VENEZUELA

Solicitan veeduría permanente

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Sede de la Asamblea Nacional, órgano que ha quedado fuera del control del oficialismo, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre. Sede de la Asamblea Nacional, órgano que ha quedado fuera del control del oficialismo, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre.
Sede de la Asamblea Nacional, órgano que ha quedado fuera del control del oficialismo, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre. Fernando Llano/Archivo

El escalamiento del discurso en Venezuela tras las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre llevó a que 24 organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos soliciten a las Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y al Mercado Común del Sur (Mercosur) la “presencia permanente de una misión de observación internacional en Venezuela, que pueda facilitar los procesos de diálogo y concertación para la búsqueda de soluciones a los serios problemas sociales y económicos que afectan” al país.

El comunicado de las organizaciones, divulgado por la oenegé Foro Penal Venezolano, a través de su sitio web, expresa que el objetivo de la misión que solicitan es “contribuir a evitar, con su presencia, situaciones de violencia, conflictividad y violaciones sistemáticas de derechos humanos que pongan en riesgo la democracia y la convivencia entre venezolanos”.

Las organizaciones que firman el comunicado, entre las que se encuentra el Foro, Espacio Público, la Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, aseguraron que ya enviaron a los organismos internacionales sendas comunicaciones y entre los argumentos que fundamentan su solicitud está el cambio en el discurso del presidente Nicolás Maduro, quien, a pesar de haber dicho que reconocía los resultados, el 15 de diciembre, durante una alocución manifestó: “No permitiré que sectores de oposición consoliden su golpe electoral (…) porque ellos jugaron sucio y están jugando sucio a esta hora contra el pueblo”.

También aluden a la creación del llamado parlamento comunal nacional, del cual, dicen, se desconocen sus competencias, pero ha sesionado en la sede de la Asamblea; y aseguran diversas agrupaciones, están recibiendo denuncias sobre hostigamiento y despidos a funcionarios por represalia a los resultados de los comicios.

“El 8 de diciembre, en su programa ‘En contacto con Maduro’ expresó: “Tengo en duda construir viviendas, porque pedí tu apoyo y no me lo diste’, lo cual constituiría discriminación por razones políticas y el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales”, remarca el comunicado.

Los firmantes advierten de que las declaraciones de Maduro y altos personeros de su gobierno “debilitan la institucionalidad democrática y amenazan con escalar el conflicto hacia situaciones indeseadas por el pueblo”.

El comunicado fue emitido el miércoles 23 de diciembre, el mismo día que la Asamblea Nacional, en sesiones extraordinarias, designó y juramentó a 13 magistrados principales y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia, una acción que el bloque opositor, analistas y la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) han calificado de inconstitucional y extemporánea, entre otras cosas, porque el haberse elegido una nueva asamblea, de mayoría opositora, correspondía a ese nuevo cuerpo tomar decisiones que impactarán en el ejercicio de su función.

IDEA también denunció que tras las legislativas se han producido “alteraciones constitucionales” que implican “de conjunto un grave atentado a la democracia venezolana y a la Carta Democrática Interamericana”, en alusión a la denuncia de la Mesa de la Unidad Democrática de un “golpe judicial” del partido oficialista, al interponer un recurso de impugnación de 22 de los diputados electos, y la instalación del parlamento comunal por parte del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.

También reaccionó a lo que sucede en Venezuela un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos consultado por la agencia de noticias EFE, quien aseguró que el gobierno está“profundamente preocupado” por los recientes esfuerzos del gobierno “para establecer un Parlamento alternativo” y “alterar los procedimientos normales para nombrar a los magistrados” del Tribunal Supremo.

“Estos esfuerzos son de dudosa legalidad e interfieren en el ejercicio de las funciones de la Asamblea recién elegida”, apuntó.

En tanto, en declaraciones a NTN24, el ex inspector general de tribunales René Molina aseguró que ante el nombramiento de los magistrados se tiene que ejercer el recurso de reconsideración ante la propia Asamblea, ya que, advirtió, los nombrados no solo son militantes del partido, sino que claramente obedecen y siguen líneas del partido.

“No podemos pensar que va a haber un Poder Judicial imparcial cuando está conformado netamente por militantes políticos”, remarcó.

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