Nuevas reglas sobre extradiciones

TRÁMITES El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una mayor injerencia en los casos de extradiciones LA PRENSA/Archivo. TRÁMITES El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una mayor injerencia en los casos de extradiciones LA PRENSA/Archivo.
TRÁMITES El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una mayor injerencia en los casos de extradiciones LA PRENSA/Archivo.

Más allá del “gol” legislativo para reducir a la mitad la prescripción de los casos de corrupción, el proyecto de ley 523, que modificó artículos del Código Procesal Penal inherentes a las extradiciones, otorga al Ministerio de Relaciones Exteriores un rol más protagónico y con ello reemplaza su papel histórico de vehículo diplomático para esos trámites.

Asimismo, el proyecto, aprobado el pasado jueves en tercer debate en la Asamblea, designa a los magistrados de la Sala Penal de la Corte como instancia jurídica para resolver cualquier asunto sobre los trámites de extradición. En el código vigente se habla de “autoridad judicial competente”.

Lo anterior se desprende de una revisión periodística al proyecto ley, que fue presentado ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea el 20 de septiembre de 2012 por el entonces canciller, Rómulo Roux, según Resolución del Consejo de Gabinete del 19 de julio de 2012.

Pese a que se trata de un tema ligado a la seguridad del país, la resolución no lleva la firma del ministro del ramo, José Raúl Mulino.

El proyecto estipula como primera causa para negar una extradición que la persona requerida sea panameña, lo cual confirma lo señalado en el artículo 24 de la Constitución, según el cual “El Estado no podrá extraditar a sus nacionales; ni a los extranjeros por delitos políticos”.

El cambio de rol de la cancillería queda explícito en la reforma al artículo 524, que ahora le otorga la facultad de examinar y decidir sobre la viabilidad o no de una solicitud de extradición, competencia que actualmente recae en un juez.

En el caso de que considere viable la petición, la cancillería debe remitir el expediente a la Procuraduría de la Nación, que, a su vez, ordenará la detención de la persona requerida y deberá enviar el caso a la Sala Penal de la Corte, para que los magistrados avalen o rechacen el procedimiento.

Si procede la solicitud, el plazo para la extradición sigue siendo de 60 días, y el detenido pasaría a órdenes de la Cancillería y no de la autoridad judicial encargada del caso, como está estipulado actualmente.

Si el caso es rechazado, el Estado solicitante puede volver a hacerlo, pero la orden de un nuevo arresto solo es competencia de los magistrados de la Sala Penal de la Corte, quienes también son los únicos competentes para otorgar o no una fianza a la persona requerida en extradición.

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