Injerencia del gobierno en la corte suprema y subordinación de órganos contralores

Panamá enfrenta desafíos democráticos, dice informe

El IV informe ´Estado de la región´ refleja una Centroamérica que pierde en democracia, seguridad, derechos fundamentales e institucionalidad.

La injerencia del Ejecutivo en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y la “presión permanente” por subordinar a los órganos contralores son anomalías que evidencia el Gobierno panameño y las cuales ponen en riesgo el estado de derecho, indica el cuarto informe Estado de la región, que analiza la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica.

El informe señala, además, que una de las prioridades del país es la consolidación de la independencia judicial para evitar el debilitamiento institucional y las “situaciones críticas” vividas por países como Honduras (el golpe de Estado de 2009) y Nicaragua (denuncias de fraude en las elecciones municipales de 2008).

Mariela Arce, economista y experta en desarrollo humano del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), comentó sobre estos planteamientos que “es evidente que [en Panamá] hay una debilidad institucional y un evidente presidencialismo en la gestión pública”, consideración que el mandatario, Ricardo Martinelli, niega.

De hecho, en su último discurso en la Asamblea Nacional, Martinelli enfatizó que los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) operan “con total independencia”, pese a que la elección de los magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo, sigue estando en manos del Ejecutivo.

En 2005, cuando todavía era aspirante a la silla presidencial, Martinelli sostenía que urgía modificar el método de elección de los magistrados de la Corte y criticó los nombramientos “salidos del Órgano Ejecutivo y de la agenda de amistades cercanas a la exmandataria [Mireya Moscoso] y sus allegados al poder”.

Martinelli recomendaba que la elección debía hacerse “sin ninguna participación del Ejecutivo” y escogidos por la sociedad civil luego del escrutinio de su trayectoria moral y profesional.

Ayer mismo, sin embargo, tomaron posesión dos nuevos magistrados elegidos, otra vez, por el Ejecutivo: Hernán Antonio De León Batista y Luis Ramón Fábrega Sánchez. El primero era coordinador de la comisión especial que reforma la Constitución y, el segundo, es hermano de la viceministra de la Presidencia, María Fábrega.

Sobre la debilidad institucional, la abogada Belquis Sáez dijo que es consecuencia del desarrollo político del país: el período de la dictadura (1968-1989), la invasión y los 22 años posteriores.

Sobre el impacto de esta fragilidad institucional en los sistemas democráticos, Arce resaltó que el problema es que se “están deteriorando los pocos avances de cultura democrática” logrados.

“El estilo de gobierno [actual] es muy autocrático; no llama al fortalecimiento de la ciudadanía”, agregó.

De hecho, el documento resalta que pese a los problemas que enfrenta la región con sus instituciones y sus democracias, la ciudadanía es poco activa.

“Las excepciones a esta regla fueron el movimiento de resistencia organizado en Honduras y las acciones colectivas de trabajadores registradas en 2010 en Panamá”, refiriéndose a las protestas de los obreros de las bananeras de Changuinola, en Bocas del Toro, que terminaron con dos muertos reconocidos oficialmente y más de 700 heridos por disparos de perdigones hechos por miembros de la Policía Nacional.

debilidades y violencia

El debilitamiento institucional, por otra parte, trae consigo otros riesgos. “La penetración del crimen organizado y un aumento desproporcionado de la violencia, con escasos progresos en los ámbitos social y económico, y en contextos de Esta-dos institucionalmente débiles, configuran una situación de alto riesgo político”, se indica

Esto, más la “incapacidad” del Estado para canalizar demandas sociales acumuladas, está provocando más conflictos relacionados casi siempre con la “indefensión de grupos y comunidades en relación con el uso de los recursos naturales, las condiciones laborales, el desarrollo de obras de infraestructura y la orientación de las políticas de crecimiento económico”.

En el informe se plantea que “en general, la privación del goce de derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más vulnerables se asocia con la ausencia de poder ciudadano”, sin que “en la región como conjunto se identifiquen medidas afirmativas contundentes para reducir las asimetrías del poder”.

Para contener el descontento social, además, los gobiernos están recurriendo al uso de la fuerza y a la violación de los derechos fundamentales, agrega el documento.

Paralelamente, la región también se está “ganando” un lugar nada envidiable como una de las más peligrosas del planeta, pese a la ausencia de los conflictos bélicos que la caracterizaron durante los 70 y los 80.

Según Estado de la región, en 2009 y 2010 la tasa regional de homicidios por cada 100 mil habitantes estaba por encima de 40. Los países más violentos son los del llamado “Triángulo norte”: Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras.

Aunque Panamá no figura en este triángulo, la tasa de homicidios aquí (unos 22 por cada 100 mil) supera la de Nicaragua (11 por cada 100 mil) y la de Costa Rica (9 por cada 100 mil).

Así que, con instituciones débiles y democracias poco fortalecidas; demandas sociales no atendidas y la vulneración de los derechos fundamentales; y con el aumento de varios tipos de violencia, las democracias centroamericanas –sostiene el informe– enfrentan todavía importantes desafíos.

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