Tribunal de Integridad juzgaría a servidores del sistema judicial

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La propuesta fue presentada ante la Asamblea Nacional por primera vez en 2009 por el magistrado Harley Mitchell. La propuesta fue presentada ante la Asamblea Nacional por primera vez en 2009 por el magistrado Harley Mitchell.
La propuesta fue presentada ante la Asamblea Nacional por primera vez en 2009 por el magistrado Harley Mitchell.

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El proyecto de ley de carrera judicial, aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional en tercer debate, crea un Tribunal Especial de Integridad y Transparencia que estará a cargo del juzgamiento y la imposición de sanciones por faltas que cometan los funcionarios del Órgano Judicial.

En la actualidad, el mismo jefe superior es quien nombra y juzga a los servidores en el sistema judicial.

Este tribunal estará conformado por tres magistrados especiales, quienes tendrán la tarea de juzgar y sancionar a los funcionarios.

El proyecto –pendiente de sanción por el Ejecutivo– crea un bono de retiro por antigüedad, al que podrían acogerse por lo menos 600 servidores en edad de jubilación.

Piden sancionar ley de carrera judicial

Luego de seis años de haber sido presentado ante la Asamblea Nacional (2009), el proyecto que crea la ley de carrera judicial está a un paso de convertirse en ley de la República, ya que solo espera por la sanción del Ejecutivo y su promulgación en la Gaceta Oficial.

El proyecto de ley, que ha sufrido varios tropiezos, incluyendo un veto presidencial por parte del actual jefe del Ejecutivo, establece como punto modular la creación de un sistema de selección del personal a través de concursos de méritos, en el que el superior jerárquico solo intervendría para oficializar el nombramiento y no para recomendarlo.

A juicio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harley Mitchell, la iniciativa es positiva porque traerá estabilidad, concursos transparentes, una reorganización total del Departamento de Recursos Humanos y la creación de algunas instancias para garantizar la representación de los distintos componentes humanos del Órgano Judicial en los organismos de selección.

Explicó que el Tribunal Superior nombrará a los jueces, pero no va a participar, como pasa ahora, en el proceso de selección. Para tal fin, se crea una unidad especial que participará en el proceso de selección, y el Tribunal Superior nombrará sobre la base del que gane el concurso de escogencia.

En tanto, los jueces de circuito no nombrarán directamente a los jueces municipales, sino basados en un proceso especial de mayor puntaje.

Para Anacita Rowe, representante técnica del Órgano Judicial en el tema de la carrera judicial y presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas, con este sistema de “ingreso transparente” los más competentes serán los que concursarán por las plazas de trabajo. “Se acabaron los nombramientos por amistad”, dijo la funcionaria, quien pidió al Ejecutivo sancionar el proyecto de ley.

La norma aprobada también incluye un sistema de evaluación del desempeño de los servidores del Órgano Judicial, magistrados y jueces y para los funcionarios administrativos.

Además, obliga a los funcionarios a rendir cuentas y publicar estadísticas con la indicación puntual de la fecha de ingreso de los procesos, la situación actual y el despacho donde se encuentra cada expediente.

TRIBUNAL ESPECIAL

De igual manera, en las distintas instancias judiciales el superior no va a juzgar al subalterno, pues ahora se crea el Tribunal de Integridad y Transparencia, un ente independiente que juzgará y aplicará las sanciones por las faltas cometidas por los servidores públicos del sistema de justicia. En la actualidad, el mismo jefe superior es quien nombra y juzga a los subalternos.

Este tribunal estará conformado por tres magistrados especiales, que deberán ser nombrados posteriormente. Además, los jueces y empleados administrativos tendrán un defensor ante las acusaciones que se les formulen y podrán recomendar el nombramiento de este ante el pleno de la Corte.

“El superior solamente va a ver lo que la Constitución manda, ver las apelaciones; es decir, que no va a nombrar directamente ni va a sancionar al inferior, lo cual significa mayores garantías, más independencia y menos centralización en cuanto a apelaciones, nombramientos y sanciones”, precisó el magistrado Mitchell.

BONOS DE ANTIGÜEDAD

Se eliminó del proyecto el pago de un retiro compensatorio para los funcionarios, jueces y magistrados, figura que había provocado el veto del Ejecutivo. Ahora se aprobó en la ley un bono de retiro por antigüedad.

En materia de personal, al establecerse un esquema de compensación por antigüedad, se permitirá oxigenar al Órgano Judicial abriendo paso al retiro de funcionarios en edad de jubilación, según el proyecto de ley.

De acuerdo con la iniciativa, consensuada por magistrados de la Corte, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Órgano Judicial, los miembros de la carrera judicial tendrían derecho a la bonificación por antigüedad en los casos de supresión de empleos, renuncia o jubilación.

La bonificación se calculará en función de los años de trabajo desempeñados en el Órgano Judicial.

En este sentido, estos servidores tendrán derecho a bonos por 4 meses de su sueldo al completar 10 años de servicio; a 6 meses de sueldo al completar 15 años; a 8 meses de sueldo al completar 20 años; y a 10 meses de su salario al tener 25 años de servicio.

Según el proyecto, los servidores judiciales que gocen de estabilidad otorgada por leyes anteriores y que tengan más de 10 años de servicio en la institución, también se beneficiarán de los derechos consignados en la propuesta.

Para Rowe, esta disposición será muy conveniente para muchos funcionarios jubilados que están cansados de trabajar y que solamente esperan la sanción de la ley, ya que no existe un mecanismo que les dé ese equilibrio y que les permita salir de algunas obligaciones económicas para retirarse.

Según Rowe, el proyecto permitiría que unos 600 funcionarios con edad para jubilarse y que aún trabajan en el sistema se retiren con el goce del bono.

La ley de carrera judicial es uno de los compromisos del Pacto de Estado por la Justicia, suscrito en 2005.

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