Mayer Mizrachi

Plataforma Criptext

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Mayer Mizrachi es investigado por el contrato para instalar la plataforma Criptext. Mayer Mizrachi es investigado por el contrato para instalar la plataforma Criptext.
Mayer Mizrachi es investigado por el contrato para instalar la plataforma Criptext. Archivo

El Juzgado Decimotercero Penal no ha fijado aún una nueva fecha para la audiencia preliminar del proceso que se sigue al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén, a los exfuncionarios de esa entidad Eduardo Briceño, Edgar Rodríguez y Adonay Ortega, y al comerciante Mayer Mizrachi, por la supuesta comisión del delito de peculado.

¿La razón? El Segundo Tribunal Superior Penal no ha resuelto la apelación a un incidente de nulidad ni la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por uno de los acusados.

Desde que el Ministerio Público (MP) inició hace 31 meses esta investigación –relacionada con supuestas irregularidades en un contrato suscrito por la AIG para la instalación de la plataforma digital Criptext, y originada por una denuncia del actual administrador de la entidad, Irving Halman–, el juzgado ha suspendido cinco convocatorias para la audiencia preliminar.

De hecho, han pasado 23 meses desde que el MP remitió la vista fiscal del caso al Órgano Judicial, según consta en un monitoreo de denuncias por supuestos hechos de corrupción efectuado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

CRIPTEXT

La vista fiscal de este caso, emitida por la Fiscalía Primera Anticorrupción en septiembre de 2015, señaló que Jaén tenía pleno conocimiento de que no existía amenaza a la seguridad de las comunicaciones panameñas, aspecto que justificó el contrato con la empresa Innovative Venture, de Mizrachi, para instalar la plataforma Criptext en dispositivos de personal de los estamentos de seguridad, y por el que el Gobierno pagó $211 mil 850.

Según el documento, Jaén dio la orden de proceder para el pago del contrato sin siquiera haber instalado las licencias pactadas en la transacción.

La fiscalía también advirtió en ese momento que Innovative Venture no fue la que llevó a cabo la instalación de Criptext. Este proceso lo habría hecho Adonay Ortega, consultor de la AIG.

Plataforma Criptext Expandir Imagen
Plataforma Criptext

Además, la fiscalía afirma que la instalación se hizo un mes después de que a Mizrachi se le pagó lo pactado en el contrato.

La herramienta fue dispuesta en dispositivos privados de funcionarios de la AIG, que de paso no sabían de la existencia del contrato, según la investigación.

Incluso, Halman señaló que Criptext no fue instalada en celulares de funcionarios de la Policía Nacional y de los ministerios de Seguridad, Público y de la Presidencia, como lo estipulaba el contrato, sino a 96 servidores de la AIG, y que solo el 23% de estos la usó.

LA RUTA DEL DINERO

Una auditoría forense que realizó la Contraloría General de la República en noviembre de 2015 indica que el 12 de mayo de 2014, la AIG pagó a Innovative Venture un cheque por $204 mil 920, el cual fue depositado en una cuenta de la empresa en el Banco Panamá y luego, el 26 de mayo de 2014, la contratista transfirió $60 mil a otra cuenta a su nombre en el Banco Aliado, monto que después fue traspasado a Caribbean Holding Services, de Aaron Mizrachi, padre de Mayer Mizrachi.

Un día después, el 27 de mayo –según la auditoría– Innovative cedió $44 mil 938 a través de ACH a una cuenta de GFI Investment, S.A., en Capital Bank. GFI Investment, S.A., tenía como firmante a Olmaris Lezcano Pérez, exempleada de confianza de Eduardo Jaén en la AIG.

GFI Investment recibió otro pago el 10 de junio de 2014, procedente de Caribbean Holding Services, que le transfirió $59 mil 926.

Implicados y posible lesión

Mayer Mizrachi fue detenido en Colombia el 29 de diciembre del año 2015, a raíz de una alerta roja de Interpol solicitada por el Ministerio Público de Panamá.

A Mizrachi, al igual que a Eduardo Jaén, Adonay Ortega, Eduardo Briceño y Edgar Rodríguez, se le formuló cargos por la supuesta comisión del delito de peculado.

Todos los investigados en este hecho tienen medida cautelar de impedimento de salida del país. Solo Jaén está detenido provisionalmente, aunque como parte de otra investigación por supuestas anomalías en la compra de un software de la marca SAP.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, hecho en noviembre de 2015, detectó en este caso una posible lesión patrimonial por $204 mil 920.

En total, por este caso, se cautelaron $290 mil 393. A Mizrachi se le cauteló $78 mil 543 y a Jaén $211 mil 850.

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