PERTRECHOS ANTIDISTURBIOS

Pertrechos antidisturbios: $24 millones para reprimir

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El contrato de la izquierda fue firmado por el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y si se comparan los precios de los artículos que este adquirió con aquellos que aparecen en el contrato que rubricó el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez (derecha), se refleja una diferencia significativa a pesar de que la venta la hizo un mismo proveedor. El contrato de la izquierda fue firmado por el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y si se comparan los precios de los artículos que este adquirió con aquellos que aparecen en el contrato que rubricó el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez (derecha), se refleja una diferencia significativa a pesar de que la venta la hizo un mismo proveedor.
El contrato de la izquierda fue firmado por el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y si se comparan los precios de los artículos que este adquirió con aquellos que aparecen en el contrato que rubricó el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez (derecha), se refleja una diferencia significativa a pesar de que la venta la hizo un mismo proveedor.

Mientras en 2013 el entonces ministro de la Presidencia Roberto Henríquez se gastaba la friolera de $15 millones en pertrechos y equipos antidisturbios para el Servicio de Protección Institucional (SPI), su homólogo de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, destinaba simultáneamente otros $9 millones con el mismo fin para otros tres estamentos de seguridad.

“Lo más delicado para un país es tener desabastecidas a las unidades de control de multitudes, que es el primer escalón que hay que subir para evitar la anarquía total”. Así justificó Mulino las dos compras hechas a pocos meses de las pasadas elecciones y que suman, en total, unos $24 millones.

Mulino no cree que esa compra millonaria en equipos, armas y municiones antidisturbios haya sido una “exageración” como opinan conocedores del tema de seguridad pública, ni tampoco que su gobierno haya tenido planes de reprimir al pueblo o violar la Constitución en la pasada campaña electoral, como denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Dijo que el gobierno de Ricardo Martinelli tenía una estrategia de orden público para las elecciones –coordinado con el Tribunal Electoral–, pero evitó hablar de ello.

“A lo mejor el SPI tenía la partida junta cuando se hizo la compra –especuló–, Martinelli era muy dado a decir: ´yo compro y los distribuyo”, agregó, refiriéndose a la adquisición de visores nocturnos para el Servicio Nacional de Fronteras que se hizo a través del cuestionado Programa de Ayuda Nacional (ver nota relacionada).

El SPI, dependencia del Ministerio de la Presidencia, que por entonces dirigía Roberto Henríquez, compró 65 mil granadas lacrimógenas con sus lanzadores; 324 mil proyectiles de pimienta; 5 mil granadas de humo y 35 mil cartuchos de impacto, calibre 12, por mencionar algunas compras.

Esta cantidad de equipos –a juicio de Humberto Macea, exdirector de Logística de las fenecidas Fuerzas de Defensa– “no se usarían aunque haya una manifestación diaria en el país durante cinco años. “Ni siquiera en la época de los militares, se tenían estos implementos”, informó.

Pero Henríquez –que también fue dirigente de la Cruzada Civilista– defendió la compra, hecha a través de cinco contratos directos, cada uno por un monto inferior a los $3 millones.

Dijo que “existía urgencia en adquirir estos pertrechos, de acuerdo con especialistas del SPI y que [por entonces] en el país no habían bombas lacrimógenas y que Panamá debía a Honduras y Colombia un préstamo de este producto”.

Al parecer, el intercambio de bombas lacrimógenas de Panamá con estos países era común. Por ejemplo, entre junio y septiembre del año pasado, en Colombia hubo una serie de protestas sociales masivas. El gobierno de Martinelli cooperó con Colombia enviando miles de bombas lacrimógenas, confirmó Mulino.

¿COMPRA ELECTORAL?

El extitular de Seguridad Pública insistió, una y otra vez, que esas compras no guardaban relación en lo absoluto con el tema electoral.

“Era imposible robarse las elecciones. Martinelli siempre dijo: ´Voy a respetar gane quien gane por un voto, pero no voy a respetar que me la roben por un voto si la ganamos francamente”, reveló.

“El tema del robo de las elecciones es un mito– aseguró Mulino–. Esa es una de las tramas mejor hilvanadas que he visto en mi vida política, y mi olfato político es que al ritmo de una denuncia por día, al único que le explotará la bomba en la mano es al presidente Juan Carlos Varela”, puntualizó.

Bajo su gestión, el Ministerio de Seguridad Pública compró simultáneamente 45 mil granadas lacrimógenas, además de cartuchos de impacto, calibre 12, y escudos de protección balísticos, por casi $9 millones, que distribuyeron entre tres estamentos de seguridad. Esta compra fue refrendada el 1 de octubre de 2013 por la contralora, Gioconda Torres de Bianchini.

Mulino dijo que un inventario de estos equipos en la Unidad de Control de Multitudes (UCM) de la Policía Nacional alcanza solo para unos días de una refriega en la ciudad capital.

Al igual que la compra del Ministerio de la Presidencia, los pertrechos adquiridos por Mulino tenían como proveedor a Ultratech International Enterprises, S.A., liderada por el empresario Félix Fallabella, uno de los principales contratistas de armas y pertrechos antidisturbios del Estado, así como del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

DIFERENCIA DE PRECIOS

Como era común en la administración del gobierno de Martinelli, los proveedores daban distintos precios de sus artículos, según el comprador, evidenciando escandalosos sobreprecios, pese a que los artículos provenían del mismo contratista.

Por ejemplo, en el contrato firmado por Mulino, cada granada lacrimógena triple fase CS costó $85.10, mientras que el mismo producto que adquirió Henríquez costó $77.38.

Ambas compras se realizaron con apenas quince días de diferencia, pero la variación de precios es de $7.72 por unidad: un sobreprecio total de $115 mil 800 ( ver facsímiles).

Asimismo, Mulino pagó $108 mil 675 por una caja que contiene 12 mil proyectiles de pimienta (red pava). Por esa misma caja, Henríquez pagó $94 mil 500, tal como constan en los contratos que ambos firmaron.

La diferencia de precios por cada caja fue de poco más de $14 mil, a pesar de que esos contratos se refrendaron en un intervalo de 22 días.

“Puedo hablar por mí. Estas compras se empezaron a realizar desde el año 2012, y por canales normales tomaban como mínimo 60 días en la Contraloría. Hubo ocasiones en que retenían contratos hasta por seis meses. Esa era una de las peleas que siempre tuve con la Contraloría. Nunca tuve paso expedito”, se quejó Mulino.

El exfuncionario elogió las compañías de Fallabella. Dijo que representan a empresas norteamericanas y que los productos que venden son de calidad.

“Tuve una mala experiencia con una empresa local –omitió el nombre– que nos vendió unos escudos que eran un latón”, comentó.

Justamente, el contrato que él otorgó a una de las compañías de Fallabella incluyó la compra de 20 escudos de protección balístico, valorado cada uno en unos $5 mil. A ello hay que agregar 550 cascos para las unidades de control de multitudes, valorado en unos $2 mil cada uno. Es decir, casco y escudo costaban en su conjunto $7 mil.

Durante la gestión de Mulino también se dotó a las unidades policiales de subametralladoras que se compraron a las compañías de Fallabella.

“Invertimos mucho en la Fuerza Pública. El Ministerio de Seguridad no es un ministerio para rescatar almas perdidas. Es para reprimir el delito y a los delincuentes”, sentenció.

Desde hace dos semanas, este diario dejó mensajes en el celular del empresario Fallabella para conocer su versión, pero no respondió.

Esquivan Ley 22 de Contrataciones

El Ministerio de la Presidencia también utilizó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) –bajo la dirección de Rafael Guardia– a fin de comprar equipos para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entidad bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

Por ejemplo, el 10 de abril pasado, la contralora Gioconda de Bianchini refrendó cuatro órdenes de compra del PAN para adquirir visores nocturnos para el Senan, cada una en promedio de unos $250 mil, monto máximo que podía autorizar Guardia. Pero el PAN no se creó para este propósito. Su misión es “atender las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada del país, con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza, promover y realizar proyectos de asistencia social en las comunidades”.

“El expresidente [Ricardo] Martinelli le compraba los visores nocturnos al Senan de su partida [discrecional]”, comentó el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, al tiempo que indicó que esa institución ya tiene unos 300 visores nocturnos. La Ley 22, que rige las contrataciones públicas, establece: “No se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda...”. El proveedor de estos equipos fue Ultratech International Enterprises, S.A., representado por el empresario Félix Fallabella.

SANTIAGO CUMBRERA

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