CONTRATO DE COBRANZAS DEL ISTMO

Sala Tercera cita a exministro Vallarino

La demanda que pide la nulidad del contrato fue presentada el 27 de noviembre de 2014 por el abogado Miguel Antonio Bernal.

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Alberto Vallarino era titular de Economía y Finanzas cuando se pactó el cobro de impuestos morosos. Alberto Vallarino era titular de Economía y Finanzas cuando se pactó el cobro de impuestos morosos.
Alberto Vallarino era titular de Economía y Finanzas cuando se pactó el cobro de impuestos morosos. Archivo

El exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino fue citado a rendir testimonio ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la demanda que pide la nulidad del contrato suscrito en 2010 entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y la empresa Cobranzas del Istmo.

La demanda fue interpuesta por el abogado Miguel Antonio Bernal el 27 de noviembre de 2014.

Vallarino fue citado para el 9 de diciembre a las 9:00 a.m. por el magistrado Luis Ramón Fábrega, ponente del caso.

Cuando la DGI firmó el contrato No. 100 del 25 de agosto de 2010, que permitió a Cobranzas del Istmo el cobro de impuestos morosos, Vallarino era el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Yo solo espero que diga la verdad, aunque no creo que la dirá”, señaló Bernal al ser consultado sobre la declaración que debe rendir Vallarino.

El exministro, a su vez, dijo que “busca cumplir con su deber legal y contribuir con las autoridades”.

El contrato fue suspendido provisionalmente por el MEF desde el 5 de diciembre de 2014 y hasta que la Sala Tercera resuelva esta demanda. Unido a ello, Fábrega suspendió temporalmente el contrato mientras se resuelve el recurso.

Las autoridades calculan que Cobranzas del Istmo recaudó $47.1 millones en impuestos morosos.

En la demanda, Bernal cuestiona el hecho de que se haya impulsado la contratación directa de la compañía Cobranzas del Istmo, en vez de efectuar una licitación pública para luego adjudicar el contrato.

Además, advierte que Cobranzas del Istmo no está legitimada para el cobro de los tributos. El contrato tiene una duración de seis años.

En junio pasado, el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, envió su opinión a la Sala Tercera y recomendó que el contrato sea declarado nulo por ilegal.

Argumentó que el contrato fue otorgado sin que se cumpliera el requisito de solicitud de excepción de contratista ante el Consejo de Gabinete y el Consejo Económico Nacional.

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