HOMICIDIO DE LA ARQUITECTA CRISTINA MARÍA GARCÍA ELETA

Piden pena máxima para SPI

El Ministerio Público afirmó que del arma del teniente Felipe Beitía salió el tiro que mató a la profesional, pero su abogada dijo que este hecho no se comprobó.

La pena máxima de cuatro años de prisión podría ser aplicada al teniente (r) del Servicio de Protección Institucional (SPI) Felipe Beitía, acusado por el homicidio de Cristina María García Eleta, hecho ocurrido el 17 de octubre de 2007 durante un asalto a la sucursal del Idaan en Corozal.

En el juicio, realizado ayer en el Juzgado Cuarto Penal, la fiscal décima de circuito, Vielka Vargas, pidió al juez Fabio Fernández la pena máxima por homicidio culposo, según el Código Penal de 1982 y vigente al momento del suceso.

En su alegato, Vargas aseguró que el disparo que mató a García provino del arma de Beitía y que los agentes del SPI que acudieron a la escena para intentar frustrar el robo incumplieron el procedimiento para atender una situación de rehenes.

En tanto, la abogada de la familia de la víctima y acusadora particular, Guillermina Mcdonald, advirtió que los agentes del SPI no debieron usar la fuerza y pudieron aplicar acciones para reducir a los asaltantes sin arriesgar la vida de los presentes en el Idaan.

Denunció que en la investigación del caso, Beitía mintió al decir que no estuvo en el lugar y luego que no disparó, pese a que los peritajes demostraron lo contrario.

Pero su abogada, Ronalda Hurley, aclaró que nunca se determinó con certeza la procedencia del proyectil.

La fiscalía también pidió condena para los acusados del robo, delito del que se declararon confesos Oscar Torrenegra, José Arias y Oscar Pinzón. Mientras, Reginaldo Bailey, Eliécer González, Vicente Acuña y Kenia Castillo se declararon inocentes, y el juez se acogió al plazo de 30 días para fallar.

En febrero de 2011, el juzgado declaró extinguida la acción penal contra los agentes del SPI Máximo Moro, Enrique Chen, Benjamín Chillambo y Luis Gallardo, investigados al inicio del caso. Todos habían sido indultados el 11 de mayo de 2010 por el presidente, Ricardo Martinelli.

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