MILLONES EN PERTRECHOS ANTIDISTURBIOS

SPI: Compras sin precedentes

Conocedores de seguridad pública –un exdirectivo y exmiembros de la Policía– coinciden en que no se justifica la compra de $15 millones del SPI.
En la bodega del SPI se encuentran, en ambiente climatizado, las más de 65 mil bombas lacrimógenas que adquirió el Ministerio de la Presidencia. Cortesía de la Presidencia de la República. En la bodega del SPI se encuentran, en ambiente climatizado, las más de 65 mil bombas lacrimógenas que adquirió el Ministerio de la Presidencia. Cortesía de la Presidencia de la República.
En la bodega del SPI se encuentran, en ambiente climatizado, las más de 65 mil bombas lacrimógenas que adquirió el Ministerio de la Presidencia. Cortesía de la Presidencia de la República.

“Lo único que justifica una compra de 15 millones de dólares en equipos antidisturbios es que el Gobierno se estaba preparando para una sublevación popular o que ese negocio representaba una gran comisión para alguien”.

Así piensa el exdirector de la Policía Nacional Ebrahim Asvat sobre la gigantesca compra fraccionada de pertrechos antidisturbios que hizo el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez para uso del Servicio de Protección Institucional (SPI), un año antes de las elecciones del 4 de mayo.

Con esos 15 millones de dólares, el Estado habría pagado, al menos, la mitad del costo original del nuevo hospital de Bugaba, cuyo contrato fue de 30.6 millones de dólares.

Henríquez fraccionó las compras a través de cinco contratos directos para adquirir 65 mil granadas lacrimógenas y sus lanzadores; 324 mil proyectiles para armas que usan municiones de pimienta; mil luces de bengala; 900 máscaras antigás y 5 mil granadas de humo, por mencionar algunos.

Todo se compró a Ultratech International Enterprises, S.A. e Inmunex, S.A., que recibieron un anticipo del 40% del monto del contrato, tras los refrendos de la contralora, Gioconda Torres de Bianchini. Ambas compañías están vinculadas con el empresario Félix Fallabella.

Esta compra –según Asvat– no tiene precedentes. “Ni siquiera en la época de la crisis de 1987 [cuando se creó la Cruzada Civilista para luchar contra el gobierno militar] se compraron tantos equipos antidisturbios”, dijo.

“Esto ha sido una gran fiesta en materia de compras en la seguridad pública. Es una suma exagerada para el SPI”, opinó Asvat.

En todo caso –explicó– esas son funciones específicas de la Unidad de Control de Multitudes (UCM) de la Policía Nacional. Y es que rara vez, los agentes del SPI han tenido que enfrentar manifestaciones violentas, justamente porque no son esas sus funciones.

El artículo 3 del Decreto Ley 2 de 1999, que le da estructura orgánica al SPI, establece que su principal misión es: “brindar seguridad a las instalaciones de la Presidencia, así como a las instalaciones que determine el Presidente de la República”.

COMPRAS ´EXAGERADAS´

Para tener una idea de lo que significa el volumen de la compra del SPI, Humberto Macea, que fue jefe de Logística de las fenecidas Fuerzas de Defensa durante cinco años, dijo que tal cantidad de pertrechos no se usarían aunque hubiese una manifestación diaria todo un quinquenio. “Esta compra no tiene precedentes. Si tuviésemos que usar esta cantidad de bombas lacrimógenas, nos encontraríamos al borde de una guerra civil”, precisó.

Los peores momentos que ha vivido el país fueron a finales de la década de los 80 y no recuerda haberse gastado jamás tanto dinero en equipos de represión.

Pero el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino justificó el millonario gasto. Dijo que el inventario que tenía la UCM alcanzaba solo para unos días, pero evitó profundizar invocando la “seguridad nacional”.

El exministro Henríquez dijo –por su lado– que “el material adquirido guarda relación directa con el pie de fuerza del SPI”. “La responsabilidad del SPI ha crecido con el tiempo y esta institución se encarga de custodiar la planta potabilizadora de Chilibre, el parque Omar, el Casco Viejo y la cinta costera, además de dar seguridad a todos los visitantes extranjeros en visita oficial en el país, coordinar la seguridad de congresos y cumbres y custodiar al Presidente, expresidentes y algunos ministros”, sostuvo el exfuncionario.

Henríquez justifica la compra porque no hizo otra cosa que seguir el criterio técnico de directivos y especialistas del SPI, que por entonces estaba bajo el mando de Jaime Trujillo, un cercano colaborador del expresidente Martinelli, quien ha regresado a laborar al Súper 99.

La Prensa hizo ingentes esfuerzos para hablar con Trujillo sobre el criterio técnico de estas adquisiciones, pero no fue posible.

ELECCIONES VIOLENTAS

Una tercera fuente coincide con Asvat y Macea: Jaime Abad, exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial. Esta compra –opinó– evidencia que el gobierno de Martinelli “no se estaba preparando para unas elecciones pacíficas y tranquilas, sino para un plan violento y de una violencia institucional en contra de los adversarios políticos”.

“Ni el servicio secreto de Estados Unidos se prepara para la cantidad bélica de fuego agresivo que había en estas compras y contrataciones. ¿A qué guerra íbamos? Ni en los tiempos de Manuel Antonio Noriega vimos tal magnitud”, subrayó Abad.

Mauricio Nelson, exsubcomisionado de la Policía Nacional, cree que en una manifestación protagonizada por estudiantes del Instituto Nacional –que dure unas cinco horas aproximadamente– se pueden utilizar hasta 150 bombas lacrimógenas.

Si el cálculo de Nelson es correcto, ello significa que el SPI tiene insumos para hacerle frente a manifestaciones estudiantiles con bombas lacrimógenas todos los días durante dos años seguidos (725 días). El problema es que el SPI no es una unidad antidisturbios ni fue creada para tal fin.

“Quiero pensar que alguien en el Consejo de Seguridad hizo un diagnóstico en el momento sobre cómo estaba el acontecer político nacional, y recomendó que había que adquirir equipos para mantener un clima de paz y orden”, dijo Nelson.

Menalco Solís, exjefe del Consejo de Seguridad del Estado en el período de Guillermo Endara (1989-1994), reveló que él manejaba la compra de pertrechos, pero jamás compraron esas cantidades. “Jamás”, sentenció.

Solís explicó que el SPI, en su opinión, no tiene nada que ver con control de multitudes ni manifestaciones.

“Esas no son sus funciones, su misión simplemente es custodiar la Presidencia y darle custodia a invitados importantes”, precisó.

Solís manifestó su sorpresa por esta compra, que no tiene nada que ver con la visión que tenía Endara de la defensa de la Presidencia.

La exministra de Gobierno Olga Gólcher también se sorprendió por el volumen de la compra. Esta adquisición –indicó– no es nada transparente.

ACCIONES LEGALES

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, anunció que el Gobierno gestiona con el proveedor canjear el material por otros insumos que “sirvan para los propósitos del SPI”.

Y es que rara vez los agentes del SPI –que protegen al Presidente de la República– han tenido que enfrentar manifestaciones violentas.

“En caso de que la empresa no acceda, nos corresponderá como gobierno evaluar si podemos entablar alguna acción legal”, advirtió Alemán.

Al respecto, Mulino indicó que lo anunciado por Alemán es un “gran error”. La Unidad de Control de Multitudes –dijo– “es el primer escalón que hay que subir para evitar la anarquía total. No puedes tener a esa unidad desprovista de esos equipos”, reafirmó. Pero el SPI –una vez más– no se creó para tal fin.

Al final de la tarde de ayer, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, compareció al pleno de la Asamblea Nacional donde subrayó que “no era necesaria la compra de esa cantidad de bombas lacrimógenas”.

Aguilera reveló que se encuentran en un proceso de investigación para determinar si hubo sobreprecios en estas compras.

“De ser así, habrá que iniciar dos acciones: una de tipo penal para determinar si se incurrió en algún delito contra la administración pública, y otra de carácter patrimonial ante el Tribunal de Cuentas, con el fin de que el Estado recupere cualquier exceso a los pagos hechos a los suplidores que esté por encima del precio de mercado”, precisó el titular de Seguridad Pública.

(Con información de Eduardo Mendoza y Gustavo Aparicio).

 Una clara ´división de materia´

El excontralor Carlos Vallarino alertó ayer que la decisión del exministro de la Presidencia Roberto Henríquez de fraccionar contratos para comprar equipos antidisturbios puede ser considerada como división de materia que penaliza la Ley 22, que rige las contrataciones públicas. Esta normativa establece en su artículo 22 que: “No se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda. En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula y el servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes. En el reglamento de esta ley se establecerán los procedimientos para comprobar la división de materia”. La reglamentación a esta ley establece una excepción: “No aplicará en el caso de órdenes de compra o contratos productos de convenio marco”. Sin embargo, ninguna de las compras autorizadas por Henríquez se hizo bajo este concepto. El exministro de la Presidencia pudo haber realizado una sola compra, pero optó por otorgar cinco contratos, cada uno por un monto inferior a los $3 millones. Esa acción, explicó Vallarino, también es cuestionada, porque evitó que los contratos fueran sometidos a la consideración del Consejo de Gabinete, que es el que revisa todas las contrataciones que sobrepasen los $3 millones. Sobre este aspecto, el exministro informó que las compras se hicieron por partidas extraordinarias en la medida en que el Ministerio de Economía y Finanzas dotaba de fondos al Servicio de Protección Institucional. La contralora, Gioconda Torres de Bianchini, dijo en la Asamblea Nacional que “el concepto de seguridad nacional limita a la Contraloría, porque no podemos decir nada porque es seguridad nacional”.

SANTIAGO CUMBRERA

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