espionaje TELEFÓNICo A POLÍTICOS DE OPOSICIÓN

MP estudia citar a diputado en caso de los pinchazos

El expresidente Martín Torrijos advirtió que hay una ´preocupación marca-da por las escuchas´, que han afectado los derechos de los ciudadanos.

El Ministerio Público (MP) analiza la solicitud hecha por el miembro del Partido Panameñista Luis Ernesto Carles para que se llame a declarar al vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del oficialista partido Cambio Democrático, Marcos González, en la investigación por las supuestas escuchas ilegales a políticos de oposición.

Sin embargo, fuentes del propio MP confirmaron ayer que el procurador, José Ayú Prado, que lleva la investigación, aún no ha llamado a declarar a González ni al secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Mitchell Doens, que junto con Carles denunció haber sido objeto de escuchas telefónicas.

González, por su parte, dijo en declaraciones a Telemetro el pasado 14 de febrero que la “seguridad del Estado” escucha a políticos de oposición.

Aquella vez, al tratar de sustentar su tesis de que había sectores abanicando un golpe de Estado durante las protestas indígenas, González planteó que los “estamentos de seguridad aquí tienen esa información”.

Y cuando el periodista Álvaro Alvarado le repreguntó que quién hacía las grabaciones, respondió que “la seguridad del Estado”.

El procedimiento

Según el exsecretario general de la Procuraduría Rigoberto González, si el MP cita al diputado, sería en calidad de testigo, para que rinda declaración jurada y no como acusado o investigado. “Lo que se está investigando es un hecho en el que él [Marcos González] no está involucrado”, explicó.

Detalló que el diputado González acudiría para “aclarar o decir lo que sabe con respecto a ese tema”, pero no está obligado a presentarse, como lo establece el artículo 2106 del Código Judicial, relacionado con ese tipo de prerrogativas que tienen miembros de la Asamblea y otros funcionarios de alta jerarquía.

En caso de que el diputado se negara a comparecer, el MP tendría que enviarle un cuestionario, según precisó Rigoberto González.

Más reacciones

En tanto, el expresidente Martín Torrijos dijo ayer en Atalaya, Veraguas, que con los pinchazos el Gobierno viola los derechos individuales de algunos ciudadanos.

Además, Torrijos lamentó que con estas escuchas el Gobierno “lo único que está sacando es el bochinche político, sin obtener información que tenga algún valor real, y eso debe ser investigado por las autoridades”.

Por su lado, Carles, que ya declaró en el MP por este caso, reiteró ayer a través de los canales de televisión que la supuesta conversación que se le atribuye y que fue difundida por internet, es falsa.

En entrevista con Álvaro Alvarado, denunció que el espionaje telefónico “es un hecho en el país”, “una práctica” que se hace de manera abierta y que afecta a dirigentes políticos, empresariales y gremiales.

Dijo confiar en que el MP llevará la investigación hasta el final y que se castigue a los responsables.

Alvarado, por su parte, reveló una experiencia que le ocurrió la tarde del 3 de febrero, en medio de la crisis por el cierre de la Interamericana. Él entabló una conversación a través de mensajes directos del Twitter con el usuario cacique1976, y un par de horas después, entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m., recibió un mensaje en su correo electrónico personal con una transcripción exacta de esa conversación.

“¿Quién está en capacidad de hacer eso? Estamos siendo observados por entes que no sabemos bien de dónde vienen”, reflexionó.

El tema de los pinchazos en este gobierno trascendió en 2009, luego de que Wikileaks filtrara cables de la embajada estadounidense en el país, que daban cuenta de que el control por el programa de escuchas Matador, supervisado por la DEA, había enfrentado a esa delegación diplomática con el presidente Martinelli, quien al percatarse de que no podría manipular el sistema le dijo a la entonces embajadora Bárbara Stephenson que ya no necesitaba la ayuda de Estados Unidos para “espiar a sus enemigos”, porque él podía hacerlo a través de otras fuentes.

Más tarde, la exprocuradora Ana Matilde Gómez reveló que Stephenson le dijo en 2009 que le preocupaba el “manejo político” que el Gobierno le estaba dando a las escuchas telefónicas.

(Con información de Víctor Eliseo Rodríguez).

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