CAMBIOS AL ‘CÓDIGO ELECTORAL’ EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Reformas limitan conocer identidad de los donantes

La reducción del tiempo para la campaña y el nuevo tope de financiamiento a las donaciones fueron algunos de los cambios.

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El presidente del legislativo, Rubén De León, anunció que el tercer debate del proyecto de reformas electorales será la próxima semana. El presidente del legislativo, Rubén De León, anunció que el tercer debate del proyecto de reformas electorales será la próxima semana.
El presidente del legislativo, Rubén De León, anunció que el tercer debate del proyecto de reformas electorales será la próxima semana. Archivo

La posibilidad de que la información correspondiente al origen de las contribuciones privadas se conozca durante y después del proceso electoral fue limitada por los diputados de la Asamblea Nacional, tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 292 de reformas al Código Electoral.

Con la presentación de diversas propuestas de modificación al quinto bloque, en el que fueron ubicados el grupo de temas polémicos, los diputados flexibilizaron algunas normas en temas de transparencia y para frenar el clientelismo político, que habían sido propuestas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en el proyecto original.

Por ejemplo, el proyecto 292 original, aprobado por la CNRE, establecía que la información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que los candidatos recaudasen de terceros o aportasen de sus propios recursos debería ser presentada mensualmente al Tribunal Electoral (TE), mediante declaración jurada, salvo que la recaudación acumulada hasta ese mes fuese inferior a 5 mil dólares. Dicha información sería de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral. La mora de más de dos meses consecutivos en la entrega del informe produciría la nulidad de la candidatura.

Con la modificación aprobada por el pleno legislativo, esta información deberá ser entregada al TE, detallando la lista de donantes, 15 días después de estar en firme la proclamación. La información sería de acceso público a través de la página web del TE.

DÁDIVAS Y DONACIONES

De igual manera, los diputados aprobaron eliminar el artículo 139 del proyecto, que prohibía la entrega por sí mismo o por interpuestas personas de dádivas, donaciones, regalos en efectivo o en especie; simulación de rifas y tómbolas para regalar autos, casas, enseres domésticos u otros bienes de valor similar; cancelar deudas u obligaciones, con el propósito velado o expreso de recibir respaldo en votos.

La norma original propuesta establecía que a quienes se les comprobase estas prácticas, siendo precandidato o candidato, antes o luego de declarado el inicio de la campaña electoral, quedarían inhabilitados para disputar cargos de elección popular o para participar en las contiendas partidarias, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas para estas acciones.

Igual prohibición le era aplicable a quien incurriera en estas prácticas durante el proceso de conformación de un partido político.

En lugar de prohibir esta práctica, se agregó un artículo nuevo para que la entrega de dádivas, donaciones, regalos en efectivo o en especie, entre otros, solo sea una causal de nulidad de la elección. También sería una causal de nulidad de elección el haberse excedido de los topes de gastos privados.

PRESCRIPCIÓN DE PENAS

Los diputados tampoco aprobaron incrementar a cuatro años el plazo para que prescriban los delitos electorales, tal como lo establecía el proyecto de ley 292.

En su lugar, decidieron mantener en tres años este plazo, como lo establece el código vigente, por lo que los casos por delitos electorales cometidos en las elecciones de 2014 prescribirán el 4 de mayo próximo.

Mientras, las faltas electorales prescribirán en dos años y las faltas administrativas, en un año.

TOPE DE GASTOS

En lo que respecta al tope del financiamiento privado, el pleno legislativo aprobó, en segundo debate, un monto de $300 mil para los candidatos a diputados y de 10 millones de dólares para los candidatos a presidente de la República.

En el caso de los representantes de corregimiento, el tope será de cinco dólares por elector, según el padrón electoral preliminar que corresponda. Este tope no podrá ser menor de 15 mil dólares para alcalde y para los representantes no menor de $10 mil ni mayor de $150 mil.

El proyecto de ley 292 original establecía un tope al financiamiento privado de 50 centavos por cada elector, según el padrón electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda.

De igual manera, la propuesta de la CNRE no fijaba montos de gastos privados para sufragar campaña electoral. Pero se aprobó que hasta 30% del tope aprobado fuera utilizado con este fin.

OTROS AJUSTES

Para 2019, la campaña electoral se reducirá a 60 días calendario, previo a una elección general, es decir, que la campaña política se desarrollaría entre marzo y abril del año electoral. El TE podrá ordenar la remoción inmediata de cualquier propaganda o suspensión de cualquier actividad de campaña que viole esta disposición.

El proyecto 292 original fijaba un periodo de tres meses de campaña antes de la elección general.

PUBLICIDAD

En la votación en segundo debate, también se eliminaron los artículos 52 y 53 del proyecto 292, referentes a la obligatoriedad de que los partidos suscribieran contratos de publicidad con las respectivas agencias y con cada medio, y que serían cubiertos con el financiamiento público.

La propuesta original indicaba que cada partido político debería seleccionar de manera exclusiva una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos en lo concerniente a la propaganda política. Pero, con la norma aprobada, será una opción y podrá hacerlo o no.

También se redujo el tiempo de prohibición de la propaganda o publicidad estatal y de gobiernos locales, incluyendo la de los contratistas del Estado para promover el avance o culminación de obras.

El proyecto fijaba un plazo de prohibición de seis meses previos al día de la elección, mientras que los diputados aprobaron reducir a tres meses este plazo.

El pleno también avaló que cuando se viole la prohibición del uso de recursos del Estado a favor de candidatos o partidos políticos, los informes de auditoría que pueden ser utilizados en los procesos de impugnación e investigación deberán emanar de auditores de la Dirección de Auditoría de la Contraloría General de la República.

FIANZAS

Los diputados, de igual manera, decidieron aumentar el monto de las fianzas en los casos de impugnación para los diversos puestos de elección popular.

En el caso de los diputados, se fijó una fianza de 25 mil dólares; de representantes de corregimiento, 2 mil dólares; para alcaldes, 10 mil dólares; y para el cargo de presidente de la República, 50 mil dólares.

REACCIONES

Expertos en materia electoral y representantes de la sociedad civil manifestaron su desacuerdo con algunas de las modificaciones.

Tal es el caso de Roberto Troncoso, del Foro Pro Reformas Electorales, quien dijo que el tope de financiamiento para la campaña presidencial es “excesivo”.

La dirigente del Movimiento Independiente de Panamá, Annette Planells, coincidió con Troncoso en que el tope de las donaciones es “demasiado alto” para un país con tantas necesidades.

“Dicen que no hay plata para la implementación de la carrera judicial y ni hablar de las necesidades en temas de educación y salud”, indicó.

Planells también rechazó el hecho de que los diputados no llegaran a un acuerdo sobre la paridad en los cargos políticos. “La Asamblea Nacional es el reflejo de la sociedad y debe buscar los mecanismos para llegar a ese 50%, que debe ser la norma. Ciertamente, las mujeres no estamos representadas”, agregó.

Siguiendo esta línea, el politólogo Richard Morales acotó que durante el debate de las reformas electorales los diputados dejaron claro que no tienen “ningún compromiso con la paridad”.

“La reivindicación de los grupos de mujeres en Panamá es histórica y es lamentable que ni siquiera se dignaron en tener algún intento por aspirar que haya igualdad. Es que no hubo intención ni de plantearlo”, sentenció.

Asimismo, Morales dijo que el proyecto en conjunto es una clara “deformación” de lo que se pretendía, que era lograr una campaña más equitativa. “Han impuesto una campaña más desigual y excluyente […]; por un lado, fijan topes de campañas elevados, y esos topes son, precisamente, lo que se buscaba controlar y minimizar, pero lo que están haciendo es validar y legalizar el clientelismo y el despilfarro de recursos”, opinó.

Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, pese a que dijo no conocer con exactitud todas las normas modificadas, se refirió a las donaciones que se le otorgan a los diputados. A su juicio, $300 mil es un monto “sumamente alto”.

Márquez Amado también mostró preocupación respecto a que una sola persona puede donar el 30%. “Esto deja muy comprometida la lealtad del diputado, si este llegara a ser electo, con quien haya hecho el aporte”, enfatizó.

De acuerdo con el exmagistrado, incluso es “peligroso”, ya que al momento que el diputado vaya a considerar las leyes, podría responder a las necesidades de su beneficiario y no sobre su propósito fundamental, que es actuar en interés de la nación.

Entretanto, Márquez Amado aplaudió que se eliminara la posibilidad de que un colectivo pudiera llevarse más de un residuo en un circuito plurinominal.

Además, dijo que es “positivo” el hecho de que no consideraran que las campañas presidenciales fueran manejadas por agencias publicitarias.

Freddy Pittí, miembro de la organización Juntos Decidimos, señaló que dentro de las modificaciones no se incluyeron temas como la veeduría ciudadana, una comisión conformada por representantes de la sociedad civil para fiscalizar el cumplimiento de la ley, además de establecer topes de financiamiento “exagerados”.

“La idea es que las campañas electorales no fueran una medición de quién tiene más dinero”, dijo Pittí.

Para el activista, los diputados no respetaron el consenso inicial del paquete de reformas. “Ellos [los diputados] estuvieron a lo largo de la discusión cuando se comenzaron a plantear las modificaciones al Código Electoral. No es sorpresa para ellos lo que se acordó y nos sentimos mal de que hayan decidido todo a su manera” aseguró.

El politólogo Harry Brown Araúz consideró que hubo un avance regulando los topes de financiamiento, no obstante, dijo que esos intentos “no sirven todavía”, ya que no hay equidad en la competencia.

EL TE ANALIZA CAMBIOS

De acuerdo con el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, fue una “ardua jornada” de debate, en la que “ninguna bancada ha podido imponer su criterio, donde la democracia en acción se ha visto en esta discusión”.

Explicó que ahora, junto a sus colegas y el equipo técnico del TE, se tomarán varios días para analizar la propuesta aprobada, debido a las múltiples modificaciones que sufrió el proyecto.

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