DEFENSORA DEL PUEBLO EN MANOS DEL PLENO DE LA ASAMBLEA

Piden remoción de Portugal

El pleno de la Asamblea Nacional deberá decidir si acoge la recomendación de la Comisión de Credenciales de remover del cargo a la defensora.
Patria Portugal, en compañía de su abogado Rogelio Cruz, se presentó el pasado lunes ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional a responder un cuestionario. LA PRENSA/ Jorge Fernández. Patria Portugal, en compañía de su abogado Rogelio Cruz, se presentó el pasado lunes ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional a responder un cuestionario. LA PRENSA/ Jorge Fernández.
Patria Portugal, en compañía de su abogado Rogelio Cruz, se presentó el pasado lunes ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional a responder un cuestionario. LA PRENSA/ Jorge Fernández.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió ayer recomendar al pleno proceder con la remoción de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, “por negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo”, en el proceso de contrataciones de consultorías en las que presuntamente se habrían cometido algunas irregularidades.

Luego de algunas horas de sesión interrumpida, ante la necesidad de que los miembros de esta instancia acudieran al pleno a participar de algunas votaciones, los diputados oficialistas avalaron recomendar la remoción de Portugal, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 11-B de la ley 7 de 1997 [que crea la Defensoría del Pueblo], reformada por la Ley 41 de 2005.

Este numeral establece como una de las causales para suspender o remover del cargo al defensor del Pueblo, “la negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo”.

A puerta cerrada, el presidente de esta comisión, Mario Miller; Abelardo Antonío, Antonio Pope (suplente de José María Herrera), Manuel Cohen, todos de Cambio Democrático (CD); Osman Gómez y Francisco Alemán, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), avalaron solicitar la remoción de Portugal. Mientras que el diputado perredista Leandro Ávila se abstuvo de votar. Francisco Eloy Vega, del PRD, y el panameñista José Luis Varela no acudieron a la sesión.

En la resolución que remitirán al pleno posteriormente, los comisionados de Credenciales, luego de analizar la documentación de este caso y las respuestas dadas por Portugal durante sus dos comparecencias a la Asamblea (una ante el pleno y otra a la Comisión de Credenciales), consideran que “existen indicios de oportunidad y mala justificación en la aprobación de los contratos objeto del cuestionario ante el pleno, lo que configuraría una falta disciplinaria al tenor de lo señalado en el numeral 2 del artículo 11-B de la Ley de la Defensoría”.

Portugal es investigada por peculado y fue suspendida del cargo por petición de la procuradora de la Nación, Ana Belfon, por la comisión de supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Imaginarium Studio, S.A., presidida por el militante de CD Jean Paul Ortega Ramírez, de 23 años, por $250 mil para una consultoría de diseño.

También se le cuestiona otro contrato directo por $200 mil a la empresa En Avant, S.A. [propiedad de Jazmine Ramírez, madre de Ortega Ramírez] para capacitar al personal en la atención al usuario.

Se indica en la resolución de la comisión que toda vez que al conocer el parentesco entre los dos representantes legales de las sociedades señaladas, “era su obligación no aprobar uno de los contratos y cumplir con las otras disposiciones legales señaladas en este informe”.

Pleno, sin definir

Minutos después de que la comisión tomara esta decisión, el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, manifestó que el pleno discutirá este informe en días próximos.

Pidió paciencia. “El pleno tiene que contar con 47 votos para aprobar la remoción de la defensora. Yo siento que hay una gran mayoría de diputados que tiene una posición casi consensuada para que se acoja la petición de la Comisión de Credenciales y sea removida Patria Portugal. Creo que va a ser una votación bastante superior a los 47 votos”, precisó.

Para remover a la persona defensora del Pueblo, según la Constitución, se requiera de dos tercios de los votos de los diputados de la Asamblea, es decir 47 votos de un total de 71.

En tanto, el diputado perredista Leandro Ávila recordó que hay un mandato de la cúpula de su partido referente a que si no se cita también a la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, no avalarían este tema. “La bancada del PRD ha quedado prácticamente inhibida de votar por la destitución de la defensora. Si por mí fuera y tuviera la libertad de accionar, daría mi voto para que salga de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo.

Mientras que en el Partido Panameñista hay división en torno al asunto.

Sala Penal ratifica medidas cautelares

El Tribunal de Apelaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó ayer las medidas cautelares de separación del cargo como defensora del Pueblo e impedimento de salida del país a Patria Portugal, acusada de peculado por supuestas irregularidades en la firma de un contrato por $250 mil con la empresa Imaginarium Studio, S.A. para una consultoría y el rediseño de la página web de esa institución.

En esta audiencia de apelación, que duró casi una hora, no estuvo presente Portugal.

Este proceso tuvo como ponente al magistrado Harry Díaz, y su decisión fue avalada por sus colegas Gabriel Fernández y Luis Carrasco, suplentes de los magistrados José Ayú Prado y Jerónimo Mejía, respectivamente.

El Tribunal de Apelaciones coincidió con la decisión que dictó el pasado 24 de julio el juez de garantías, magistrado José Ayú Prado, en la que se concluyó que la Asamblea Nacional solo tiene potestad para destituir del cargo a Portugal en la esfera administrativa y que en lo referente a los casos penales la competencia es exclusiva de la Sala Penal de la Corte Suprema.

En sus alegatos, Luis Santamaría, abogado de Portugal, empezó dando disculpas porque su clienta no pudo asistir a la audiencia por problemas de salud. Además, solicitó la revocatoria de la suspensión aplicada a Portugal. En tanto, la procuradora Ana Belfon pidió mantener las medidas cautelares porque, a su juicio, existe la posibilidad de que se destruyan pruebas del caso.

Rubén Polanco

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