análisis de las propuestas de los candidatos

Panamá escoge modelo de país

Voces expertas, como la del economista político Richard Morales, consideran que las propuestas de las campañas tradicionales no apuntan a superar la ´confabulación entre actores del sector privado y público para beneficiarse mutuamente´, a través de la influencia del dinero privado en las campañas. Estas prácticas se consideran amenazas a la democracia y a la visión de un país que busca el desarrollo. El politólogo Carlos Guevara Mann estima que los programas de gobierno revelan la escasa comprensión que sus autores y promotores tienen de los principales problemas institucionales de Panamá.

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Los candidatos tradicionales y los nuevos contendientes intentan convencer al electorado de la novedad y eficacia de sus propuestas para fortalecer la institucionalidad y reducir la corrupción en pro de un real desarrollo. LA PRENSA/Archivo. Los candidatos tradicionales y los nuevos contendientes intentan convencer al electorado de la novedad y eficacia de sus propuestas para fortalecer la institucionalidad y reducir la corrupción en pro de un real desarrollo. LA PRENSA/Archivo.
Los candidatos tradicionales y los nuevos contendientes intentan convencer al electorado de la novedad y eficacia de sus propuestas para fortalecer la institucionalidad y reducir la corrupción en pro de un real desarrollo. LA PRENSA/Archivo.

A 14 días de las elecciones generales, muchas son las promesas que ha escuchado la ciudadanía. Los medios tradicionales y las redes sociales transmiten desde macroplanes de consolidación democrática, hasta eslóganes pegajosos que emanan de los debates, foros, actos oficiales y de los megáfonos que recorren las calles calurosas con un mensaje universal: “Vota por nuestra nómina”.

Señala el abogado Carlos Gasnell, que en la campaña política anterior el tema de la institucionalidad “no había adquirido demasiada importancia, salvo el tema anticorrupción, donde el actual gobierno se comprometió a evitar que los funcionarios ´entraran limpios y salieran millonarios´ a través de medidas que fueron incumplidas”.

“El debilitamiento de las reglas del juego en democracia y la utilización de las mismas en beneficio propio por parte del actual gobierno, han ocasionado que el tema de la institucionalidad sea actualmente uno de los principales temas en los debates públicos, desplazando en ocasiones el tema de la canasta básica y la inseguridad”, señala Gasnell.

Grupos ciudadanos informados coinciden en que ha llegado el momento de hacer un alto y escoger, más que a un mandatario, el modelo del país que se pretende promover a largo plazo. Esto se haría a través de políticas de Estado que dinamicen la implementación de las normativas existentes o a través de profundas reformas constitucionales consensuadas.

Para el abogado procesalista electoral Javier Ordinola, la renovación constitucional es necesaria para abordar los temas como la prohibición de reelección directa para cargos de elección popular, las elecciones separadas (presidenciales y municipales/diputados), los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Tribunal Electoral (TE), procuradores y contralor general, y la forma de juzgarlos, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana.

(Ver nota relacionada).

Institucionalidad bajo escrutinio

El candidato presidencial por la libre postulación Juan Jované promete echar a andar mecanismos institucionales que garanticen a la población instrumentos básicos para exigir sus derechos.

Juan Carlos Navarro, candidato postulado por el Partido Revolucionario Democrático, mejoraría la gestión pública, para que el ciudadano relacione democracia con un mejoramiento de su calidad de vida.

Por otra parte, el candidato del Frente Amplio por la Democracia, Genaro López, proclama que luchará por la construcción de una democracia económica que encare la pobreza y una democracia política con reglas del juego justas para todos.

Por su parte Juan Carlos Varela, abanderado de la nómina “El pueblo primero”, conformada por el Partido Panameñista y el Partido Popular, en su plan de fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, denominado “Renovar la república”, impulsaría un nuevo pacto social que garantice los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Este pacto incorporaría mecanismos de participación ciudadana, fórmulas de control constitucional accesibles a la ciudadanía y limitantes del poder político.

DI CON QUIÉN gobiernas...

José Domingo Arias, candidato postulado por el partido Cambio Democrático y por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, dice que en su gobierno no va a “politizar el tema de la institucionalidad”, sino que la “gobernabilidad” sería su “nuevo estilo de gobierno”. El candidato oficialista parece en principio reconocer las debilidades del “estilo” del actual gobierno, aspirando a cambiar un “modelo del control jerárquico”, por uno que involucre la no intervención entre los órganos del Estado, según reza su plan.

El plan de Arias sostiene que la gobernabilidad requiere de “independencia entre los órganos del Estado”. Esta promesa implica que deberá enfrentar las cifras (calificadas por sus adversarios y por la ciudadanía, de escandalosas) de diputados tránsfugas, que han engrosado las filas de los partidos que le postulan.

El clientelismo político en Panamá, que se percibe incluso internacionalmente, se refleja en la injerencia directa del Órgano Ejecutivo en el Legislativo, que ha demostrado, a juicio de los analistas políticos, sumisión al presidente Ricardo Martinelli. La situación solo es comparable a los escándalos por fallos amañados que abaten la credibilidad de la CSJ.

¿JUSTICIA IMPOLUTA?

Sobre la crisis en la administración de justicia, Arias explica en su plan que en la actualidad persiste en el país “un sentimiento” de que lo judicial “no es totalmente eficiente”. Luego se añade que como el sector justicia ha operado de “forma aislada y descoordinada”, que “ha habido un impacto negativo en los resultados”, lo que se ha reflejado en “inseguridad jurídica, una alarmante mora judicial, un aumento exponencial de la delincuencia y un generalizado descontento social”. En ningún momento Arias reconoce la existencia de corrupción.

En su estrategia de gobierno, el oficialista visualiza la “institucionalización de la cosa pública”, matizándola en los siguientes términos: “Solo así mantendremos la posición que ocupamos en este momento; solo así seguiremos siendo en la región el país de preferencia para la inversión extranjera”. El plan de Arias no propone soluciones a la crisis institucional que la sociedad civil y los gremios económicos han denunciado con gran fuerza, durante los cinco últimos años de gobierno. Crisis que ha permeado ante organizaciones internacionales, como el Foro Económico Mundial, que le han dado una calificación negativa al país en temas como la escasa independencia del sistema judicial, la malversación de fondos públicos, los pagos irregulares y sobornos, el favoritismo en decisiones oficiales, la lucha contra la corrupción entre otros problemas que son comunes entre naciones que no viven un “milagro” como el panameño.

competencia justa

Navarro promete duplicar el presupuesto del Órgano Judicial y entre las medidas en pro de elecciones limpias impulsaría los consensos logrados entre los partidos políticos, la sociedad civil y el TE, en cuanto a mayores medidas de transparencia en materia de financiamiento privado de campañas políticas y promovería la reducción del período de campaña para que no resulte tan oneroso.

No obstante, solamente Varela ha mencionado explícitamente en su plan de gobierno establecer topes máximos y minimizar las donaciones privadas a los candidatos. Esta reforma, entre otras, ya fue rechazada cuando la Comisión Nacional de Reformas Electorales las presentara y después las retirara en 2012, por presiones de la Asamblea Nacional.

cuentas transparentes

Varela promete que por ley eliminaría la prescripción de los delitos de corrupción. Igualmente establecería mecanismos periódicos de rendición de cuentas para las entidades públicas y para las privadas que brinden servicios públicos o administren fondos públicos.

Navarro promete reformar la Ley 59 de 1999, a fin de obligar a las autoridades a auditar periódicamente las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios, no solo al principio y al final de su gestión. El problema, radica en que las declaraciones actuales no son de acceso público, ya que dicha ley no lo exige.

Por su parte, Arias propone de manera escueta “asegurar la debida adecuación y fortalecimiento de la autoridad anticorrupción”, cuya independencia y efectividad es altamente cuestionada. Jované recalca que el principio de la transparencia es vital contra las diversas formas de corrupción; mientras que López se propone crear mecanismos de control ciudadano que obliguen al gobierno a actuar con transparencia y honestidad.

Todos los candidatos citados prometen crear más normativas contra la opacidad administrativa, mas ninguno ha propuesto ejecutar las medidas para que la Ley 6 de 2002 de transparencia (la primera y más revolucionaria en su tipo en Latinoamérica) cumpla el fin para el cual fue creada y se ejecuten sus mecanismos sancionatorios administrativos y judiciales, ya existentes.

descentralización

Navarro y Varela se han comprometido a implementar la Ley 37 de 2009, de descentralización, que fuera “congelada” a petición del Ejecutivo hasta el 30 de junio de 2014. Por otra parte Arias, parece no entender que la descentralización busca fortalecer los gobiernos locales como motor diversificado del desarrollo y no es un mero “vehículo para atender necesidades que el Ejecutivo no alcanza en su diario quehacer”, según reza su plan.

más expertos opinan

El politólogo y economista Richard Morales señala que los candidatos Navarro, Varela y Arias plantean medidas dispersas y ambiguas, al listar medidas “ideales” cuando las políticas públicas deben ser ser “integrales y transversales” para tener algún grado de durabilidad.

En Panamá coexiste una “institucionalidad informal” fundada sobre la corrupción, cuestiona Morales, para quien las limitaciones de las propuestas provienen “de una profunda ignorancia o de una absoluta falta de voluntad para democratizar, adecentar y ciudadanizar la institucionalidad”. Morales asegura que la burocracia se alimenta del clientelismo de campaña y de la concentración del poder en el gobierno, y en los partidos políticos.

´Constitución´: estreno o remiendo

El candidato Juan C. Navarro convocaría reformas a la Constitución, previo consenso nacional, para aprobarlas vía referéndum o por constituyente paralela.

José D. Arias procedería a una “revisión del marco constitucional” y de “los trabajos realizados a la fecha”, para presentar su propuesta al país, especialmente en el tema judicial.

Arias no especifica los mecanismos de reforma, así como tampoco Genaro López, que aboga por una nueva carta magna basada en un debate nacional. Juan Jované especifica que impulsaría una constituyente originaria que consolide las bases institucionales de un país justo.

Mientras que Juan Carlos Varela impulsaría una asamblea constituyente paralela basada en un nuevo pacto social. Para el politólogo Carlos Guevara Mann, la Constitución “dispone un nefasto desequilibrio de poder en favor del Ejecutivo; un pésimo sistema nacional y municipal de representación, penetrado por el clientelismo y la corrupción” .

A su juicio “los candidatos no parecen conscientes de estas graves insuficiencias. Se limitan a realizar planteamientos sin sustancia y proponer reformas cosméticas que no atienden la raíz del problema”. Para el experto, sin una constituyente originaria, democrática e incluyente, el sistema político continuará degradándose y deteriorándose sin remedio”, dijo Guevara Mann.

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