LA DIVULGACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE MARTINELLI Y LAVÍTOLA

Reabrirían casos de Herrera

Valter Lavítola, preso en Italia, negó que haya autorizado a Mauro Velocci o a Balbina Herrera para publicar sus correos.

El Ministerio Público (MP) pedirá la reapertura de los dos procesos que se le siguieron a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y al empresario italiano Mauro Velocci por divulgar correos del presidente, Ricardo Martinelli, en los que antes se había solicitado el archivo provisional

Fuentes del MP informaron que la petición se sustenta en la declaración jurada rendida por el también empresario italiano Valter Lavítola, con quien Martinelli intercambió los citados correos electrónicos.

Según las fuentes, el testimonio de Lavítola, dado a las autoridades judiciales italianas a solicitud del MP, fue remitido a comienzos de diciembre de 2012 a la Fiscalía Séptima de Circuito, que instruyó las sumarias.

En su declaración, Lavítola negó haber autorizado a Velocci o a cualquier otra persona para difundir los correos, dijeron las fuentes.

De acuerdo con Lavítola, nunca autorizó a nadie para divulgar los correos, ni los entregó a terceras personas, por lo que pudieron haber sido hackeados desde su celular.

El italiano también declaró que varios de los correos publicados en medios panameños y que se le atribuyeron eran falsos o no formaron parte del cruce de conversaciones con Martinelli.

Antecedentes

La Fiscalía Séptima de Circuito remitió el 15 de mayo de 2012 al Ministerio de Justicia de Italia un cuestionario para que fiscales le tomaran declaración a Lavítola sobre correos electrónicos que intercambió con el Presidente, relacionados con el supuesto pago de sobornos a funcionarios en la negociación fallida para construir cárceles modulares.

Sobre la reapertura de los casos, Herrera expresó ayer que cuenta con las pruebas para defenderse, incluso, dijo tener documentos en los que Lavítola admite ser socio de Velocci, por lo que este último tenía acceso a su computadora.

La dirigente del opositor PRD destacó que este hecho demuestra que no se “hackeó” la computadora de Lavítola.

Herrera divulgó los correos el 5 y 6 de diciembre de 2011 por Telemetro y TVN, respectivamente, e indicó en ese entonces que no se trataba de correspondencia privada, pues no se le había hackeado la computadora a Martinelli, y que los documentos habían sido dados a otras personas.

Una misma fiscalía, dos procesos y una petición

Las denuncias contra Balbina Herrera y Mauro Velocci fueron presentadas ante el Ministerio Público el 5 de diciembre de 2011.

Una fue interpuesta por la entonces secretaria ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia y actual procuradora, Ana Belfon; y la otra por la abogada de Valter Lavítola, Marleni Paolo Chichaco.

El 20 de septiembre de 2012, la Fiscalía Séptima de Circuito pidió un sobreseimiento provisional de las sumarias iniciadas con la denuncia de Belfon.

Un mes después, el Juzgado Undécimo Penal ordenó ampliar las sumarias y tomar indagatoria a Herrera y a Velocci, y determinar si los acusados habían incurrido en delitos contra la personalidad interna del Estado.

Sin embargo, ninguna de esas diligencias fue cumplida.

El 20 de noviembre pasado, el fiscal José Osorio impuso a Herrera una medida cautelar de impedimento de salida del país.

Velocci, por su parte, aunque está en Italia fue beneficiado con una fianza de $100 mil para evitar ser detenido.

El 4 de diciembre de 2012, la fiscalía remitió nuevamente su vista fiscal al juzgado y reiteró la solicitud de sobreseimiento provisional.

Al día siguiente, el juez Alexis Ballesteros emitió un fallo en el que se inhibió de conocer el proceso y lo remitió a un juzgado municipal, basado en que el delito imputado a Herrera y a Velocci (inviolabilidad del secreto) tiene penas de 1 a 4 años de prisión, que son competencia de esa esfera.

Con referencia a la denuncia de Paolo Chichaco, el 20 de septiembre de 2012 la Fiscalía Séptima pidió también un sobreseimiento provisional en favor de Herrera. Esa vez, la petición fue aceptada sin ningún cuestionamiento por el juez Ballesteros el 31 de octubre pasado, tras señalar que no se incorporaron pruebas que acreditaran el hecho punible.

José Otero

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