Órdenes vinieron desde prisión

Reos de la cárcel La Joyita dieron instrucciones por teléfono para asesinar a una familia en La Chorrera el pasado viernes.
El Ministerio de Gobierno busca medidas para controlar el uso de celulares en los penales. LA PRENSA/Archivo. El Ministerio de Gobierno busca medidas para controlar el uso de celulares en los penales. LA PRENSA/Archivo.
El Ministerio de Gobierno busca medidas para controlar el uso de celulares en los penales. LA PRENSA/Archivo.

Las órdenes para matar a los cuatro miembros de una familia en La Chorrera habrían sido impartidas desde el interior de La Joyita, informó ayer el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, sin explicar por qué.

El cuádruple homicidio, entre cuyas víctimas figuran dos niños, ocurrió la noche del pasado viernes en las multifamiliares de la comunidad de San Antonio.

“En el caso de La Chorrera, donde se asesinó a una familia entera, todo indica que las instrucciones vinieron de privados de libertad”, confirmó Henríquez.

“El problema es que estén dirigiendo actividades delictivas desde la cárcel”, acotó.

Por este caso, la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar en Panamá Oeste acusó de homicidio, feminicidio y asociación ilícita a nueve sospechosos, dos de estos reos de La Joyita.

El próximo domingo, residentes de La Chorrera marcharán por la paz en la comunidad de San Antonio.

En tanto, las honras fúnebres de las cuatro víctimas se llevarán a cabo el martes 23 de septiembre a las 10:00 a.m. en la iglesia San Francisco de Paula.

ANTENAS

El ministro Henríquez explicó que la ley no impide que los detenidos hagan llamadas telefónicas. “Aquí tendríamos que cambiar la ley y prohibir las llamadas telefónicas para que no fuese un derecho de ellos hacerlas”, precisó.

“Tenemos evidencia de que muchos de los celulares que se utilizan los introducen [en las cárceles] los abogados, policías, custodios o el personal que labora en el sistema penitenciario”, recalcó.

El funcionario manifestó que se está revisando el sistema de antenas de bloqueadores de celulares, “porque no dio el servicio ni estaba bien instalado”.

Las antenas fueron colocadas por el gobierno anterior en las cárceles de La Joya, La Joyita, Las Tablas y Chiriquí, a un costo de 2.5 millones de dólares y actualmente no están funcionando.

En uno de los penales colocaron la torre de bloqueo en el centro del patio y fue tumbada en dos días por los internos, según Henríquez.

A la fecha, dijo, están evaluando una propuesta de las empresas telefónicas para bloquear las llamadas de celulares dentro de las cárceles y a cambio instalarían teléfonos públicos, para que los reclusos hagan sus llamadas únicamente dentro de los penales. Estas llamadas podrían ser monitoreadas con autorización judicial.

“Con esto se brindan elementos de seguridad de que no se utilicen las llamadas telefónicas para dar órdenes de cometer delitos”, argumentó.

Este mecanismo pretende corregir el método actual, que impide monitorear las llamadas de celular de los detenidos.

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