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CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Multas para funcionarios si violan Ley de Transparencia

La nueva entidad propone la figura del oficial de información, que será el enlace para coordi-nar que se cumpla la Ley 6 de enero de 2002.
Norma. Henríquez justificó el proyecto al plantear que es una recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA). LA PRENSA/Archivo Norma. Henríquez justificó el proyecto al plantear que es una recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA). LA PRENSA/Archivo
Norma. Henríquez justificó el proyecto al plantear que es una recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA). LA PRENSA/Archivo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuya creación fue propuesta por el Órgano Ejecutivo, fijará multas a los servidores públicos que incumplan la Ley 6 del 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece, entre otras disposiciones, la acción de hábeas data.

El proyecto para crear esta autoridad, que reemplazaría al Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, dirigido actualmente por su secretaria ejecutiva, Abigaíl Benzadón, fue presentado ayer al pleno de la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, y responde a recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este organismo, el 8 de junio de 2010, aprobó la ley modelo sobre acceso a la información pública y una guía para su implementación dispuesta por expertos del Comité Jurídico Interamericano, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el Departamento del Estado y Gobernabilidad, el Departamento de Derecho Internacional y expertos de algunos países y de la sociedad civil en materia de acceso a la información, incluyendo a representantes de Panamá.

Qué dice el proyecto

De acuerdo con el documento, la Autoridad Nacional de Transparencia tendrá 34 atribuciones dentro de las cuales está la de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia, el Código de Ética, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención, previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y otros acuerdos internacionales en materia contra la corrupción y a favor de la transparencia.

Además, según el proyecto de ley, atenderá los reclamos, quejas y situaciones que afecten el derecho de petición, derecho al acceso de la información pública, transparencia, ética y lucha contra la corrupción.

Dispone también promover ante la institución respectiva, que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos. También podrá aplicar multas en caso de que los funcionarios incumplan la ley que crea esta Autoridad y la Ley de Transparencia. Las multas serán hasta por un monto que no supere el 50% del salario mensual del funcionario, siempre y cuando se compruebe el incumplimiento de estas normas.

Defienden propuesta

El ministro Henríquez y la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Abigaíl Benzadón, negaron ayer señalamientos de sectores políticos de la oposición de que con la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia se busque blindar a funcionarios que han sido señalados por la comisión de supuestos actos de corrupción.

Henríquez manifestó que la Autoridad será totalmente autónoma e independiente, ya que el actual Consejo Nacional de Transparencia será sacado del paraguas del Ministerio de la Presidencia.

En tanto, Benzadón precisó que los señalados por actos de corrupción “están en el Ministerio Público, no en mi oficina”.

Indicó que se facilitará el acceso a la información pública y se tratará de corregir todas las situaciones que no están bien dentro de la administración pública.

“No será un ente de protección de personas señaladas por actos de corrupción y nunca lo ha sido”, expresó.

Henríquez sugiere a Benzadón

La Autoridad estará a cargo de un director que será nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional por un término de siete años prorrogables por una sola vez.

Sin embargo, a pesar de que aún no ha sido creada por ley, el ministro Henríquez señaló que Benzadón le va a dar continuidad al tema de la trasparencia.

“Porque ha sido la promotora de la creación de este nuevo ente, aparte de que la trayectoria de la licenciada Benzadón le da todo el mérito para poder ser ella la que continúe en este tema (...) todo ha sido manejado por la licenciada Benzadón, así que yo creo que es garante de que llevará a buen puerto a esta Autoridad”, dijo.

´Propósito loable´

Para el politólogo e historiador Carlos Guevara Mann, armonizar la normativa internacional sobre transparencia y otros temas con la legislación nacional es un propósito loable.

“En lo que a corrupción se refiere, sin embargo, más que la creación de nuevas autoridades, es el afianzamiento democrático de las que ya existen –sobre todo las de naturaleza judicial– lo que daría el mayor impulso contra este mal que nos mantiene sumidos en el tercer mundo”, aseguró.

En tanto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), cuestionó la decisión del Ejecutivo de crear esta Autoridad para reemplazar a la Secretaría de Transparencia contra la Corrupción.

Aseguró que el gobierno necesita mostrar algún avance, ante la realización en septiembre próximo en nuestro país de la V Conferencia de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la VII conferencia y reunión anual de la Asociación Internacional de Autoridades contra la Corrupción, y “consideran que creando este nuevo ´ente´, logran ese objetivo”.

La mirada opositora al proyecto

El diputado panameñista José Luis Varela afirmó que la ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia debe ser consensuada con la sociedad civil y con los políticos. Cuestionó que el mandatario, Ricardo Martinelli, nombre a un director anticorrupción que va a estar en el gobierno del presidente que gane en las elecciones de 2014 y del que triunfe en 2019, ya que su período de nombramiento es por siete años. Precisó incluso que la norma propuesta pretende blindar a funcionarios que en esta administración han sido señalados por actos de corrupción. En tanto, el diputado perredista Rogelio Paredes manifestó que nada será diferente por el hecho de cambiarle el nombre al Consejo Nacional de Transparencia. “Lo que se busca es perpetuar al funcionario de una oficina que no se le ha visto resultados y que ha sido inoperante”, señaló el también miembro de la directiva del opositor Partido Revolucionario Democrático.

Gustavo A. aparicio O.

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