CUARTO INFORME DEL FÓRUM DE PERIODISTAS DE PANAMÁ

´Libertad de expresión sigue empeorando´

En abril de 2011, el 50% de los periodistas opinó que este derecho estaba restringido, en mayo pasado este índice subió al 82%.

La libertad de expresión en Panamá sigue empeorando debido a la vigencia de leyes que obstruyen el acceso a información estatal y a las constantes presiones y amenazas de funcionarios del actual gobierno contra periodistas y comunicadores, para tratar de impedir que realicen su labor.

El 82% de los periodistas encuestados por la Fundación Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información mostró su preocupación por el desmejoramiento de la libertad de expresión en el país.

El estudio, realizado entre los meses de marzo a mayo de 2012, contó con la opinión de 40 profesionales del periodismo que laboran en las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé, Bocas del Toro y Herrera.

Este cuarto informe evidencia un aumento del malestar y angustia de los profesionales de la información con relación a los otros tres reportes que ha presentado el Fórum de Periodistas sobre este tema.

El informe anterior, cerrado en noviembre de 2011, indicaba que 75% de los periodistas encuestados señaló que la libertad de expresión en el país “no mostraba signos de mejoría”.

Una encuesta similar reportada en abril de ese mismo año evidenciaba la inconformidad del 50% de los comunicadores que se les consultó al respecto.

Sobre el sondeo de 2012, el 77% de los periodistas dijo haber experimentado negativas en algún momento sobre la disposición de las fuentes oficiales a entregar información de interés público cuando se la solicitan para hacer noticias.

En otro aspecto, el 75% de los consultados respondió que una de las prácticas que más afecta su trabajo es el retraso en la entrega de información de orden público, así como la existencia de normas que constriñen sin fundamento el acceso a información del sector gubernamental.

También se advierte que a pesar de que en Panamá está vigente desde 2002 la Ley 6, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, los periodistas que respondieron al sondeo sostienen que tienen que recurrir a las fuentes off the record como segunda opción para lograr información de interés público, como una prueba más de la cultura de la opacidad que caracteriza a miembros del actual gobierno.

Este cuarto informe del Fórum establece, con base a la opinión de los comunicadores encuestados, otras de las prácticas que afectan el derecho a obtener información de interés público y la libre expresión como son: Restringir la entrega de informes de interés público a periodistas con 80%; prohibir a funcionarios de mando responder a cuestionamientos de los periodistas con 50%; acciones legales contra periodistas en el ejercicio de sus funciones con 72%.

También se denuncian las medidas restrictivas en la asignación de publicidad oficial (40%), así como un 62% reconoció que hay amenazas veladas o directas contra periodistas; mientras que un 40% dijo que se han dado presiones de representantes del gobierno para despedir a periodistas.

Además, un 40% dijo que otra acción que pone en riesgo la vigencia de la libertad de expresión es el ofrecimiento de sobornos a periodistas por parte de algunos funcionarios y líderes políticos cuando están cubriendo temas de interés público.

Los encuestados mencionaron como ejemplo de estas acciones los casos de los procesos seguidos a los periodistas Sabrina Bacal y Justino González, acusados por el abogado Rosendo Rivera, y en los que se falló en contra, impidiéndoles además ejercer su profesión por un año, generando una acción intimidatoria entre los demás comunicadores.

También mencionan el incidente de la periodista Birna Yulissa Quintero, quien tuvo que salir de la estación de radio en que laboraba en medio de una lamentable situación protagonizada por la gobernadora Mayín Correa, hermana del propietario de la emisora. Otro hecho fue el ataque verbal que fue objeto Hugo Famanía en abril pasado, por parte del presidente, Ricardo Martinelli.

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