Transparencia

Obras Públicas viola Ley 6

Norma señala que toda persona tiene derecho a pedir información en poder de las autoridades, sin necesidad de sustentar la justificación.

No han bastado 730 días para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) responda una solicitud de información que hizo este diario –un día como hoy hace dos años–, sobre la tercera fase de la cinta costera.

Al negarse a entregar información, el MOP viola la Ley 6 de 2002, que establece que las instituciones tienen 30 días para proporcionar los datos requeridos.

El 4 de agosto de 2011, el entonces director de La Prensa Fernando Berguido pidió copia del contrato entre el Estado y Norberto Odebrecht, las alternativas presentadas por la constructora, ubicación del proyecto, posibles rellenos y costos desglosados. Esta y otras solicitudes de este medio han sido ignoradas.

Ha sido imposible obtener la comparación de los costos entre las tres alternativas viales que se estudiaron para conectar las avenidas Balboa y la de los Poetas, bordeando el Casco Antiguo.

Aunque un túnel era la propuesta original de la licitación, por la que Odebrecht concursó y ganó el millonario contrato, el gobierno descartó hacerlo al resultar “muy costoso”.

Fue así como se sustituyó el túnel por un viaducto marino, que pone en peligro la conservación del estatus del Casco Antiguo como patrimonio de la humanidad.

La solicitud de Berguido incluyó información sobre la conexión que tendría la vialidad. Específicamente, si la cinta costera llegaría al Puente de las Américas o se conectaría con Amador.

Hoy se conoce que la costanera se extenderá hasta Amador, de acuerdo con señalamientos del presidente, Ricardo Martinelli. Lo que no ha precisado el MOP es si los nuevos trabajos requerirán un aumento de costos.

La cinta costera ha estado marcada por el secretismo. Cuando el gobierno de Martín Torrijos anunció en 2008 que se rellenarían 35 hectáreas en avenida Balboa, el MOP –dirigido por Benjamín Colamarco– evitó entregar los planos a este diario.

En ese entonces, Berguido, en nombre de La Prensa, también presentó un recurso de hábeas data a la Corte para que se hiciera pública la información. Bajo la ponencia de Oydén Ortega, los magistrados concluyeron de forma unánime que Colamarco “vulneró el derecho de acceso a la información pública” y ordenó la entrega de la información.

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