Proyecto para acelerar la justicia

En caso de que falte la firma de algún magistrado, el proyecto de fallo será válido con la firma de la mayoría del pleno o la sala y se hará oficial en dos días.

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El magistrado Harley Mitchel sustentó el proyecto en la Comisión de Gobierno. El magistrado Harley Mitchel sustentó el proyecto en la Comisión de Gobierno.
El magistrado Harley Mitchel sustentó el proyecto en la Comisión de Gobierno.

Un proyecto de ley que fija plazos para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmen sin dilación los proyectos de fallos y tramiten los expedientes sin mayor demora, aprobó ayer en primer debate la Comisión de Gobierno, de la Asamblea Nacional.

Se trata del proyecto 243 que reforma el Código Judicial sobre medidas de transparencia y celeridad en la administración de justicia, en el cual se unificaron otras tres iniciativas presentadas la semana pasada por los magistrados de la CSJ ante el pleno de la Asamblea.

El documento establece la posibilidad de que el presidente de la CSJ o de la sala respectiva separe del conocimiento del proceso al magistrado que incumpla con los términos para presentar el proyecto de sentencia establecido en los artículos 519 (seis días) y 520 (un día más del término por cada 50 hojas) del Código Judicial.

El magistrado incumplidor podrá ser amonestado verbalmente o por escrito por el presidente de la CSJ. Si el magistrado incumple en tres ocasiones, el presidente de la CSJ presentará una moción al pleno recomendando la imposición de la sanción que trata el artículo 326 del Código Judicial.

Esa sanción sería una multa igual al 15% del sueldo que devengue en un mes.

“La mayor morosidad del sistema es del pleno de la Corte, nosotros tenemos que darle curso a esa demanda de justicia”, sostuvo el magistrado Harley Mitchel al sustentar el proyecto.

El documento también indica que las audiencias podrán ser transmitidas por los medios de comunicación y señala que la CSJ debe presentar en marzo de cada año un informe de la gestión del Órgano Judicial del año anterior. También obliga a los magistrados a actualizar su declaración jurada del estado patrimonial cada año.

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