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sobreseimiento provisional

Proceso por destrucción de humedales no prosperó

Varias denuncias penales han sido presentadas por daños a los recursos naturales del país, pero a la fecha no se han visto resultados.
DEFORESTACIÓN. En el área sur del corregimiento de Juan Díaz es evidente cómo se talan hectáreas de manglares para dar paso a proyectos de construcción relacionados con el sector inmobiliario, centros comerciales y galeras para el depósito de mercancías. LA PRENSA/Eric Batista DEFORESTACIÓN. En el área sur del corregimiento de Juan Díaz es evidente cómo se talan hectáreas de manglares para dar paso a proyectos de construcción relacionados con el sector inmobiliario, centros comerciales y galeras para el depósito de mercancías. LA PRENSA/Eric Batista
DEFORESTACIÓN. En el área sur del corregimiento de Juan Díaz es evidente cómo se talan hectáreas de manglares para dar paso a proyectos de construcción relacionados con el sector inmobiliario, centros comerciales y galeras para el depósito de mercancías. LA PRENSA/Eric Batista

El 10 de agosto de 2012 el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y la Fundación MarViva presentaron una denuncia penal en el centro de recepción de denuncias del Ministerio Público para que se investigara si las lesiones producidas a los humedales que están en Juan Díaz, Tocumen y Pacora, incluyendo el sitio Ramsar bahía de Panamá, eran delitos contra el ambiente castigados con cárcel.

La acción penal buscaba que el Ministerio Público empezara una investigación que permitiera comprobar la existencia de un hecho punible, el alcance y la extensión de los daños que se estaban produciendo e identificar a los autores o partícipes de la destrucción.

Tanto el Ciam como la Fundación MarViva denunciaron que en los humedales de la bahía de Panamá se estaban llevando a cabo actividades de construcción y desarrollo inmobiliario, que ponen en peligro la permanencia de esos recursos naturales que “son de gran importancia biológica”.

Según la denuncia, algunos de estos proyectos habían seguido criterios de estudios de impacto ambiental categoría I en los que solo bastaba una mera declaración jurada que indicara que no había afectación al ambiente, cuando en realidad eran obras que requerían estudios categorías II y III por el tipo de intervención en los manglares y humedales.

Además, la queja hacía referencia a que los usos de suelo en dicha área habían sufrido modificaciones a través de esquemas de ordenamiento territorial aprobados, “desconociendo las normas ambientales y urbanísticas que establecen que esos humedales son reservas ecológicas silvestres y áreas verdes”. Es decir, se trataba de una zona que requería permisos especiales para intervenirla.

La querella contó con el respaldo de cerca 20 organizaciones ambientales del país, como Sociedad Audubon de Panamá, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otras.

Sin embargo, hace poco esas agrupaciones recibieron una mala noticia: la Fiscalía Quinta de Circuito recomendó el “sobreseimiento provisional” del expediente. En otras palabras, la fiscal que llevaba el caso, Ruth Morcillo, no encontró mayores anomalías en los proyectos que se desarrollan en los humedales.

Tal documento fue emitido el pasado 31 de mayo.

De acuerdo con Antonio Chang, encargado de la parte legal del Ciam, si aparecen nuevos elementos puede ordenarse la reapertura del expediente, pero ya eso sería responsabilidad del juez.

“El contenido de la denuncia ampliada señalaba qué proyectos estaban en el área y cuáles no tenían estudio de impacto ambiental aprobado. Obviamente le tocaba al Ministerio Público hacer las investigaciones, pero no indagaron a nadie ni determinó la existencia de un ilícito”, agregó Chang.

Como se recordará, en varias ocasiones las organizaciones ambientales han denunciado proyectos y rellenos que se encuentran tanto fuera como dentro del humedal bahía de Panamá (ver gráfico).

Se trata de obras cuyo desarrollo ha implicado la destrucción de varias hectáreas de manglares.

Cuenta el ambientalista que mientras duró el expediente en el Ministerio Público, las empresas que desarrollaban proyectos en dichos humedales aprovecharon para sacar sus estudios de impacto ambiental.

El Ciam también presentó denuncias ante la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y a la Autoridad de Recursos Acuáticos y Pesqueros de Panamá (ARAP), por daños en estos humedales, pero tampoco hubo resultados positivos.

MÁS CRÍTICAS

Sobre la decisión de la fiscalía, el abogado ambiental Félix Wing opinó que es “inquietante” debido a que hay mucha evidencia de lo que pasa en el área y que ha sido de dominio público.

“La jurisdicción penal es como la última línea de defensa para corregir esa situación, pero no pasó nada”, lamentó el ambientalista.

Por ejemplo, una de esas evidencias a las que se refiere Wing es lo que ocurrió en el proyecto Parque Industrial Zona Sur. En ese caso los promotores talaron una zona de manglar con un permiso de relleno vencido y sin un estudio de impacto ambiental aprobado, pero las autoridades no sancionaron a los promotores.

La Anam también presentó una denuncia en la Fiscalía Ambiental por anomalías en esta obra, sin embargo, no se han dado mayores avances.

Para el exdirector de Legal de la Anam, Harley Mitchell, por parte de los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, no ha habido una tendencia favorable a la protección ambiental, pero eso ya se está revirtiendo.

Muestra de ello, dice, fue que desde la Corte, el año pasado, se suspendió provisionalmente la categoría de área protegida del humedal bahía de Panamá.

“Por suerte ha sido devuelta, pero el tema no ha sido resuelto de fondo”, concluyó Mitchell.

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