SIP solicita el archivo del anteproyecto de periodismo

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En el informe final de la SIP, presidida por el peruano Gustavo Mohme (extremo izquierdo), se calificó de ‘grave’ el anteproyecto de ley que se presentó en la Asamblea Nacional para regular el periodismo en Panamá. En el informe final de la SIP, presidida por el peruano Gustavo Mohme (extremo izquierdo), se calificó de ‘grave’ el anteproyecto de ley que se presentó en la Asamblea Nacional para regular el periodismo en Panamá.

En el informe final de la SIP, presidida por el peruano Gustavo Mohme (extremo izquierdo), se calificó de ‘grave’ el anteproyecto de ley que se presentó en la Asamblea Nacional para regular el periodismo en Panamá.

Juan Moya Juan Moya

Juan Moya

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Al finalizar su 71 Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al presidente Juan Carlos Varela a hacer todos los “esfuerzos posibles” para archivar el anteproyecto de ley presentado para regular el ejercicio del periodismo en Panamá.

Además, el organismo alertó que Panamá es uno de los países que ha aumentado los límites de acceso a la información pública en manos del Estado.

En su informe final, la SIP también reiteró la falta de libertad de prensa y de expresión en la región.

Piden a Varela archivar iniciativa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al presidente Juan Carlos Varela a “realizar todos los esfuerzos posibles” para archivar la iniciativa presentada por el diputado panameñista Juan Moya que pretende regular el ejercicio del periodismo.

Esta petición forma parte de la resolución sobre Panamá, que fue redactada al finalizar la 71 Asamblea General de la asociación periodística, que se llevó a cabo en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

La SIP también resolvió“instar al presidente de la Asamblea Nacional y demás diputados para que defiendan la libertad de prensa, de expresión y de información y que impulsen los trámites necesarios para el archivo definitivo del anteproyecto de ley ‘Que reglamenta la carrera profesional del periodista y del reportero gráfico en Panamá”.

La SIP fundamentó su solicitud al considerar que el anteproyecto de ley “contiene normas desde innecesarias hasta muy graves contra la libertad de expresión, de opinión y de prensa, limitando derechos consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia ‘Constitución Política de la República de Panamá”.

Además, la asociación advierte de que no ha recibido una respuesta formal al respecto por parte de Varela, a quien le dirigieron una carta sobre el tema de forma conjunta entre el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.

Sin embargo, el mandatario panameño se refirió esta semana por primera vez al respecto. “Ese anteproyecto es un tema totalmente aislado de un diputado, a quien, a nivel de partido, se le comunicó que había un desacuerdo. Lamento que nuestro país sea expuesto [en un tema como este] cuando hay un gobierno totalmente respetuoso de la libertad de expresión, que a la vez le toca respetar las iniciativas legislativas que tienen los diputados, pero ese anteproyecto no ha tenido ningún tipo de avance ni lo tendrá”, afirmó.

Por su parte, Moya resaltó la posición del Gobierno ante un tema que consideran nocivo para la sociedad, pero también advirtió de que “si el Gobierno me tiene que decir a mí qué debo hacer, entonces para qué soy diputado”.

Afirmó, además, que en los próximos días anunciará si mantendrá el anteproyecto, si lo retirará o lo “dejará morir”.

A finales de julio pasado, el diputado panameñista presentó este anteproyecto ante el pleno de la Asamblea Nacional y luego trasladado a la Comisión de Comunicación y Transporte.

Sin embargo, esta Comisión aún no lo ha prohijado. Según el reglamento orgánico del Legislativo, el anteproyecto que no sea acogido por su Comisión antes de que finalice la administración en la que fue presentado, tendrá que volverse a introducir con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

En el informe final de la SIP, en el que se recogen las principales amenazas y advertencias de la región en temas periodísticos, se volvió a mencionar la propuesta de Moya. “Se estudia una iniciativa de ley que, entre otras graves restricciones a la libertad de expresión, impone la colegiación obligatoria y establece sanciones de cárcel por el ejercicio ilegal del periodismo”, advierte.

Al respecto también opinó el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien calificó la iniciativa como “un retroceso para Panamá en materia de libertad de expresión”, y agregó que el país debería avanzar en una legislación que vaya acorde con los estándares internacionales sobre la regulación periodística.

El jurista también afirmó que “los periodistas ejercen su profesión al conjugar verbos en los artículos que consagran la libertad de expresión, buscan, reciben y difunden información, y poner trabas a eso es limitar la libertad de expresión”, por lo que la Comisión de acreditación que propone el anteproyecto iría en contra de los estándares internacionales actuales.

MÁS SOBRE PANAMÁ

La SIP también hizo alusión a las pesquisas por los casos de escuchas ilegales que implantó el gobierno de Ricardo Martinelli a través de costosas máquinas de espionaje, que desaparecieron con el cambio de mando.

Una de ellas fue a través de un contrato por tres años y $750 mil con la empresa italiana Hacking Team, que igualmente pactó con varios otros países de la región por servicios similares.

Por ejemplo, durante la asamblea de la SIP se trataron los alcances de la plataforma de interceptación conocida como “Puma” en Colombia, utilizada para monitoreos ilegales de la actividad periodística por la Policía Nacional en ese país.

El informe final también advirtió que en varios países del área, entre ellos Panamá, se han incrementado las limitaciones al acceso a la información en poder del Estado. Los otros países en los que ocurre el mismo fenómeno, según la SIP, son Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

SITUACIÓN EN EL ÁREA

Después de varios debates con las delegaciones de los países que integran la SIP, la asociación concluyó que las principales alarmas en el continente son la “violencia que no cesa contra medios y periodistas; multiplicación de leyes, proyectos y presiones gubernamentales que intentan controlar el libre flujo informativo en los medios tradicionales y también en las nuevas plataformas; restricciones al acceso a la información pública; asignación discriminatoria de publicidad oficial y mayor concentración de medios en sectores vinculados con los gobiernos”.

Además, advirtieron que “ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite. Ello ocurre inclusive en países tradicionalmente garantistas de la prensa libre, y en algunos casos bajo el paradójico argumento de promover mayor pluralismo, de garantizar el derecho al olvido o de poner freno al ‘discurso del odio”.

La SIP también hizo hincapié en su informe final que el avance de sicarios del narcotráfico y pandillas urbanas genera riesgos ciertos para las libertades ciudadanas y las de expresión y prensa en particular, y, por ende, para la consolidación de la democracia en el continente.

Así mismo, reprocharon “el accionar ilegal y en muchos casos impune del crimen organizado, de bandas de traficantes de drogas y de grupos parapoliciales, que desde marzo último ha dejado un saldo de 11 periodistas asesinados”.

También afirmaron que en varios países de la región “se produjeron agresiones físicas, atentados, coacciones o amenazas contra periodistas y medios por razones vinculadas al ejercicio de su actividad”.

Por ejemplo, advirtieron que en Bolivia tres periodistas fueron detenidos y encarcelados temporalmente en represalia por sus denuncias sobre corrupción en la administración pública. En Guatemala y Argentina, añadieron, hubo represión a reporteros que cubrían procesos electorales; y en Perú, Ecuador y Brasil, a quienes informaban sobre conflictos y reclamos sociales.

La directiva de la SIP resaltó a Venezuela como uno de los países en los que actualmente ocurre mayor número de violaciones a la libertad de prensa, incluso aseguró que allí se consolida un totalitarismo comunicacional de Estado. “En lo que va del año, se han registrado 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la información”, indica el informe.

De acuerdo con este documento, en Cuba, aún con el restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de ese país y Estados Unidos, “hay pocos avances en las libertades de expresión, asociación y prensa, y siguen encarcelados dos periodistas. Persiste la censura sobre sitios digitales críticos, se revisa el correo electrónico, se suspende la telefonía móvil y se agrede de manera física y verbal a activistas y periodistas independientes, entre otros esquemas represivos”.

También señala a Ecuador como uno de los países con peores índices de libertad de prensa. “Continúan los enlaces presidenciales de los sábados, que señalan y estigmatizan a quienes se atreven a disentir con el oficialismo”, destaca.

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