BLOQUEO DE TCT A INSTALACIONES DE CORPRENSA

Repudian amenaza a testigo

Sociedad civil, representantes de gremios y dirigentes de partidos políticos condenan las amenazas que ha recibido un extrabajador de Transcaribe Traiding S.A.

Un día después de que saliera a la luz pública la declaración jurada de un exempleado de la empresa Transcaribe Traiding S.A. (TCT), quien dijo haber recibido amenazas luego de declarar en el Ministerio Público (MP) que fue David Ochy, uno de los dueños de TCT, quien dio la orden para que se bloqueara las instalaciones de Corporación La Prensa S.A. (Corprensa) gremios periodísticos, sectores de la sociedad civil y dirigentes de partidos políticos condenaron el hecho.

“Ese tipo de acciones no se debe tolerar, porque nadie debe estar por encima de la ley. Felicito al exempleado de TCT por decir la verdad y no dejarse intimidar. Eso es lo que debemos hacer todos, siempre”, dijo Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, quien aseguró también que para cualquier ciudadano con un mínimo de educación, era evidente que una movilización masiva de camiones de TCT no pudo llevarse a cabo si no contaba con el respaldo de los propietarios.

Guido Rodríguez, expresidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión, y director de noticias de TVN, calificó como “condenable y reprochable” que a testigos que buscan el esclarecimiento de un hecho dentro de un proceso judicial se les esté coaccionando su libertad de dar y ofrecer su testimonio. Manifestó que la amenaza al testigo es de por sí un delito. “Ojalá ese testigo presentara la queja formalmente ante el MP de que ha sido amenazado y señale por quién ha sido amenazado, para que se inicie una investigación”, afirmó.

Algo similar opinó Carlos Rubio, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, quien dijo que el MP debe investigar profundamente estas declaraciones, y de comprobarse que Ochy es el autor intelectual del bloqueo debe sancionársele.

Según Rubio, el Estado, por mandato constitucional, debe dar protección a las personas, aun cuando no sean de su agrado. “A pesar de que posiblemente el testigo no represente los mejores intereses del gobierno, el presidente [Ricardo] Martinelli está obligado a guardar su integridad. Si no lo hace está incumpliendo sus funciones”, dijo.

Juan Carlos Navarro, secretario general del Partido Revolucionario Democrático, lamentó que se presione a un testigo, por lo que espera que las investigaciones den con los responsables. Mientras que Juan Carlos Varela, vicepresidente de la República y presidente del Partido Panameñista, dice que la investigación en el bloqueo a La Prensa debe llegar al más alto nivel, porque a su juicio estas acciones “de intimidación y amenaza a la libertad de expresión no pueden ser permitidas en un país que vive en democracia”.

En tanto, el MP no negó ni afirmó si dará protección al testigo. Al consultarles sobre el temor que afirma tener este exempleado de TCT luego de las amenazas por sus declaraciones sobre el caso, y sobre la posibilidad de que se le brinde protección, voceros oficiales del MP dijeron lo siguiente: “Si se hace o si no se hace, eso no se debe informar al público en general, pues si se hace o si no se hace pierde casi todo el sentido. Es decir, que no se afirma ni se niega”.

Este medio contactó ayer nuevamente a David Ochy vía telefónica, y este pidió que se contactara a sus abogados. Se buscó una versión del abogado José María Castillo, quien representa a los hermanos David y Daniel Ochy en las dos demandas civiles que estos interpusieron contra Corprensa por $13 millones, y al contestar su teléfono celular dijo: “No tengo nada que declarar, caballero”, y colgó.

Quien sí habló fue Marcos Allen, secretario general del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines de Panamá, que admitió no poder afirmar ni negar lo declarado por el extrabajador de TCT.

Aseguró tener una versión diferente: “La decisión de protestar en el diario La Prensa sí nació de los trabajadores en una reunión que yo presidí en las cercanías del puente Centenario”, dijo. Detalló que el sindicato y TCT pagan en conjunto los abogados defensores de los cinco obreros acusados por delitos contra la libertad por el bloqueo a Corprensa.

“Queremos que sean tres abogados los que defiendan a los trabajadores. Hoy día tenemos dos y le hemos hecho la solicitud a la empresa, que no se ha negado, pero todavía no tenemos establecido los parámetros, pero sí hemos solicitado apoyo, porque el costo no lo aguantaríamos nosotros solos”, dijo.

(Con información de: Eliana Morales, Isidro Rodríguez, Rubén Polanco y Eduardo Mendoza).

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