INDÍGENAS DENUNCIARON AL ESTADO POR INCUMPLIR ACUERDOS

Panamá es llevada ante la Corte IDH

En noviembre de 2001, las partes convinieron en llegar a una solución amistosa, pero un año más tarde ese acuerdo fue suspendido.
DENUNCIA. Los indígenas reclaman por la expropiación e inundación de sus territorios ancestrales, para la construcción de la hidroeléctrica Bayano. LA PRENSA/Archivo DENUNCIA. Los indígenas reclaman por la expropiación e inundación de sus territorios ancestrales, para la construcción de la hidroeléctrica Bayano. LA PRENSA/Archivo
DENUNCIA. Los indígenas reclaman por la expropiación e inundación de sus territorios ancestrales, para la construcción de la hidroeléctrica Bayano. LA PRENSA/Archivo

Un nuevo proceso internacional contra el Estado panameño fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por “el incumplimiento de su obligación de proveer a los pueblos indígenas Guna de Madugandí y Emberá de Bayano un procedimiento efectivo para el acceso a su territorio ancestral, y por falta de respuesta a las múltiples denuncias de injerencia dentro de sus territorios por terceros”, tras la construcción de la hidroeléctrica de Bayano en 1969.

Este fue remitido a la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 26 de febrero pasado, basado en una denuncia presentada contra Panamá por el incumplimiento del pago de indemnizaciones económicas tras el despojo e inundación de territorios en 1969 para la construcción de la hidroeléctrica de Bayano.

La denuncia fue presentada en 2000 por el International Human Rights Law Clinic of the Washington College of Law, el Centro de Asistencia Legal Popular (Cealp) y la Asociación Napguanam, debido al incumplimiento del pago de la totalidad de las indemnizaciones a los indígenas por la salida e inundación de sus tierras ancestrales.

Según la CIDH, el Estado panameño incurrió en la falta de reconocimiento, titulación y demarcación durante un largo período de tiempo de las tierras otorgadas al pueblo indígena Guna de Madungandí y Emberá de Bayano.

En sus consideraciones, la CIDH asegura que Panamá no atendió sus recomendaciones de concluir prontamente el proceso de formalización, delimitación y demarcación de sus territorios, y cumplir con otorgarles una pronta y justa indemnización por el traslado, reasentamiento e inundación de sus tierras.

La CIDH sostiene que tampoco se cumplió con los reparos individuales y colectivos a los indígenas por violaciones de sus derechos humanos y trato discriminatorio.

En 2001, los grupos indígenas llegaron a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares, pero un año más tarde este fue suspendido y hasta ahora las autoridades no les han dado respuestas.

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