Lejos del puerto

El lunes 19 de abril de 2010, un juez federal estadounidense condenó a un hombre de negocios nativo del estado de Virginia a una pena de 87 meses (unos siete años) de prisión por actos corruptos cometidos fuera de Estados Unidos.

Ese día, el juez Henry Hudson, del distrito este de Virginia, con sede en la ciudad de Richmond, había hecho historia en el sistema judicial estadounidense al dictar la sentencia más larga hasta entonces por delitos contemplados en el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Esta ley, sancionada por el entonces presidente Jimmy Carter en diciembre de 1977, está destinada a evitar que funcionarios o civiles estadounidenses se valgan de sobornos o chantajes para lograr ventaja en actividades o negocios efectuados en otros países.

El condenado era Charles Paul Edward Jumet, de 53 años, vicepresidente de Ports Entineering Consultants Corporation (PECC), una empresa constituida bajo leyes de la república de Panamá, pero con oficinas en Virginia.

AGUAS TURBIAS

Jumet se había declarado culpable unos meses antes, en noviembre de 2009, de la acusación de la fiscalía de que él, junto con otros socios y colaboradores, había pagado cerca de 212 mil 400 dólares en concepto de sobornos a funcionarios panameños, entre 1997 y 2003, para asegurar contratos de servicio de mantenimiento y administración de faros y boyas en las vías marítimas de Panamá.

Poco antes, en febrero de 2010, John W. Warwick, presidente de PECC y socio de Jument, de 64 años y nativo de Virginia Beach, también se había declarado culpable por la misma causa.

En diciembre de 1997, el Gobierno panameño había adjudicado a PECC una concesión por 20 años para realizar estas tareas.

Warwick había admitido que hasta aproximadamente julio de 2003, él, Jumet y otros conspiraron para realizar “pagos ilegales” al exadministrador y al administrador adjunto de la Autoridad Marítima de Panamá, así como a una ex “alta autoridad ejecutiva electa” de la república de Panamá.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares, el entonces administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Hugo Torrijos, y su subadministrador Rubén Reyna parecían ser las personas señaladas en la investigación (que no los mencionaba por sus nombres). Sin embargo, los tres siempre negaron su implicación.

Torrijos falleció en diciembre de 2010.

Desde el año 2000, el entonces contralor de la República Alvin Weeden había pedido la revocatoria del contrato de PECC, tras detectar las irregularidades, y había exigido responsabilidades. Finalmente, en 2003, se ordenó la suspensión del contrato.

OTRA RUTA

La ruta del caso tuvo un destino muy distinto en Panamá.

Para cuando las sentencias de Jumet y Warwick se dictaron en Estados Unidos, el caso ya llevaba cinco años archivado tras una decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, a comienzos de 2010, el Ministerio Público solicitó asistencia judicial a Estados Unidos para corroborar lo dicho por Jumet y Warwick, tras su declaración de culpabilidad.

Una diligencia similar había sido iniciada cinco años atrás, pero no se le había dado curso.

Sin embargo, en julio de 2011, el Juzgado Decimosegundo penal dictó un sobreseimiento provisional de las sumarias.

La decisión de la juez Marlene Morais se basó en que “para la configuración del delito es necesario acreditarlo a través de ratificaciones y aportaciones de elementos probatorios, que a la fecha no han sido incorporados”, según dijo entonces.

Por tal razón, el expediente regresó al Ministerio Público, según señalaron la semana pasada fuentes del Órgano Judicial.

Las mismas fuentes indicaron, por otra parte, que en la Sala Tercera de la Corte Suprema se encuentra, en fase de lectura, una demanda impulsada por los representantes de PECC, en contra del Estado panameño.

La demanda busca que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita –por silencio administrativo de la AMP–, al no contestar la solicitud del pago de los servicios brindados por PECC al Estado, entre enero de 2000 hasta el 12 de diciembre de 2003.

La reclamación de PECC ha dado vueltas durante casi 10 años, pero ahora la Corte podría definir finalmente su destino.

Una condena, un caso de estudio

La condena de 87 meses que recibió en 2010 Charles Jument por el caso PECC, es la más larga que se ha dictado por un caso de violación al Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. Su caso aparece en publicaciones especializadas para hacer comparaciones sobre delitos y condenas en casos de corrupción en el extranjero por parte de estadounidenses.

A la condena de Jumet, le sigue, hasta la fecha, la de Albert Jack Stanley, sentenciado a 84 meses por pagos a funcionarios para que la empresa KBR obtuviera contratos en Nigeria; luego se encuentra Douglas Murphy, de American Rice Inc. que recibió una condena de 64 meses por sobornar a funcionarios haitianos para que se les rebajaran los impuestos a su compañía.

Haití parece ser blanco de prácticas corruptas de estadounidenses, porque la siguiente sentencia la ostenta Juan Díaz, un hombre de negocios de Miami que fue condenado a 57 meses de prisión tras verse involucrado en un caso de soborno a favor de la empresa Telco Haití. También aparecía implicado en un caso de lavado de dinero.

Lo que agravó el caso de Jumet, según expertos, fue el haber admitido que mintió a los agentes federales que le habían interrogado.

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