AVERIGUACIÓN POR SUPUESTOS MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS

Obstáculos en auditoría a la UP

El contralor Federico Humbert se quejó ante el rector de la Universidad por impedimentos que enfrentan los auditores. García de Paredes lo niega.

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Federico Humbert (izq.), contralor de la República, y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes. Federico Humbert (izq.), contralor de la República, y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes.

Federico Humbert (izq.), contralor de la República, y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes.

Obstáculos en auditoría a la UP Obstáculos en auditoría a la UP

Obstáculos en auditoría a la UP

El pasado 7 de marzo, el contralor Federico Humbert anunció que auditaría la Universidad de Panamá (UP), tras la denuncia por supuestos malos manejos administrativos interpuesta por el catedrático suspendido Miguel Antonio Bernal.

Una vez se inició la revisión, el personal de la Dirección Nacional de Auditoría General de la Contraloría (Dinag) tuvo tropiezos, sobre todo al indagar sobre los manejos dados a los fondos que recibe la “Fundación Universidad de Panamá”.

La Dinag envió cartas a la UP los días 16, 19 y 24 de marzo, en las que reiteró la solicitud de información sobre el manejo de animales de granja y comercialización de semen a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y sobre transacciones comerciales realizadas sobre 51 fincas propiedad de la UP.

También pidió documentos sobre el manejo de fondos de autogestión, operaciones de la Fundación Universidad de Panamá, y contratos por servicios especiales y consultorías.

La Fundación Universidad de Panamá fue constituida en 1995, durante el primer período del rector Gustavo García de Paredes. Su junta directiva está formada por Sergei de la Rosa (presidente), Jerónimo Averza (secretario), José Santos (tesorero), Ramiro Abaunza (fiscal), Vasco Duke (vocal), Armando Ábrego (vocal) y Virgilio Vásquez (vocal).

Además, los auditores pidieron tres juegos de copias autenticadas de “los estudios previos de aceptabilidad de los productos, en cuanto al tema de composición y percepción de los alimentos deshidratados que fueron suministrados a escuelas oficiales durante el período 2010 a 2014”.

Luego de la solicitud, el rector de la UP, Gustavo García de Paredes, remitió una carta al contralor Humbert el pasado 7 de abril de 2015, en la que le comunicó que toda la información pedida sería organizada y entregada por conducto de la Vicerrectoría Administrativa, a cargo de Nicolás Jerome. Después, el 13 de abril, el director general de Asesoría Jurídica de la UP, Luis Alberto Palacios, comunicó a las vicerrectorías y direcciones de la entidad la decisión del rector.

Una semana más tarde, el 20 de abril, el contralor respondió a García de Paredes y le solicitó garantizar el desplazamiento de los auditores por las diferentes unidades administrativas, y para ello citó el numeral 4 de la Ley 32 del 20 de noviembre de 1984, que adoptó la Ley Orgánica de la Contraloría.

La norma dice: “Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno. Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley”.

Humbert calificó los obstáculos de la UP como “burocráticos, inusuales”, además de que “hacen más extenso el proceso de investigación de la auditoría”.

Sostuvo que los auditores requieren pruebas de cumplimiento de los registros contables en la unidad que los custodia y argumentó que el artículo 31 de la Ley 32 lo permite: “La Contraloría General podrá examinar y revisar los libros de contabilidad, así como las cuentas y documentos relativos a las mismas, de toda organización, sociedad, entidad o dependencia que directa o indirectamente reciba auxilio o subvención pecuniaria de una entidad pública”.

García de Paredes, por su lado, rechazó las acusaciones y aseguró que lo que ha hecho es establecer controles para entregar de manera correcta la información.

“Ellos [los auditores] están haciendo su labor. Van, miran lo que quieren, piden lo que quieren, no hay ningún obstáculo en eso. Las notas que nosotros respondemos al contralor pasan por la Vicerrectoría Administrativa, para que haya un punto de salida de las notas que van a la Contraloría”, indicó.

Según el rector, la centralización de la información no impide que se investigue. “En este país todo genera suspicacia. Pero toda la información que ellos quieren la buscan y se le está dando”, aseguró García de Paredes, quien ha sido rector de la Universidad de Panamá de forma casi ininterrumpida desde hace dos décadas, a partir de 1994.

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