Temen archivo de ley sobre justicia de paz

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En octubre del año pasado la comisión de Gobierno de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto, luego de consultas con sectores de la sociedad civil organizada. En octubre del año pasado la comisión de Gobierno de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto, luego de consultas con sectores de la sociedad civil organizada.
En octubre del año pasado la comisión de Gobierno de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto, luego de consultas con sectores de la sociedad civil organizada. Archivo

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Sectores de la sociedad civil, que impulsan la aprobación de un proyecto que crea la justicia comunitaria de paz, temen que sea engavetado por el pleno de la Asamblea Nacional que suspendió sus discusión en segundo debate. El procurador de la Administración, Rigoberto González, cuestionó que los diputados manejen este tema desde una óptica política y sin pensar en el clamor de la ciudadanía.

Apuestan por la conciliación

La propuesta legislativa para instaurar en Panamá la justicia comunitaria de paz, una vieja aspiración de sectores de la sociedad civil, y de algunas autoridades, se enfrenta a altibajos en el pleno de la Asamblea Nacional.

La discusión en segundo debate del proyecto 205, que instituye la mencionada figura, fue suspendida en el Legislativo a petición de varios diputados que adversan artículos de la iniciativa.

Se oponen al proceso de selección y nombramiento de los jueces de paz, figura que reemplazaría a los actuales corregidores y jueces nocturnos.

LA POLÉMICA

El artículo de la discordia y que fue repudiado por varios padres de la patria, entre ellos Carlos Tito Afú, del partido Cambio Democrático, es el que indica que el nombramiento del juez de paz se hará a través de un proceso público de convocatoria. Estará a cargo de una comisión técnica distrital, ente que a su vez estará conformado por instituciones gubernamentales y dos miembros de la sociedad civil organizada.

De este proceso debe surgir una terna con los nombres de los aspirantes.

Luego, según el proyecto, el alcalde del municipio correspondiente seleccionará a la persona que considere que tiene el perfil para ser juez de paz.

En las zonas urbanas, el aspirante debe ser abogado, y en las áreas rurales, debe haber culminado la educación media. En la actualidad, no se exige nivel académico para ser corregidor.

POR LA CUOTA DE PODER

Los diputados críticos de la propuesta proponen que los consejos municipales -integrados por los representantes de corregimiento del distrito, sobre el cual tienen algún control político- participen de este procedimiento de escogencia, estrategia que, de acuerdo a consultados, podría favorecerles dada la influencia política que tendrían en esta selección.

Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, asegura que los diputados “tienen un número de representantes de corregimiento que son de su partido y pueden pelear y negociar. Es un tema de negociar espacios de poder”, aseguró.

Añadió que, con la intención de que se apruebe el proyecto cuanto antes, tratarán de conciliar los artículos cuestionados para que el nombramiento de los jueces se dé tal como ocurre con el del ingeniero municipal: lo propone el alcalde y lo ratifica el Consejo Municipal.

MEDIADORES

El documento, que ha sido impulsado desde 2008 por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y que surgió a partir de la creación del Pacto de Estado por la Justicia, busca modernizar la justicia administrativa implementada por los corregidores y convertirla en justicia de paz.

A través de esta norma, por ejemplo, cada corregimiento tendrá su propia justicia comunitaria de paz.

De acuerdo al proyecto de ley, su funcionamiento estará basado en los métodos de solución de conflictos, la equidad, la práctica de círculos de paz y la participación ciudadana.

El proyecto, además, crea la figura de los conciliadores y mediadores comunitarios, quienes intervendrían entre las partes antes de la actuación del juez.

Pero, ¿qué es lo que busca esta propuesta legislativa? Según el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien presentó el proyecto a la Asamblea Nacional, la iniciativa reemplazaría el actual sistema de justicia administrativa de policía que, según manifestó, tiene “serios vicios de arbitrariedad, injusticias, abusos de parte de los funcionarios y violación a las garantías fundamentales”.

Asegura que está demostrado que el sistema ordinario de justicia impartido por los tribunales está saturado; por tanto, la respuesta a dicha problemática no está en la judicialización de los conflictos. “Esto permitiría desahogar la administración de justicia”, manifestó el ministro.

El ministro Henríquez, quien dijo respetar la facultad de los diputados de legislar, abogó porque se mantenga la propuesta original.

Para el procurador de la Administración, Rigoberto González, otro de los que ha abogado por este proyecto, lo que se busca es que el juez de paz no responda ni al representante de corregimiento ni al alcalde.

“Lamentablemente hay diputados que todavía están restringidos a que todo tiene que ser manejado desde la óptica política. Pero, la ciudadanía lo que quiere es contar con autoridades que tengan una independencia de la incidencia política”, precisó González.

Competencias

De acuerdo con la propuesta legislativa, los jueces de paz tendrán una serie de competencias: atenderán y decidirán sobre riñas, tomarán decisiones ante quejas por posibles actos que atenten contra la moral, ruidos molestos, agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de 30 días, y hasta apropiación mediante engaño de una suma no superior a los mil dólares, siempre que no esté tipificada como delito agravado por el Código Penal.

Para la convivencia pacífica en el corregimiento, podrá emitir órdenes de alejamiento, cauciones pecuniarias y boletas de protección.

De igual manera, tendrá la potestad de imponer sanciones hasta de mil dólares en proporción al daño causado, reparación del daño causado o indemnización y amonestación verbal, entre otros.

En cuanto a la aplicación de medidas provisionales, tendrá la potestad de ordenar medidas de aprehensión que no excedan las 48 horas. Luego de ese periodo, deberá remitir el caso a la autoridad competente.

El juez de paz, además, tendrá la facultad de intervenir en los casos de violencia doméstica. Por ejemplo, podrá ordenar al agresor el desalojo de la vivienda hasta por un máximo de un mes prorrogable si lo solicita la parte ofendida, o si persisten las razones que motivaron la decisión.

La propuesta elimina la facultad que tienen actualmente los corregidores de ordenar, acompañar y realizar allanamientos.

Si se aprueba el proyecto de ley, el juez de paz también tendrá la facultad de fijar pensión alimenticia provisional.

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