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PROCESOS POR SUPUESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO PASADO

Proponen crear comisión contra la impunidad

Según la activista Magaly Castillo, lo que sucede en el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí sucederá en los demás expedientes.

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La audiencia preliminar del proceso relacionado con el fallido proyecto de riego de Tonosí fue suspendida el 18 de julio pasado y ayer. La audiencia preliminar del proceso relacionado con el fallido proyecto de riego de Tonosí fue suspendida el 18 de julio pasado y ayer.
La audiencia preliminar del proceso relacionado con el fallido proyecto de riego de Tonosí fue suspendida el 18 de julio pasado y ayer. Archivo

La creación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que funciona en Guatemala y Honduras, para garantizar el castigo de la corrupción, propuso ayer la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo.

Castillo hizo esta propuesta frente a lo que consideró como desaciertos en la administración de justicia, como la suspensión ayer, por segunda vez en este año, del proceso que sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, tras el fallido proyecto de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

La audiencia preliminar de este caso, que estaba fijada para ayer en el Juzgado Decimocuarto Penal, fue aplazada hasta el 10 de julio de 2017, y con fecha alterna del 11 de septiembre del próximo año, luego de que uno de los imputados, el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, le otorgó un nuevo poder al abogado Ernesto Mora Valentín y pidió una nueva fecha de audiencia para que este conozca el expediente y prepare su defensa.

IMPUNIDAD

La audiencia estaba originalmente programada para el 18 de julio pasado. Aquella vez tampoco se efectuó porque una semana antes Virzi adquirió fuero electoral, tras inscribir su candidatura a una de las vicepresidencias del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Dicha contienda se celebró el 30 de octubre pasado; Virzi perdió.

Castillo denunció que lo que ocurre en este caso es una muestra de que en este país lo que impera “es la impunidad en los delitos cuello blanco y que esto se repetirá en todos los demás casos de corrupción” investigados.

Dijo que en este caso la supuesta lesión patrimonial al Estado fue de $29 millones y no hay un solo exfuncionario detenido, ya que todos gozan de medida cautelar de país por cárcel y no tienen ningún apuro de que el proceso avance.

Recordó que la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga la causa, solicitó el 5 de enero pasado el llamamiento a juicio de 30 personas, cuyos abogados, dijo, están utilizando todas las tácticas dilatorias a su alcance para retardar la acción de la justicia, situación que, según su criterio, los jueces están permitiendo.

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que es frustrante que se utilicen estos recursos para dilatar los procesos judiciales.

Planells indicó que el Órgano Judicial debería tomar acciones para evitar estas situaciones.

De acuerdo con su criterio, la “justicia tardía no es justicia” y por lo tanto es necesario darle la mayor celeridad a estos procesos.

LA DEFENSA HABLA

El abogado Alfredo Vallarino, de la defensa de Virzi, alegó que solicitaron más tiempo para poder estudiar el expediente.

Señaló que la suspensión de la audiencia en julio pasado no se le puede atribuir en exclusiva a su cliente, ya que otros abogados no habían sido notificados y el acto de audiencia ni siquiera fue abierto por el juez de la causa, José Ángel Carrera.

Por este caso, la fiscal Zuleyka Moore solicitó el encausamiento criminal de Virzi y su socio, Ricardo Ricky Calvo; de los exministros de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y Óscar Osorio; del excandidato a diputado de Cambio Democrático (CD) Porfirio Ellis; de los directivos del contratista Hidalgo & Hidalgo (H&H) Marco Albán Crespo y Víctor Ríos, y de otras 23 personas.

Moore descubrió en la investigación que Hidalgo & Hidalgo recibió desembolsos del Estado por $37.4 millones entre 2012 y mayo de 2014, y no avanzó en la construcción del proyecto de riego.

La fiscal sostiene en su investigación que el dinero desembolsado por el Estado fue utilizado en asuntos que no tienen relación con el contrato.

Una auditoría de la Contraloría calculó en $31 millones la posible lesión patrimonial al Estado por este caso.

Virzi confesó haber recibido $10 millones de la empresa H&H, que, según él, correspondían a sus honorarios como asesor, y también declaró que era el expresidente Ricardo Martinelli quien le ordenaba cómo se debían repartir los dineros provenientes del contrato con el Estado.

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