informe de la relatoría de la cidh

Retroceso en transparencia

La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 2011, capítulo de Panamá, destaca su preocupación en torno a la efectividad en la aplicación de la ley de acceso a la información en poder del Estado (Ley 6 de 2002 de Transparencia).

La preocupación de la Relatoría se da al recibir información relacionada con la implementación de la Ley 6, durante la audiencia pública sobre el acceso a la información pública en Panamá, celebrada el 28 de octubre de 2011.

En esa reunión se afirmó que la efectividad de la norma ha tenido un desarrollo regresivo dada la expedición de decisiones administrativas, que entrarían en contradicción con lo estipulado por la legislación.

Entre esas decisiones administrativas se enumeró el requisito de ser parte interesada en un asunto para solicitar información pública; el cobro de aranceles para fotocopiar documentos o certificarlos, la reducción de información puesta a disposición del público de manera oficiosa y proactiva por parte de las entidades estatales y la calificación como información clasificada o de acceso restringido adicional a la establecida por la ley.

El informe revela la experiencia concreta de una organización ambientalista panameña, que interpuso más de 30 hábeas data, y en un período de tres años obtuvo respuesta en uno solo.

Relatoría Especial reconoce como importante la Ley 6 de acceso público a la información en Panamá, pero manifiesta su preocupación por la posibilidad de que en la práctica no sean aplicados estándares fundamentales que permitan que cualquier persona pueda acceder a información en poder del Estado.

Según el documento, el Estado reconoció que hay deficiencias en la implementación de la Ley 6, pero aseguró haber impulsado de manera progresiva mecanismos para desarrollar las normas jurídicas, procesos de recepción de solicitudes, de apelación y de sanción cuando se incumple la ley.

Libertad de expresión

La Relatoría recogió el temor de organizaciones periodísticas sobre la existencia de más de 40 casos de acusaciones contra comunicadores por delitos contra el honor, que están pendientes en diferentes instancias judiciales. Esto, pese a que Panamá decidió en 2007 despenalizar los delitos de injuria y calumnia.

Destacó que las sanciones penales aplicadas de los delitos contra el honor tienen un efecto inhibitorio e intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión, y que esa vía resulta desproporcionada y verdaderamente innecesaria en una sociedad democrática.

La utilización de mecanismos penales para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios puede constituir un medio de censura indirecta, por su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de relevancia pública, dijo.

Consejo de Periodismo condena ataques

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Norma Núñez Montoto, condenó los ataques que sobre los periodistas y medios de comunicación social viene ejerciendo el Gobierno.

El Ejecutivo esgrime “esa espada de Damocles contra los periodistas”, dijo.

La dirigente del gremio, que reúne a la academia, las organizaciones periodísticas y las empresas de comunicación, cuestionó el término utilizado por el mandatario en un acto en Las Garzas de Pacora, al decir que “no se dejará joder”. “El Presidente de quien no se debe dejar joder es de sus asesores”, recalcó Montoto.

“Nosotros no tenemos ninguna intención de joder a un Presidente, porque eso sería jodernos como sociedad”, manifestó.

Es evidente que el gobierno mientras menos tiene la razón más echa mano de artilugios para hacer ver que puede castigar en función de la libertad de prensa”.

Al ser consultada sobre el hecho de que el mandatario anuncie lo que saldrá al día siguiente en un medio de comunicación, Montoto opinó que “yo siendo el director de ese medio estuviera preocupado”.

“Si yo fuera la directora y el Presidente anunciara lo que va a salir en mi periódico, sentiría que él ha revelado hoy lo que traigo como noticia para mañana”.

A su juicio, el gobierno de Martinelli nunca ha aprovechado la oportunidad para decir su verdad en los medios, lo que podría servir para mejorar y fortalecer su gestión. “Jamás desde el Ejecutivo nos han preguntado en qué quedó el diálogo al que ellos mismos convocaron y que no se dio”, indicó.

Sus declaraciones se dieron en el CNP, luego de la firma de un convenio con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia para establecer una colaboración en labores afines.

Irene Hernández G.

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