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DIÁLOGO MINERO EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Tabasará II y Chan II, en la mira de los ngäbe buglé

Los indígenas le exigen al Gobierno la cancelación de estos proyectos hidroeléctricos, los cuales están fuera de la comarca. El diálogo continuará hoy a las 10:00 a.m.

PRESIÓN. Indígenas cerraron los cuatro paños de la Interamericana a la altura de El Salado. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel PRESIÓN. Indígenas cerraron los cuatro paños de la Interamericana a la altura de El Salado. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel
PRESIÓN. Indígenas cerraron los cuatro paños de la Interamericana a la altura de El Salado. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Flor Bocharel

Paralizado quedó ayer el diálogo entre la dirigencia de la comarca Ngäbe Buglé y representantes del Gobierno, al no encontrarse ninguna salida satisfactoria para ambas partes en el proceso de discusión de una ley especial minera, luego que la dirigencia indígena propusiera cancelar dos concesiones hidroeléctricas adicionales a la de Barro Blanco.

Alberto Montezuma, fiscal de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, presentó la propuesta de tres puntos. El documento plantea la exigencia al Gobierno de que proceda a cancelar o dar por terminado el contrato de concesión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco e indemnizar a la empresa (Generadora del Istmo S.A. -Genisa)– conforme a la inversión real que haya hecho.

También pidieron que el Gobierno cancele la concesión del proyecto hidroeléctrico Tabasará II, en virtud de que ya se le venció el período de dos años desde que se le otorgó la concesión.

Además, en cuanto a los proyectos hidroeléctricos en el río Changuinola, sugirieron que el Gobierno no tramite ninguna concesión en ese río donde está previsto construirse el proyecto de Chan II, hasta que sean delimitadas las áreas anexas y las comunidades ngäbe que quedaron fuera de la comarca, y que “por irresponsabilidad de los gobiernos de turno” desde el año 1997 no se han delimitado.

Tras escuchar esta propuesta, el ministro Jorge Ricardo Fábrega, que lidera a los representantes del Gobierno, pidió un receso para hacer las consultas respectivas al resto de las autoridades gubernamentales. Esta propuesta, según Fábrega, va bastante más allá de lo que planteaba el artículo 5 de la ley especial o cualesquiera de los acuerdos que haya suscrito el Gobierno nacional.

Cuando la dirigencia indígena le pidió a Fábrega que dijera de qué tiempo sería el receso, el ministro respondió que con una propuesta de esa magnitud se podrían tomar horas, un día o hasta tres días o más, debido a que “este es un tema que no puede ser analizado a la ligera”.

Al decretarse el receso a las 11:40 a.m., Fábrega indicó que la propuesta iba a ser estudiada, no sin antes afirmar que esta tiene otras implicaciones económicas que se tienen que ver con mucha responsabilidad.

Los representantes del Gobierno se mantuvieron por más de una hora en el salón azul de la Asamblea, pero no pidieron retomar la discusión. Pero en la tarde, el mediador en el diálogo obispo José Luis Lacunza, tras recibir comunicación del Gobierno, les informó a los dirigentes indígenas que el diálogo se reanudaría hoy a las 10:00 a.m.

QUIEREN RESPUESTA

Tanto la cacica general Silvia Carrera y Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora, dijeron que ellos se mantienen en el diálogo y que esperan ahora la contrapropuesta del Gobierno escrita en blanco y negro.

Rogelio Montezuma indicó que es oportuno que hoy el Gobierno presente una respuesta definitiva, porque la población de la comarca en diferentes puntos de San Félix, Viguí, Tolé, San Lorenzo, Pueblo Nuevo y Volcán están a la expectativa.

El argumento de la dirigencia indígena para pedir la cancelación de la concesión de Barro Blanco se fundamenta en que el Gobierno cuenta en este momento con las causales para cancelar la concesión, ya que la empresa aumentó el área de embalse e incrementó la cantidad de megavatios de 19 a 29, lo que varía sustancialmente el proyecto y, por lo tanto, requería un nuevo estudio de impacto ambiental.

Consideraron también que el acuerdo firmado con la directiva del Congreso Regional Kodridi, viola la Constitución, la Ley 10 de 1997 y la Carta Orgánica de la comarca, en las cuales se deja claro que las tierras de la comarca no se pueden arrendar a particulares.

De igual forma plantearon que durante la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto en 2007-2008 se incumplieron varias normas básicas de participación ciudadana establecidas en el reglamento de evaluación, lo que ya ha sido efecto de una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y denunciado ante la Autoridad Nacional del Ambiente.

CONTINÚAN LOS CIERRES

Mientras las bases indígenas en el oriente de la provincia de Chiriquí, tanto en Horconcitos como en el cruce de San Félix, se mantuvieron en calma, los indígenas bajo la sombra de un árbol estaban a la espera del llamado de la cacica general Silvia Carrera y de la Coordinadora.

Sin embargo, en El Salado, una comunidad a 30 minutos del cruce de San Félix, la base (en su mayoría mujeres ngäbe buglé) cerró completamente la vía Interamericana por espacio de media hora, provocando un gran tranque vehicular, pero los transportistas de carga nacional, internacional y particulares esperaron pacientemente la reapertura de la vía.

También se cerró por varios minutos la carretera que comunica Boquete con la ciudad de David.

Más temprano, el Consejo de Coordinación Comarcal (integrado por 58 representantes de corregimiento y siete alcaldes) aprobó la resolución No. 20 en la que decide apoyar el diálogo y mantenerse vigilante a favor de un acuerdo satisfactorio, que devuelva la paz a toda la comunidad en general.

(Con información de Flor Bocharel Q., Wilfredo Jordán y Sandra Rivera).

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