ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Transparencia, aún pendiente

El informe de la Contraloría sobre el contrato de $250 mil firmado por la Defensoría del Pueblo para cambiar su imagen, es restringido.
Gioconda Torres de Bianchini, contralora general, no revela declaraciones patrimoniales. LA PRENSA/Archivo. Gioconda Torres de Bianchini, contralora general, no revela declaraciones patrimoniales. LA PRENSA/Archivo.
Gioconda Torres de Bianchini, contralora general, no revela declaraciones patrimoniales. LA PRENSA/Archivo.

A menos de un mes de terminar su gestión, Gioconda Torres de Bianchini, contralora general, se mantiene fiel al gobierno que la nombró. La funcionaria le ha negado a este medio solicitudes sobre las declaraciones patrimoniales del exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia y del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino.

También rechazó, en su momento, una petición del informe que elaboró esta institución sobre la Defensoría del Pueblo y su consultoría por $250 mil con Imaginarium Studio.

La posición adoptada por la contralora contraviene lo que estipula la Ley 6 , conocida como Ley de Transparencia, que en su artículo 2 establece que “toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones”.

En los últimos años, la transparencia se ha convertido en una de las eternas promesas de campaña de los candidatos presidenciales. En el Gobierno, no obstante, la rendición de cuentas se mantiene siempre rezagada y a criterio del funcionario de turno.

BIENES CONFIDENCIALES

Con su salario de ministro, Guillermo Ferrufino podría haber acumulado $420 mil sin incluir impuestos y demás gastos. Durante ese tiempo, el funcionario adquirió mansiones, casas playeras y fincas. Aún no ha justificado esas compras.

A su vez, Rafael Guardia es investigado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Le encontraron cuentas por entre $13 millones y $15 millones. Con su salario de funcionario, habría podido ahorrar un máximo de $138 mil –sin descuentos ni gastos– al ser nombrado en agosto de 2012.

Torres de Bianchini se negó a proporcionar a este medio las declaraciones de bienes de estos funcionarios.

“La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 12 de mayo de 2009, señaló que la declaración jurada de estado patrimonial es la información confidencial, con base a lo expuesto en el numeral 5 del artículo 1 de la Ley de 22 de enero de 2002. Además, el artículo 13 de la citada Ley de Transparencia, dispone que la información que se define como confidencial no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, por agentes del Estado”, señala Torres de Bianchini en la carta que rechaza estas dos solicitudes.

En su artículo 14, la Ley de Transparencia califica de confidencial la información relativa a la seguridad nacional, los secretos comerciales, asuntos relacionados con procesos adelantados por el Ministerio Público, investigaciones realizadas por varias instituciones –entre ellas la Contraloría–, información sobre yacimientos minerales y petrolíferos, memorias y notas de negociaciones diplomáticas, documentos de naciones amigas, actas de discusiones del Gabinete y transcripción de reuniones fiscalizadoras de la Asamblea Nacional.

Se intentó obtener la reacción de Angélica Maytín, administradora designada de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pero aseguró que respondería una vez fuese ratificada. Al cierre de la edición, no hubo respuesta.

INFORME SECRETO

El informe que hizo la Contraloría sobre el contrato de $250 mil que se ganó la empresa Imaginarium Studio para el cambio de imagen de la Defensoría del Pueblo es de acceso restringido. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 12 de noviembre pasado, que negó un hábeas data presentado por La Prensa.

El magistrado ponente Harry Díaz explicó que el informe hecho por la Contraloría fue enviado a la Procuraduría de la Nación, y por ser parte de un proceso de investigación es información restringida, de acuerdo a la Ley 6 de 2002.

Mediante nota del 25 de julio de 2013, este medio pidió a la Contraloría copia del contrato de Imaginarium Studio, pero transcurridos los 30 días hábiles se le negó la información. Luego se interpuso el hábeas data que ahora es rechazado.

Eduardo Quirós, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, señaló que “el contrato debió ser público desde que se firmó y fue refrendado por la Contraloría”. Para Quirós, el hecho de que posteriormente se inicie una investigación no debe impedir que la información sea entregada a un medio de comunicación o a cualquier ciudadano. “El fallo va en contra de la transparencia y la gestión pública”, dijo.

Por su parte, José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que “esa ley debe ser modificada, la restricción debe aplicarse solo a temas de seguridad nacional, lo demás debe estar abierto a la opinión pública”.

Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestó que “habría que revisar la Ley de Transparencia para que estos informes de auditoría que forman parte de investigaciones por casos de corrupción puedan ser de acceso público mientras se llevan a cabo las investigaciones, sin posibilidad de que pueda interpretarse que se trata de asuntos relacionados con procesos del Ministerio Público”.

SIN REGISTROS

Al cerro Ancón, sede de la Corte, tampoco llegan los rayos de luz de la transparencia. Por ejemplo, la identidad de las personas que ingresen y salgan del Órgano Judicial –que se registra en documentos escritos y digitales– dejó de ser considerada como información pública.

Esta resolución surge de una propuesta que hizo el 7 de julio de este año el presidente de la Corte, José Ayú Prado, quien busca catalogar esta información como restringida, de acuerdo a la Ley de Transparencia.

Sin embargo, ninguno de los nueve magistrados sustenta la decisión propuesta por Ayú Prado y que también firmaron el presidente de la Sala Primera, Harley Mitchell, y el presidente de la Sala Tercera, Luis Ramón Fábrega.

Tanto Mitchell como Fábrega accedieron al acuerdo con “voto razonado”, es decir, que avalan la decisión de restringir este tipo de información, pero no por las causas por las que se pidió la medida.

Ayú Prado argumentó en el documento que la identidad de las personas que acudan al Órgano Judicial debe ser protegida; asimismo, el acuerdo firmado por los magistrados advierte que “la divulgación de esta información puede colocar en peligro la seguridad de los expedientes judiciales, las evidencias (...) y la integridad física de magistrados(as), jueces(as) y funcionarios (...)”.

(Con información de Luis Burón, Rubén Polanco y Luis Bellini).

Viajes del presidente son públicos

La Corte Suprema de Justicia acogió la acción de hábeas data interpuesta por este diario para conocer el itinerario y los detalles del viaje que hizo el expresidente Ricardo Martinelli a Roma en octubre de 2013.

Esta información fue negada en su momento por la Cancillería, con Fernando Núñez Fábrega como titular, al considerar que los viajes del mandatario son de carácter restringido. “Es casi imposible establecer un equilibrio entre esferas de intereses individuales y públicos, en relación a una información tan sensitiva para la seguridad institucional e individual del representante máximo de la Nación”, dijo entonces la Cancillería.

La entidad sugirió además que la información estaba en la página web de Presidencia, pero en el enlace proporcionado por la Cancillería apenas si aparecían las fotos institucionales de Martinelli en sus visitas oficiales.

En su fallo, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los viajes presidenciales están comprendidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, que dice: “será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas”.

Este diario espera que las nuevas autoridades de la Cancillería faciliten la información solicitada, en cumplimiento del fallo de la Corte.

LUIS BURÓN-BARAHONA

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