Manos cortas

Fue durante la celebración del 3 de noviembre de 1999 cuando la expresidenta Mireya Moscoso anunció que durante su naciente mandato habría “mano dura” contra los delincuentes.

Pero el problema de la seguridad era harto complejo y el simple anuncio no bastó para conjurarlo. En 2002 nació una comisión interinstitucional de alto nivel para tratar el problema, cuyos resultados terminaron diluidos y sin respuestas concretas.

Para 2003, los informes oficiales hablaban de un descenso en las cifras de delitos graves, en contravía de la percepción ciudadana que cada día se sentía más amenazada en las calles.

Faltando apenas cuatro meses para terminar su mandato, la administración Moscoso retoma su propósito inicial y lanza el proyecto “Mano dura”, que entre otros propósitos apuntaba a endurecer las penas contra los menores de edad infractores.

Los operativos policiales se intensificaron, pero no prosperó la iniciativa legislativa que le acompañaba.

Pronto el país entró en una nueva carrera electoral. El candidato Martín Torrijos prometía abordar el tema de la seguridad ciudadana desde otro enfoque. Sería el ganador de la contienda.

OTRA MANO

Con 174 homicidios ocurridos en 2004, el tema de la delincuencia era preocupante para la nueva administración, que ya admitía que no era un asunto fácil.

Héctor Alemán, entonces ministro de Gobierno y Justicia, anunciaba en agosto de 2005 una reestructuración de los estamentos de seguridad pública.

El gobierno de Torrijos, no bien comenzada su andadura, había lanzado su plan “Mano amiga”, que buscaba diferenciarse del de su antecesora en el nombre y en el espíritu, ya que aspiraba a atacar las causas de la delincuencia en los barrios y a quitarles “soldados” al hampa: deportes, cine, teatro, charlas, eran algunas de las armas de este programa.

Sin embargo, incluso los expertos lo consideraban bueno, pero insuficiente. El hampa no cedía.

El 28 de agosto de 2007, el Ministerio de Gobierno y Justicia puso en marcha el Programa de Seguridad Integral (Prosi), que ya tenía un año de haber sido creado.

Entre 2005 y 2006 se registraron 58 mil 267 delitos en el país, según cifras oficiales. Y entre enero y junio de 2007 hubo 17 mil 103 delitos, cuatro mil 160 más que en el mismo período de 2006.

En 2008 se avecinaba un nuevo torneo electoral. El precandidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y alcalde del distrito capital, Juan Carlos Navarro, planteaba un plan de “Mano dura de verdad”.

Su proyecto de entonces retomaba elementos de la malograda iniciativa de Moscoso: aumentar las penas a los menores homicidas, establecer la cadena perpetua, crear una unidad elite en la policía y ampliar la capacidad de las cárceles.

Sus planteamientos generaron rechazo, incluso entre el propio gobierno PRD.

En 2009, no obstante, ganó la alianza encabezada por Ricardo Martinelli y se impuso su plan de seguridad: Calles seguras.

Las estadísticas, empero complicaban el panorama: Según el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá era en 2010 un país más violento que una década atrás, al pasar de 299 homicidios anuales en 2000, a 696 hasta noviembre de ese año.

José Raúl Mulino, ministro de Seguridad, cuestionaba un año más tarde la “mano blanda” con la que se manejaban los centros penales del país y exhortaba a aplicar la “mano dura”.

En julio de 2012, el propio Mulino anunciaba la nueva “Estrategia país de seguridad ciudadana”, que se proponía llevar las tasas de homicidio, robo y hurto a 15 casos por cada 100 mil habitantes en tres años.

A comienzos de 2013, Mulino arremetió esta vez contra la legislación penal de adolescentes, que, a su juicio, promueve la impunidad.

Mulino, entre tanto, ha señalado que las políticas de seguridad actuales han sido efectivas y se han bajado los índices de criminalidad.

La percepción no es compartida por muchos ciudadanos.

Menores infractores, tema de discordia

Para algunos, los menores infractores son el principal problema delictivo en las calles panameñas. Para otros se trata de algo complejo que merece atención integral.

Es un tema obligado cuando se habla de políticas de seguridad en el país. Para el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en la práctica el tratamiento del sistema judicial hacia los menores es ineficiente y permite que en pocas horas o días, un menor quede libre y pueda seguir delinquiendo.

Apunta que ello afecta la estrategia contra la delincuencia, que, afirma, ha logrado arrinconar a las pandillas y bandas vinculadas al narcotráfico, cuyos miembros se dedican a otros delitos. Iniciativas de bajar aún más la edad de imputabilidad de los menores (de 12 a 11 años) también genera controversia.

La Unicef, entre otros organismos nacionales e internacionales, cuestiona estas medidas que, no obstante, son populares entre algunos políticos y muchos ciudadanos.

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