Lección pendiente

Fue a través del Decreto No. 199 del 22 de octubre de 1979 que se derogó definitivamente la reforma educativa, que pretendía reemplazar la Ley 47 orgánica de educación, vigente desde 1946, y que desde esa fecha había regido la materia.

La norma, considerada por el gobierno como obsoleta, necesitaba ser reemplazada por una más acorde con los tiempos. Pero aquellos, no eran precisamente los propicios.

Apenas dos años atrás se habían firmado los tratados Torrijos-Carter, entre Estados Unidos y Panamá, que devolvían la soberanía de la Zona del Canal y la vía acuática a la jurisdicción panameña, en un proceso gradual y progresivo.

Una de las condiciones impuestas por los estadounidenses para acceder al difícil acuerdo fue el retorno de los exiliados al país, aún bajo el control de los militares.

El regreso de los exiliados y la reactivación de la actividad política independiente del gobierno, tras una década de prohibición, tendrían como consecuencia el surgimiento de un creciente movimiento de cuestionamiento ciudadano al proceso militar.

La propuesta de reforma educativa fue interpretada como una nueva y grave imposición del gobierno.

Los sectores más radicales de la oposición acusaron a la propuesta de favorecer “el modelo comunista”.

Esto, por las similitudes de los contenidos de la propuesta con los que se manejaban dentro del sistema educativo de Cuba.

Otros señalaban que algunos contenidos tendían a glorificar la figura del líder militar Omar Torrijos para consolidar su dictadura.

Un amplio abanico de sectores políticos, sociales, educadores, obreros, empresarios, padres de familia, hizo causa común para oponerse a la propuesta. No hubo mucha serenidad de ánimo para estudiar, analizar y debatir sus contenidos de forma desapasionada.

Las protestas incluyeron la quema de miles de libros.

La escuela República de Venezuela se convirtió en el fortín de esas luchas y en un símbolo de la “resistencia” contra el régimen.

Las protestas fueron tan masivas, que al gobierno de entonces no le quedó otra alternativa que dar marcha atrás y derogarla.

Los gremios educativos también luchaban por una mejora de sus condiciones salariales y laborales.

Al derogarse la reforma se integró una comisión representativa de los distintos sectores de la comunidad nacional para analizar, estudiar y recomendar la estructuración de la educación.

La llamada Comisión Coordinadora de la Educación Nacional integró a diversos gremios, ya que, el problema educativo, reconocían todos, continuaba sin resolverse.

Sin embargo, la crisis política de los años 80 no hizo sino profundizar el problema, el rezago educativo en general, la politización de la discusión educativa y muy pocos logros conocidos.

Tras el fin del régimen militar, con la caída de Manuel Antonio Noriega y la invasión estadounidense se reanuda el proceso de discusión sobre la educación.

Finalmente, en 1995 , mediante la Ley 34 del 6 de julio, se logra modificar de forma apreciable el ordenamiento educativo del país, establecido en la Ley 46.

En 1997, otra ley buscaría dar cumplimiento al proceso de descentralización educativa consignado en la Ley 34.

La Ley 28 de agosto de 1997 crearía así las juntas educativas regionales. Pero esta figura volvería a ser reformada en 1999, 20 años después de la derogación de la reforma educativa.

En 2001 se impulsó, a instancias del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Diálogo por la Educación Nacional, que un año después rendiría sus primeros frutos, al contribuir a definir el proceso de descentralización y a una revisión de los planes de estudio de la educación básica y media.

En 2005, el entonces ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, decía que la educación panameña requería de una “reforma profunda y urgente”. Sin embargo, el propósito no se concretó.

En 2007, entre tanto, la mesa de educación incluida en el Diálogo por la Concertación Nacional para el Desarrollo presentaba como avances un acuerdo para elevar la asignación presupuestaria del ramo a al menos el 8% del producto interno bruto y una reingeniería del Ministerio de Educación.

Un año más tarde se presentaron dos propuestas para reformar la educación media, sin que llegaran a implementarse. El aumento de horas de clase semanales y la disminución de la cantidad de bachilleratos también se planteó.

Según datos del Meduca, entonces solo el 59.8% de la población en edad escolar tenía acceso a la educación preescolar, mientras que el 64.4%, acceso a la premedia. Y 11 diagnósticos sobre educación en 10 años no habían logrado cambiar la realidad.

En 2009, con la administración de Ricardo Martinelli, no se avizoraba un cambio claro. Su propuesta educativa no convencía a los expertos.

Sin embargo, con el nombramiento de Lucy Molinar como titular del Meduca surgió la propuesta de una reforma curricular en el nivel medio, vista con recelo y escepticismo por los docentes, y con optimismo por los empresarios.

El proceso, iniciado como piloto primero, incluía cambios en los contenidos, en la carga horaria y en el número y denominación de los bachilleratos.

En 2012 se graduó la primera promoción de estos nuevos bachilleres. El plan se ha ampliado a más planteles en todo el país. Pero aún los resultados no son claros. Y, según los expertos, todavía hay mucho qué mejorar.

Entre las realidades y las posibilidades

Un informe del Oxford Bussiness Group, fechado en julio de 2013, ve con optimismo las posibilidades de Panamá en cuanto a su mejora educativa, aunque admite la existencia de deficiencias y retos. Según el documento, “a pesar de las deficiencias del sistema educativo, Panamá tiene varias ventajas con respecto a algunos de sus competidores regionales a la hora de transformarse en una economía basada en el conocimiento.

El país cuenta con una importante infraestructura de información y de tecnología de las comunicaciones, más un nivel relativamente alto de adopción tecnológica”, señala. Además, indica que fue ello lo que contribuyó a situar al país en el puesto número 65 entre 145 países en el Índice de economía del conocimiento, del Banco Mundial de 2012.

“El gasto del presupuesto del Estado en educación también aumentó significativamente en 2012, una tendencia que se espera continúe para 2013-2016”.

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