valter Lavítola y Claudio Faggiano, personalmente o por interpuestas personas, hayan entregado, prometido u ofrecido a algún servidor público de la república de Panamá, donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio”, concluye el fallo.

Destaca que tampoco hay pruebas de que alguna persona se haya valido de influencias para que se le otorgara el contrato, debido a que el Ministerio de Gobierno decidió suspender el proyecto de construcción de cárceles modulares por “razones de prioridades”, y por ende el contrato no llegó a concretarse.

Velocci y Faggiano eran representantes de Svemark, y Lavítola sirvió de intermediario para el supuesto pago de sobornos a funcionarios panameños para la construcción de las cárceles modulares y el contrato entre Panamá y Finmeccanica por $250 millones para la compra de 19 radares, seis helicópteros y un mapa digital.

En el fallo de Quezada Vallespi, al que este diario tuvo acceso, se toman en cuenta las declaraciones de Faggiano, que desmintió lo dicho por Velocci ante un Tribunal de Nápoles, Italia, de que había pagado sobornos al abogado Francisco Martinelli, primo del presidente, Ricardo Martinelli.

Faggiano negó haber entregado dinero o intentar sobornar a Francisco Martinelli o a algún funcionario del Gobierno panameño.

Velocci se acogió al derecho constitucional de no responder el cuestionario que le envió el Ministerio Público panameño, mediante asistencia judicial solicitada a las autoridades italianas el 11 de mayo de 2012.

El juez Quezada Vallespi concluyó que únicamente hubo información noticiosa en las páginas web de los periódicos panameños, que no fue confirmada en el transcurso de la investigación.

“No se acreditó la comisión de delitos contra la administración pública por funcionario panameño alguno en complicidad con particulares, referente al proyecto de cárceles modulares”, añadió.

En este caso no hubo acusados y la Fiscalía Tercera Anticorrupción pidió el sobreseimiento provisional el 25 de marzo pasado.

Debido a que en el proceso no hubo querellantes y el juzgado acogió la petición de la fiscalía, el caso queda formalmente cerrado.

ALGUNAS FECHASDE INTERÉS

16-4-12

El procurador, José Ayú Prado, abre el proceso.

5-2-13

El expediente es enviado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

25-3-13

La fiscalía pide el archivo provisional.

3-6-13

El Juzgado Primero Penal dio el archivo definitivo.

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