Jardín Olímpico y Campo Lindbergh

Residentes luchan por recuperar parque

Los moradores exigen al Miviot que se les devuelva un parque que desde 1978 fue considerado área recreativa pública, pero pasó a manos privadas.

Frustrados. Así se sienten los residentes de las comunidades de Jardín Olímpico y Campo Lindbergh, que llevan un año de lucha para recuperar un parque público de más de 30 años de uso y al que desde 2008 le surgió un dueño.

El lote No. 14, detrás de la iglesia San Judas Tadeo, en el corregimiento de Juan Díaz, donde está ubicado el parque, fue catalogado “de uso público” por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Mivi) desde 1978, bajo la Resolución No. 8 del 19 de junio de ese año.

Esta reglamentación se expidió luego de que la finca 45722 se convirtiera en la Unidad Vecinal Jardín Olímpico en 1973, en la que estaban incluidos los lotes No. 12 y No. 14.

Jardín Olímpico cedió al Gobierno el lote 14 para cumplir con lo estipulado en la Ley 78 de 1941, modificada por la Ley 120 de abril de 1973, que indica que todo proyecto de urbanización debe otorgar un porcentaje del 5% de terreno para parques públicos.

En la resolución de 1978 se indicó la “prohibición de inscripción en el registro público de cualquier tipo de transacción sobre el lote 14, el cual fue destinado para uso público”.

Sin embargo, el Mivi nunca remitió al Registro Público la Resolución No. 8 de 1978 donde se oficializaba el uso público del lote No. 14, por lo cual el terreno entró en un proceso de segregación.

El lote No. 14 fue rematado como resultado de un proceso judicial que culminó con la adjudicación de este a la empresa Mc Cann Erickson de Panamá, S.A., que a su vez lo traspasó a la sociedad Robles S.A., y esta a  Sades, S.A. en 2008, según explicaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Actualmente la empresa Sades S.A. mantiene un proyecto habitacional que consta de torres de edificios, a construirse en el terreno donde estaba el parque.

Enfrentamientos

Edwin Aparicio, residente de Campo Lindbergh, informó que el parque fue destruido el año pasado cuando la empresa tiró abajo el pabellón central, y removió la cancha de juego y las bancas.

Señaló Aparicio que en el lote se mantienen nueve contenedores metálicos de carga vacíos.

“El lugar ahora es un herbazal, tiene criaderos de mosquitos, y los contenedores son utilizados por los ladrones para introducirse a las casas más cercanas y robar”, denunció.

La lucha por los terrenos del parque ha provocado que los residentes se enfrenten con representantes de la empresa constructora.

En noviembre del año pasado se registró el primer choque, cuando los moradores tumbaron una cerca propiedad de Sades S.A. Esta confrontación motivó la presentación de una denuncia penal contra los vecinos del sector, por parte de los representantes de la empresa, ante el Ministerio Público.

El segundo enfrentamiento tuvo lugar en mayo de este año, cuando los moradores impidieron que un camión y una grúa entraran al lugar.

Luego de estos hechos intervino la corregiduría de Juan Díaz, que determinó que el terreno es una zona conflictiva, y por tanto toda actividad de construcción había de quedar paralizada hasta cuando el Miviot resuelva el litigio.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

Ricardo Smith, residente del lugar, exige que el Miviot investigue por qué el lote No. 14, considerado desde 1978 como de uso público y del Estado, pasó a ser un lote privado.

El 18 de noviembre del año pasado –un día después de los primeros enfrentamientos–, Smith y un grupo de vecinos de Jardín Olímpico presentaron al entonces ministro de Vivienda, Carlos Duboy, unas peticiones para que se investigara lo ocurrido con el terreno.

En ese entonces el titular de Vivienda se comprometió con la comunidad a abrir un proceso de investigación sobre el Lote No. 14 e indicó que “el caso se iba a poner bajo la lupa”.

Ahora, las nuevas autoridades del Miviot indicaron que “existe un expediente que ha sido  acogido por la institución y se encuentra en trámite, por  lo que se están  analizando las posibles medidas interinstitucionales  para que estos hechos sean resueltos”.

Según un vocero del Miviot, en estos momentos la institución impulsa una modificación a la normativa actual de urbanizaciones, a fin de que, antes de que se produzcan las segregaciones de lotes, se expida una nota marginal en el Registro Público para evitar que las áreas de uso público sean susceptibles de apropiación privada.

Por su parte, el representante legal de Sades S.A., Darío Carrillo, salió en defensa de la empresa y explicó que el terreno que se mantiene en disputa fue adquirido en remate público y bajo los parámetros legales del Mivi, por lo que el terreno es propiedad privada.

Según Carrillo, el dueño de la empresa mantiene un proyecto para construir dos torres residenciales, obra que, por el conflicto, no ha podido empezar.

Este medio intentó conocer en la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá el estatus de los permisos de construcción de la empresa, pero allí no respondieron a esta petición.

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