Termina la asamblea semestral en Denver, Colorado

SIP, en alerta ante limitación a la prensa

Representantes de mil 300 medios, reunidos en Denver, señalan que en países como Panamá, impera ´una cultura guber-namental de secreto´.

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La nueva presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, recibe la felicitación de Francisco Miró Quesada, del periódico El Comercio, de Lima, Perú, durante un almuerzo en la última jornada de la asamblea general anual, en Denver. AP/Brennan Linsley. La nueva presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, recibe la felicitación de Francisco Miró Quesada, del periódico El Comercio, de Lima, Perú, durante un almuerzo en la última jornada de la asamblea general anual, en Denver. AP/Brennan Linsley.
La nueva presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, recibe la felicitación de Francisco Miró Quesada, del periódico El Comercio, de Lima, Perú, durante un almuerzo en la última jornada de la asamblea general anual, en Denver. AP/Brennan Linsley.

Los 14 periodistas asesinados en Latinoamérica en el último semestre –una de las cifras más altas de los últimos 20 años–, el espionaje a reporteros de AP por parte del Gobierno de Estados Unidos, el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas, la aprobación de una ley orgánica de comunicación en Ecuador y la persistente carencia de acceso a la información pública fueron los mayores escollos para la libertad de prensa en el hemisferio, declaró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en sus conclusiones sobre la 69 asamblea general del organismo, clausurada ayer en Denver, Estados Unidos, y en la cual estuvieron representados más de mil 300 medios de las Américas.

CONDENA

La SIP condenó el asesinato de 14 periodistas –tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay–, al tiempo que rechazó la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) “por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia”.

Además de observar que el congreso de Estados Unidos muestra resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas, la organización manifestó preocupación por el acceso limitado a la información pública en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela , lo que junto con la negativa de presidentes y funcionarios a dar declaraciones a los medios independientes, “es un escollo para el trabajo periodístico”.

La SIP concluye, a partir de los informes que cubren los últimos seis meses del desempeño de la prensa en la región, que “la libertad de prensa también se vio afectada por la coacción económica en diversas formas, como la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines”.

“En Ecuador, indica otra de las conclusiones de la 69 asamblea general, se constituyó la forma más severa de censura con la vigencia, a partir del 25 de junio, de la Ley Orgánica de Comunicación que crea dos instituciones del Estado, un consejo y una superintendencia, que sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios, además de obligar a estos a autorregularse”.

La asamblea rechazó los embates de los gobiernos que integran el ALBA por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

En materia de acceso a la información instó mediante resolución a los gobiernos de Panamá y Uruguay (en los que en ocasiones “la información se ve supeditada a interpretaciones administrativas que dificultan la obtención de datos”) a adoptar las medidas apropiadas.

nueva presidenta

La asamblea eligió como presidenta de la SIP a Elizabeth Ballantine, de The Durango Herald, Estados Unidos, y como vicepresidente a Gustavo Mohme, del diario La República de Perú, aprobó la creación de un grupo de juristas de alta calificación en temas como estado de derecho y libertades de expresión y de prensa.

Uno de sus objetivos será “continuar la acción de defensa y respaldo a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), hoy bajo ataque de los gobiernos de países que han aprobado leyes para amordazar a los medios y a periodistas independientes”.

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