EL NEGOCIO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD VIAL Y LAS INFRACCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD

Solicitan la nulidad de concesión dada por la ATTT

El contrato fue otorgado en agosto de 2011 a la empresa Traffic Safety, propiedad de un socio y amigo de la familia del presidente Martinelli.

Una demanda de nulidad fue presentada ayer ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución suscrita por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) el 8 de agosto de 2011, a través de la cual adjudicó a la empresa Traffic Safety una concesión para el servicio de cámaras de vigilancia de seguridad vial, que incluye la emisión de infracciones por exceso de velocidad.

Traffic Safety puso en funcionamiento una sola cámara en Costa del Este el pasado 6 de junio, pero la ATTT ordenó suspender su operación el 22 del mismo mes, luego de que se conoció, a través de una investigación de La Prensa, las interioridades del contrato.

El abogado Víctor Martínez, quien presentó la demanda de nulidad a título personal, dijo que el contrato viola la Ley 5 de 1988, según la cual, “en el sistema de concesión administrativa la empresa está obligada a realizar por su cuenta y riesgo una actividad bajo el control y fiscalización de la entidad cesionaria, a cambio de obtener una retribución que puede ser con el cobro de tarifas a los usuarios”.

En la concesión, sin embargo, Traffic Safety no percibe ningún ingreso económico por las operaciones que hacen los usuarios, sino que el Estado le da parte del dinero recaudado por las sanciones impuestas. Ello significa, según la demanda, que no existe ni opera un contrato de concesión.

“Lo licitado y lo contratado, bajo el mal llamado contrato de concesión administrativa, son situaciones diametralmente opuestas, puesto que el acto demandado por ilegal paga por un servicio, mientras que lo licitado buscaba que elganador de la licitación [Traffic Safety] cobrara por las operaciones que realizara”, precisa la demanda.

MENOS BENEFICIO

Según el contrato firmado el 20 de abril entre Jorge Ricardo Fábrega, entonces director de la ATTT, y Ricardo Chanis Correa, socio y amigo de la familia del presidente, Ricardo Martinelli, Traffic Safety se queda con el 65% de las multas por exceso de velocidad y con cualquier otra infracción que se registre y recaude a través del sistema. Al Estado le tocaría solamente el restante 35%.

La inversión que le exigió el Gobierno a Traffic Safety fue de 3 millones de dólares y a cambio la compañía se aseguraba recaudar, durante 10 años, 65% de cada una de las infracciones que ingresaran al sistema.

Además, la empresa concesionaria se aseguró de que el Estado “en ningún caso” disminuirá el valor de las infracciones, pero si las aumentase los porcentajes de beneficios se mantendrían iguales.

Sobre este punto, la demanda advierte de que el contrato también viola el artículo 13 de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que establece que “las entidades contratantes están obligadas a lograr el mayor beneficio para el Estado en todos los actos públicos”.

En enero de este año, la ATTT puso 8 mil 99 multas por exceso de velocidad en la ciudad de Panamá, a razón de 50 dólares cada una, lo que totaliza 405 mil dólares.

De acuerdo con las ganancias porcentuales fijadas a Traffic Safety, la empresa recaudaría sobre este supuesto 263 mil dólares en un mes y llegaría a 3 millones 150 mil dólares en un año, tiempo en el que recuperaría su inversión. Al Estado le tocaría $1.7 millón al año.

Yohany Guevara, vocera de la ATTT, informó que no harán comentarios hasta que sean notificados de la admisión de la demanda.

Además, se llamó tres veces al teléfono celular de Chanis para pedirle su versión, pero no respondió.

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