Norberto Odebrecht cede millonario proyecto en Colombia

Debido a los problemas reputacionales que enfrenta la empresa en Brasil, transfirió sus acciones para no afectar la obra en el río Magdalena.

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Jorge Tuñón, presidente de la SPIA, y Aracelis Arosemena, directora del Colegio de Ingenieros. Jorge Tuñón, presidente de la SPIA, y Aracelis Arosemena, directora del Colegio de Ingenieros.
Jorge Tuñón, presidente de la SPIA, y Aracelis Arosemena, directora del Colegio de Ingenieros. Jorge Fernández

La constructora brasileña Norberto Odebrecht cedió su participación mayoritaria en el consorcio que draga el río Magdalena, el más largo de Colombia, por $845.5 millones.

“Odebrecht decidió ceder su participación accionaria dentro de Navelena SAS, en aras de lograr acreditar la solvencia financiera y garantizar así la credibilidad frente al proyecto que se ha visto afectado por los problemas reputacionales que enfrenta la firma brasilera”, informó el consorcio.

A su vez, el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), José Tuñón, pidió tener “mucha reserva” con Odebrecht para garantizar los fondos públicos y proyectos que ejecuta. La SPIA reiteró su propuesta de que se incluya en las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas la prohibición de contratar con el Estado panameño a empresas condenadas en el país o el extranjero.

SPIA: proyecto 305 no garantiza transparencia

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) advirtió que el proyecto de ley 305, que modifica la Ley de Contrataciones Públicas, no contempla las regulaciones necesarias que garanticen un proceso de licitaciones transparentes por parte del Estado.

José Tuñón, presidente de la SPIA, dio a conocer ayer en conferencia de prensa la posición del gremio respecto al proyecto 305, señalando que están dispuestos al llamado a diálogo que hizo el presidente Juan Carlos Varela para redactar una ley que elimine vicios de corrupción en las licitaciones públicas estatales.

La SPIA reiteró las propuestas que hizo al proyecto de ley 305 y que no fueron tomadas en cuenta por el Legislativo. Como primer punto, señalan que toda contratación que realice el Estado en materia de ingeniería y arquitectura debe cumplir con la participación de profesionales idóneos, que garanticen la integridad de las obras.

Además, proponen eliminar los contratos “llave en mano” y de “diseño y construcción” para que sean reemplazados por actos de licitación independientes, como contratos de estudio o consultoría, contrato de diseño, contrato de construcción y contrato de inspección.

El gremio señaló que los términos de referencia deben ser reformulados dentro de la ley para que garanticen la equitativa competencia de empresas y profesionales panameños en los actos públicos.

Otra propuesta que reiteró la SPIA es que se elimine de los convenios marco la inclusión de la “construcción de obras estandarizadas”, porque “atenta contra el ejercicio liberal de las profesiones”. Explica el gremio que no existen obras estandarizadas, ya que cada proyecto tiene su característica particular de ubicación, emplazamiento, condiciones técnicas y ambientales.

En cuanto a las adendas a los contratos, la SPIA recomienda que no deben ser mayores a un 15% del monto original para mantener la transparencia del proceso.

En el proyecto de ley 305 se estableció un tope en las adendas de hasta 40% del monto original de la obra.

Caso Odebrecht

En cuanto a Odebrecht, el presidente de la SPIA reiteró la propuesta de que se incluya en la Ley de Contrataciones Públicas el impedimento de participación de las empresas condenadas por tribunales panameños o extranjeros, por el período que estipule la norma.

Tuñón dijo que la propuesta va encaminada a que lo correcto es que hay que tener mucha reserva con esta empresa y las obras que ejecutan en el país. “Sentimos que esa sería la forma correcta de proceder para garantizar que los fondos del Estado sean aplicados de una manera eficiente y clara”, precisó Tuñón.

Varela reitera apoyo

El presidente Varela reiteró que el proyecto de ley 305 representa un “gran avance”.

El proyecto está pendiente de sanción por el Ejecutivo. Varela llamó a la sociedad civil a redactar un proyecto que contemple medidas anticorrupción en las licitaciones del Estado.

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