Proyecto de ley busca reducir límites de área de cacería

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Temor por pérdida de áreas protegidas

Organizaciones ambientalistas rechazan el proyecto de ley No. 174 que busca reducir de mil metros cuadrados a 300 metros cuadrados el espacio de caza en áreas pobladas y de 2 mil metros a solo 200 metros cuadrados el margen de distancia en áreas protegidas.

Las asociaciones plantean que la iniciativa afecta la fauna silvestre y pone en peligro la vida de personas que transitan por la servidumbre de paso.

Temor por pérdida de áreas protegidas

Miembros de la sociedad civil organizada y asociaciones ambientalistas están inquietas ante la posibilidad de que las áreas protegidas del país sean intervenidas y que especies en peligro de extinción desaparezcan por completo.

A través de una carta enviada —el pasado 22 de diciembre— al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, unos cinco gremios de las ciencias agrícolas rechazan el proyecto de ley No. 174 “que modifica artículos de la Ley No. 24 de junio 1995 sobre la vida silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”.

Las asociaciones plantean que el proyecto “afecta directamente la fauna silvestre que es de dominio público y pone en peligro las vidas de personas que transitan por la servidumbre de paso”.

LA PROPUESTA

La iniciativa, que consta de cuatro artículos, fue presentada por primera vez en marzo de 2015 por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jaime Pedrol.

En ella se establecen cambios a tres artículos de la Ley No. 24 de 1995, sobre vida silvestre, modificada por la Ley No. 39 de noviembre de 2005.

El primero de los artículos sugiere reducir de mil metros cuadrados a 300 metros cuadrados el espacio de caza en áreas pobladas y de 2 mil metros a solo 200 metros cuadrados el margen de distancia en áreas protegidas.

En el segundo artículo se establece la prohibición de la caza en fincas privadas sin la autorización del dueño y se indica que los propietarios de fincas que deseen declarar su propiedad como un coto de caza deberán solicitar un permiso al Ministerio de Ambiente para tales efectos.

Finalmente, en el punto 3 se establece que los calibres 12, 16, 20, 28 y 410 serán los permitidos para la caza y solamente cuando se trata de la caza por subsistencia se podrá utilizar el rifle calibre 22.

De acuerdo con Pedrol, la propuesta busca atraer turismo al país a través de la caza deportiva, eliminar el uso del calibre 22, que resulta ser muy pequeño para esta actividad, y obligar a que se cuente con una autorización del dueño de una finca privada para realizar el deporte.

El proyecto fue prohijado por la comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, sin embargo, su debate formal aún no se ha iniciado.

ÁREAS PROTEGIDAS

De acuerdo con Isaías Ramos, biólogo y representante del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la propuesta carece de toda lógica y estudios científicos que la sustenten.

Precisó que el gran problema radica en que con la propuesta se busca reducir el margen de área en el que se puede llevar a cabo la cacería, exponiendo no solo a la poca fauna, sino también a las poblaciones cercanas.

De hecho, datos del Ministerio de Ambiente dan cuenta de que en el país hay 105 áreas protegidas.

Las reservas ecológicas ocupan el 40% del territorio nacional, es decir, unas 3.5 millones de hectáreas, según datos de la Autoridad Nacional del Ambiente. Expandir Imagen
Las reservas ecológicas ocupan el 40% del territorio nacional, es decir, unas 3.5 millones de hectáreas, según datos de la Autoridad Nacional del Ambiente. LA PRENSA/Archivo

Entre estas se pueden mencionar el Parque Nacional Coiba, en Veraguas, el Parque Nacional Marino de Isla Bastimento (Bocas del Toro) y el Parque Nacional Volcán Barú (Chiriquí).

El total de estas reservas representa el 40% del territorio nacional, es decir, 3 millones 578 mil 479 hectáreas que deben conservarse.

Sobre el tema, Ramos manifestó que “cuando se establecen áreas de servidumbre o áreas de amortiguamiento, es precisamente para que el impacto sobre las áreas protegidas sea lo más reducido posible y con menos afectaciones sobre los ecosistemas que se prevén preservar”.

CAMINO A LA EXTINCIÓN

Para Ramos, como se plantea la iniciativa no existe ningún tipo de supervisión por parte del Estado, y dado que la fauna silvestre no tiene conciencia de lo que es un límite, es obvio que al traspasar la frontera de las áreas protegidas, posiblemente en busca de agua, alimento, por ser época de apareamiento o por huir de los depredadores, la distancia de 200 metros de protección que se propone los convierte en presas fáciles de los cazadores.

“Desgraciadamente lo que sí se resalta en la iniciativa legislativa es que hubo muy poco interés científico en investigar y en sustentar cuál es el valor de las especies y de las áreas protegidas”, sentenció.

Por su parte, Osvaldo Jordán, miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, hizo hincapié que el proyecto de ley no toma en cuenta el “calendario cinegético”, que es un calendario anual que define los períodos hábiles para cazar todas aquellas especies de fauna silvestre para las cuales existe permiso, regulado mediante la Ley No. 39 de noviembre de 2005.

Y es que del total de nueve especies contenidas en ese calendario, cinco de ellas, un ave y cuatro mamíferos, están en el listado de la Resolución AG-0051-2008 de 22 de enero de 2008 “por la cual se reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extinción”.

Algunas de estas especies son: el venado cola blanca, saíno, puerco de monte, conejo pintado y el pato güichichi.

A juicio de Jordán, la realidad que se tiene en el país es que “la fauna está subsistiendo de manera casi milagrosa y si a eso se suma la cacería a través de un proyecto como este, prácticamente se estaría llevando a eliminarla”.

Por su parte, Efraín Lao, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Panamá, sostuvo que el proyecto no debe ser aprobado porque “atenta contra un bien que es de todos”.

De igual manera, apunta que la propuesta contradice los artículos 119 y 120 de la Constitución Política, que en el mismo orden establecen que es deber del Estado y de todos sus habitantes, mantener el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los ecosistemas.

Además de que ordena al Estado aplicar oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización de la fauna silvestre se lleve a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.

Este medio buscó la versión de Samuel Valdés, director de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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