MP investiga a varios jefes de estamentos de seguridad

11 expedientes se abrieron por las lesiones a ciudadanos durante los enfrentamientos de octubre de 2012 en la provincia de Colón.
REPRESIÓN. Las protestas se extendieron por una semana. LA PRENSA/Archivo REPRESIÓN. Las protestas se extendieron por una semana. LA PRENSA/Archivo
REPRESIÓN. Las protestas se extendieron por una semana. LA PRENSA/Archivo

El despacho superior del Ministerio Público (MP) mantiene abierta una serie de procesos para determinar si existe responsabilidad de varios jefes de los estamentos de seguridad en las lesiones ocasionadas a personas durante las protestas ocurridas en Colón, en octubre de 2012, luego de la aprobación de la Ley 72 que permitía la venta de tierras en la Zona Libre de Colón (ZLC).

Fuentes del MP dijeron que se les está dando trámite a 11 querellas penales presentadas por ciudadanos colonenses, en las que denunciaron haber sido víctimas de represión y abuso policial por parte de funcionarios del orden público.

En los expedientes se menciona al director de la Policía Nacional, Julio Moltó; al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; al director del Servicio Nacional de Fronteras, Frank Ábrego, y al jefe en ese entonces de la Policía de Colón, comisionado Juan Cerezo.

Explicó la fuente que los denunciantes son personas residentes en distintas barriadas de la ciudad de Colón, que en su mayoría resultaron lesionadas durante estas protestas callejeras que se extendieron por una semana.

Son querellas interpuestas en octubre y noviembre de 2012 por delitos contra la administración y lesiones personales.

La fuente añadió que, esta semana, funcionarios del MP se trasladaron al área donde ocurrieron estas protestas, para tomar declaraciones a los querellantes y además hacer una serie de inspecciones en el lugar.

También se dio a conocer que estas sumarias se encuentran en etapa preliminar de recolección de evidencias para determinar si hay o no responsabilidad de estos jefes de seguridad.

Los expedientes fueron abiertos inicialmente por la Fiscalía Delegada de Colón, luego remitidos a la Fiscalía Tercera de Circuito de esa provincia, pero debido a que se implicaba a funcionarios con mando y jurisdicción nacional, fueron enviados al despacho superior.

Este medio buscó las reacciones del director de la Policía y del ministro de Seguridad, pero se informó que no hablarían hasta que estuvieran listos los resultados de las investigaciones.

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